La última transición a la democracia en Argentina, en 1983, se posicionó como un momento refundacional del orden político. Como señalé en mi columna anterior, el Nunca Más y las políticas de memoria, verdad y justicia fueron elementos clave para sostener ese nuevo orden. El Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas documentó tempranamente el horror al que habían sido capaces de llegar las fuerzas de seguridad argentinas para combatir al supuesto “enemigo interno”.
Desde entonces, la justicia federal también contribuyó a clarificar cómo fueron las múltiples violaciones a los derechos humanos que cometieron actores militares, civiles y eclesiásticos en contra de la oposición política. En los juicios, testigos, sobrevivientes y los mismos acusados, pudieron develar lo ocurrido en esos años de muerte y terror.1 Además de las desapariciones forzadas, los secuestros y las torturas, recientemente la justicia comenzó a juzgar la complicidad de los civiles en esos hechos, los delitos económicos por parte de la dictadura, los vuelos de la muerte y los casos de violencia sexual contra las mujeres.
Los juicios evidenciaron la perversión y planificación del horror. Por ejemplo, en 2012, el juicio por apropiación de menores demostró la existencia de una práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de los bebés nacidos en cautiverio. Es decir, hablamos de niños que nacieron en situaciones de tortura y que fueron entregados a militares o a familias apropiadoras.
40 años de transición y más de 1200 personas condenadas por delitos de lesa humanidad no fueron suficientes para construir un consenso moral en torno al Nunca Más. Hoy, el gobierno electo vuelve a discutir la naturaleza de la violencia política desatada en Argentina en los años ´70 y a pronunciar las palabras “guerra”, “excesos”, “memoria completa” y “terrorismo” para desacreditar el trabajo de verdad, memoria y justicia que la sociedad realizó durante estas cuatro décadas. En lugar de respetar que los perpetradores cumplan su condena en la cárcel, amenazan con utilizar las herramientas del Estado para liberarlos. En lugar de celebrar el reconocimiento que tuvo el Ex Centro Clandestino de Detención de la ESMA como sitio de memoria y patrimonio mundial de la humanidad, proponen revisar su utilidad social para “disfrutar de sus hectáreas”.
El abierto cuestionamiento del Nunca Más socava los cimientos de esta joven democracia y de su futuro. Por un lado, reinstala un discurso de odio muy caro para la convivencia social, alimentando imaginarios y representaciones sobre un “otro” que no pertenece a la comunidad y que, por ello, debe ser expulsado, censurado, suprimido, silenciado. Por otro lado, legitima el uso arbitrario e impune del poder del Estado hacia cualquier persona que pueda ser incluida en esa otredad: mujeres, migrantes, disidentes políticos, personas del movimiento LGBTIQ y de otros movimientos sociales y populares.
Hablar del Nunca Más es hablar del presente y de los marcos políticos y sociales sobre los que se construye un país. No puede ser una utopía vivir en una sociedad con memoria y donde se respete la dignidad humana. El desafío es enorme.
1 Invito a los lectores a conocer algunos datos sobre los juicios de lesa humanidad en Argentina en el siguiente enlace: http://www.juiciosdelesahumanidad.ar
