“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando: se trate de información relacionada con actos de corrupción”, Artículo 112 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
CIUDAD DE MÉXICO (Sentido Común).- El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a las amenazas del INAI, espoleado por intelectuales de oposición a favor de Amparo Casar, sobre la pensión ilegalmente cobrada por el supuesto deceso accidental de su esposo en instalaciones de Pemex.
“Dicen que me van a sancionar. Acepto el desafío porque tengo muchas cosas que decirles y probarles. Vean nada más esto del INAI. Ahora resulta que dar a conocer un presunto caso de corrupción es delito, pero, ¿quién lo sostiene, Claudio X. González?”.
Ante la reacción de un grupo de 116 intelectuales, periodistas y exfuncionarios que se coluden con María Amparo Casar, en contra de la denuncia de Pemex en la Mañanera del viernes 3 de mayo, Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, amplió el caso de la pensión de María Amparo Casar por la muerte de su esposo Carlos Márquez Padilla.
Entre los firmantes se encuentran Rafael Pérez Gay, Lorenzo Córdova, Manelich Castilla, Jacqueline Peschard, Guillermo Valdés y José Woldenberg.
“La exposición mediática en la mañanera, seguida de la difusión ilegal de datos personales de ella y su familia desde cuentas y sitios del gobierno, sumada al ataque coordinado por los funcionarios y operadores de esta administración, son una de las acciones más viles que hemos visto en contra de la libertad de expresión, el periodismo, la sociedad civil y, más importante aún, la seguridad de una mujer con una carrera profesional y personal sin igual”, se lee en el desplegado.
Octavio Romero contratacó asegurando que la directora de ‘Mexicanos Contra la Corrupción’ Petróleos Mexicanos solicitó el pago de pensión de 125 mil pesos mensuales tras el supuesto fallecimiento de su esposo, el cual que resultó en un suicidio y se recurrió al tráfico de influencias para cambiar su acta de defunción y buscarían recuperar los más de 30 millones que se habían pagado.
El funcionario explicó que las autoridades de ese entonces le dieron tratamiento de ‘accidente’, omitiendo esperar el dictamen pericial del ministerio público, que finalmente resolvió que fue un suicidio.
Sobre la supuesta violación de los derechos de la familia Casar leyó una “resolución” del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) sobre las carpetas de investigación a cargo de la Fiscalía Especializada en materia de combate a la Corrupción:
“No puede reservarse información relacionada con actos de corrupción, porque de acuerdo con información periodística o declaraciones de autoridades distintas a la ministerial, los asuntos se relacionan con actos de corrupción”.
“De manera que la propia ley del INAI señala, el propio resolutivo del INAI, del pleno, señala que no puede ser clasificada como reservada. Espero que esta información adicional que estamos dando deje claro qué fue lo que pasó.
“¿Por qué consideramos esto como un acto de corrupción? Porque siendo suicidio se le dio trato de accidente y ese es el resolutivo que señala el cierre de la averiguación de la Fiscalía”, concluyó.
