La actual oposición, representada por el Frente Amplio por México y encabezada recientemente por la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, insinúa la falsa iniciativa de crear un Sistema Nacional de Cuidados como propia. Sin embargo, desde hace cinco años el bloque impulsor de la implementación de políticas robustas de cuidado, de reformas constitucionales en favor del reconocimiento de los cuidados como un derecho humano y de iniciativas de ley, ha sido el del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Desde abril de 2019, el grupo parlamentario de Morena (representado por las parlamentarias María Wendy Briceño Zuloaga, Sandra Paola González Castañeda y Lucio Ernesto Palacios Cordero) presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto de decreto para reformar el artículo cuarto de la constitución mexicana, con el propósito de reconocer los cuidados como un derecho humano desde el enfoque de la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, pero también entre las familias, la comunidad, el sector privado y el Estado.
Más tarde, en noviembre de 2020, el pleno del mismo recinto legislativo aprobó el reconocimiento a nivel constitucional del derecho al cuidado y a cuidar, mediante un dictamen que pretende la reforma de los artículos cuatro y 73 de la carta magna. El derecho al cuidado digno fue definido como el que tiene toda persona al sustento de la vida, de forma tal que se le otorguen los elementos materiales, inmateriales y simbólicos para vivir con dignidad en sociedad a lo largo de toda su existencia.
Este dictamen facultó al Congreso de la Unión para expedir la ley general de manera concurrente para los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias en materia del Sistema Nacional de Cuidados.
Un año después, fue presentada ante el senado la iniciativa para crear la Ley del Sistema Nacional de Cuidados, impulsada por legisladoras de distintas bancadas, aunque nuevamente encabezadas por el grupo parlamentario de Morena. En ella se expone de manera fehaciente que uno de los motivos principales por los que se requiere la aprobación de la ley y del Sistema Nacional de Cuidados es que “la organización social de género en México y su consecuente organización económica descansa de manera principal en la división sexual del trabajo que establece que las mujeres están adscritas al ámbito privado realizando trabajos domésticos y de cuidados no remunerados. Mientras que los hombres son adscritos por género al ámbito público, espacio de la participación social, política y cultural y del trabajo remunerado. Esa concepción de género dominante implica, por un lado, la obligatoriedad y exclusividad de los trabajos domésticos y de cuidados a las mujeres, independientemente de si realizan o no trabajo productivo remunerado”.
La división sexual del trabajo basada en las diferencias de género, y establecida en el marco de un sistema clasista, machista y neoliberal, produce, en consecuencia, hondas brechas de género en todas las dimensiones de la vida.
En palabras de Nadine Gasman, la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, lograr un Sistema Nacional de Cuidados será “una revolución, que va a impactar la vida de todo el mundo, lo que estamos planteando es una corresponsabilidad que va desde dentro de las familias, la posibilidad de infraestructuras y servicios públicos, pero también el posicionamiento del sector privado y reconocimiento de categorías de cuidadoras y cuidadores como trabajadores remunerados”.
Brechas de desigualdad en los cuidados y su valor económico
En ese entonces, y todavía inmerso el país en la crisis pandémica, más de 21 millones de mujeres en México no podían buscar empleo porque ya estaban ocupadas en casa cuidando de alguien y sin recibir ningún ingreso por ello, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). A nivel nacional, las mexicanas aportan el 75 por ciento del trabajo del hogar y de cuidados no remunerado.
El valor económico que el Inegi calcula para esas tareas equivale a 6.8 billones de pesos, de los cuales mujeres y niñas generan el 74 por ciento. Este monto equivale a 26.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Durante 2021, las mujeres aportaron 2.6 veces más valor económico que los hombres por el trabajo doméstico y de cuidados realizado en el hogar. Y contribuyeron en sus hogares con el equivalente a 71 mil 524 pesos por su trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados. En ese año, además, aumentó el tiempo destinado a estas tareas, y en el rubro de traslados y acompañamiento.
En contraste, sólo el 42 por ciento de las mujeres tiene un trabajo remunerado, frente a 72 por ciento de los hombres, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
A pesar del paso de los años y de que la iniciativa se mantiene congelada en el senado, las brechas persisten y las desigualdades de género seguirán siendo estructurales hasta que no se reforme de manera radical la organización de los cuidados.
