A coro, los legisladores del PAN-PRI y MC conceden reforma en juzgados locales y fiscalías, pero no en la elección popular de Integrantes de Poder Judicial
CIUDAD DE MÉXICO (Sentido Común).- Los partidos de oposición a la Reforma al Poder Judicial unificaron propuestas para transformar sólo los juzgados locales y las fiscalías del país, pero nada en lo tocante a la elección popular para integrantes de dicho poder, durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso.
Del PAN, el diputado Enrique Godínez dijo estar a favor de una reforma judicial profunda e integral, para modernizar a los poderes judiciales locales y rediseñar a las fiscalías estatales.
No obstante, se opuso a someter a votación los cargos de ministros y magistrados, ya que esto “podría politizar estos roles” y su contrapropuesta es dejarlo nuevamente en manos del propio Poder Judicial y el Legislativo, además de “académicos, sociedad civil y barras de abogados para la selección de magistrados, jueces y ministros, y para hacer evaluaciones basadas en méritos profesionales y no a méritos políticos”.
En el mismo tenor, su correligionario, diputado Ignacio Loyola, expuso que con la reforma pareciera que busca tener un Poder Judicial ‘a modo’, y las modificaciones deberían iniciar en las fiscalías y poderes judiciales de los estados:
“Nunca aceptar que un juez, magistrado o ministro sea sujeto a una elección popular, porque solo se tiene el mandato de hacer cumplir y respetar la ley”, rechazó.
No obstante, el diputado Gerardo Fernández Noroña del PT, afirmó que la reforma al Poder Judicial se hará porque en México manda el pueblo y va a elegir a las personas juzgadoras. Las mejores mujeres y hombres, afirmó, irán a los juzgados del país y los que no hagan bien su tarea no serán reelegidos:
“No necesariamente la formación académica hace mejores personas, lo que las hace mejor es la conciencia, congruencia, compromiso y entrega”, cuestionó.
Comentó que ese Poder Judicial se va y muchos de sus integrantes podrán ser elegidos por el pueblo, pero, así como está el Poder no seguirá más: “Esto es una revolución y un cambio profundo, pero quieren que sigamos haciendo y tomando decisiones contrarias a la justicia, dándole amparos a delincuentes o que sigan liberando a criminales”.
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Por Morena, Marisol García, señaló que la reforma al Poder Judicial propone medidas concretas y efectivas para erradicar la corrupción al implementar controles más estrictos y aumentar la supervisión de juezas, jueces, magistradas y magistrados mediante la extinción del Consejo de Judicatura Federal y la creación de un órgano administrativo especializado, y pone énfasis en la protección de los derechos humanos.
Manifestó que estas adecuaciones son una oportunidad para transformar el Sistema Judicial para que sea verdaderamente justo, transparente y accesible para la ciudadanía y se combata la ineficiencia, la falta de acceso a la justicia y casi nula protección de derechos humanos, “factores que han lastimado la confianza de la ciudadanía en las instituciones y han perpetuado la injusticia y la desigualdad”.
En contraposición, el diputado del PAN, Juan Carlos Maturino, consideró que los diálogos nacionales donde se está discutiendo esta importante iniciativa pueden terminar en ‘farsa’, porque los que ostentan la mayoría no tienen la “mínima intención de escuchar por más que se argumente desde la oposición una perspectiva para mejorar ese Poder”:
“Les decimos que el pueblo opine y podamos construir entre todos y estos foros no sean una farsa ni una falacia”.
Por su parte, el diputado Hamlet García Almaguer (Morena) señaló que los foros sobre la discusión de la reforma judicial, organizados por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, están resultando fructíferos y profundizando en el debate nacional, aunque existan regresiones discursivas por parte de algunas y algunos de los actores.
Comentó que la independencia judicial no tiene que ver con el trabajo previo o la labor que desarrollaron las y los ministros. Mencionó que, en el primer foro, se ofreció como punto de partida una reforma gradual para la renovación de los espacios en el Poder Judicial Federal, lo cual fue secundado por gran parte de las y los ministros y por las y los consejeros del Consejo de la Judicatura Federal.
