“Sí, he difundido, el diagnóstico sobre las extralimitaciones del Poder Judicial (…) sin embargo, ha sido en comunidades de nuestro país, no en Harvard ni en Washington”.- Batres.
CIUDAD DE MÉXICO (Sentido Común).- La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, presentó su primer informe anual de labores, destacando avances en justicia social, austeridad y transparencia. Durante el evento, denunció ataques mediáticos del medio Latinus, señalando intentos de desprestigiar su política de reducción de ingresos para equipararlos al sueldo de la presidenta de la República.
Batres enfatizó que ha publicado todos los recibos y montos de las devoluciones que realiza quincenalmente a la Tesorería de la Federación, además del ajuste del 12% en su salario aprobado en la reforma judicial.
Sin embargo, denunció que su política de austeridad ha sido blanco de “insidia y acoso difamador”, especialmente por reportajes de Latinus, los cuales califican su austeridad como una simulación.
En respuesta, la ministra desmintió que haya solicitado la clasificación de los vehículos oficiales asignados o los viajes realizados y, afirmó que solicitó a la presidenta de la SCJN, Norma Piña, que informe públicamente sobre los datos señalados en dichos reportajes para aclarar las acusaciones.
Batres aseguró que ha asistido a todas las asambleas informativas relacionadas con la reforma judicial sin requerir viáticos, reembolsos por comidas ni gastos de hospedaje. Comparó sus gastos con los de otros ministros, afirmando que no ha gastado lo mismo de lo que han destinado sus colegas en actividades similares.
Reconoció que ha difundido “el diagnóstico de las extralimitaciones del Poder Judicial” en comunidades urbanas y rurales del país, pero subrayó que no lo ha hecho en universidades como Harvard ni en ciudades extranjeras como Washington D.C., en contraste con otros miembros de la Corte. Batres criticó que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y la jueza Juana Fuentes Velázquez hayan acudido a foros internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para impugnar la reforma judicial.
“Sí, he difundido, donde he podido, el diagnóstico sobre las extralimitaciones del Poder Judicial de la Federación (PJF), particularmente de la Suprema Corte, así como el contenido de la reforma deseable para este poder. Sin embargo, he transmitido esa información en comunidades urbanas y rurales de nuestro país, no en Harvard ni en Washington”, declaró la ministra.