Las horas dedicadas al cuidado pueden se consideran una de las causas de la baja participación de las mujeres en el mercado laboral, de la deserción escolar, así como el motivo de una mayor participación en trabajos de media jornada, menores ingresos o de una inserción en el mercado informal sin prestaciones sociales.
En México, según la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo (ENUT), existe una considerable brecha en el número de horas de trabajo por sexo, que en promedio es de 59.5 para las mujeres y de 53.3 para los hombres. O sea que las mujeres trabajan 6.2 horas más a la semana que los hombres.
En cuanto a la distribución porcentual del tiempo total de trabajo a la semana de la población de 12 años y más, por género y tipo de trabajo, los hombres destinan un 68.9 por ciento al mercado laboral y un 28 por ciento al trabajo no remunerado en los hogares; mientras que las mujeres destinan un 30.9 por ciento al mercado laboral y un 66.6 por ciento a la segunda labor.
La población hablante de lengua indígena trabaja 3.1 horas más que la no hablante, lo que puede estar relacionado con sus situaciones de vida que hacen más ardua la realización tanto de trabajo doméstico como remunerado.
Según datos de la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS), seis de cada diez niñas y niños tienen una madre que trabaja de manera no remunerada y se encarga de su cuidado.
El 24.5 por ciento de las y los niños de cero a seis años cuya madre trabaja de manera remunerada son cuidados por ellas en su lugar de trabajo. Mientras que el 49.6 por ciento reciben cuidados por las redes de apoyo de las propias madres (abuela, padre, otros familiares o no familiares). Por su parte, al 9.6 por ciento lo llevan a una institución de cuidado, como una estancia infantil pública o privada, y el 15.1 por ciento va a la escuela. Lo anterior indica que únicamente el 24.7 por ciento del total de menores de hasta seis años cuyas madres trabajan son cuidados en una institución pública o privada. Y esto, a todas luces, subraya la crisis institucional de los cuidados.
Ventajas de una ley sobre el Sistema Nacional de Cuidados (SNC)
Tomando en consideración que el trabajo de cuidados es vital para la reproducción de la vida de las familias y la sociedad toda, y que recae de una manera desproporcionada sobre las mujeres, la creación de un Sistema Nacional de Cuidados facilita, según la organización internacional Oxfam, acciones para que:
1) sea reconocido como un trabajo que implica tiempo, energía y recursos
2) deba redistribuirse entre las distintas personas que integran las familias
3) se emprenda un cambio radical en los estereotipos de género que reproducen la idea de que es un trabajo sólo de mujeres
4) se promuevan políticas que impulsen la autonomía, considerando los diferentes modelos de vida y realidades socioculturales diversas
Al SNC lo integrarán principios rectores en su funcionamiento, como el carácter público, universal, de calidad, siendo totalmente incluyente. No sólo contribuirá a la integración de millones de mujeres al empleo en el mercado laboral, sino también al derecho al descanso y al ocio, aspecto pocas veces reivindicado por las políticas y sus hacedores.
El sistema estará integrado por las secretarías de Hacienda, Trabajo, Educación, Cultura y Salud, el Instituto Mexicano de la Seguridad Social (IMSS), el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) y las secretarías de Bienestar o sus homólogas en las entidades federativas, aunque impulsado y encabezado por Inmujeres.
Para su financiamiento se establece el principio de solidaridad, que implica contemplar la carga de cuidados y la capacidad de pago de las personas y las familias. Además, el SNC costará aproximadamente, para el cuidado de la infancia, el 0.5% del PIB, y para el cuidado de personas mayores 0.09 por ciento. No obstante, “los retornos fiscales y de creación de empleos la convierte en una inversión inteligente”, según Gasman.
Además de propiciar la integración en la participación económica, el SNC tendrá efectos sobre la prevención de la violencia de género, coparticipará el sector privado, que es imprescindible para integrar la totalidad del esquema social mexicano, y reconocerá, redistribuirá y retribuirá los cuidados.
Sin duda alguna, hace falta la alianza de todos los partidos y coaliciones para que la aprobación de la ley no espere más en el cajón del olvido senatorial. Y ello no sucederá sin la honestidad política y la transparencia social.
