La comisiones unidas del Congreso de la Ciudad de México avanzó en la aprobación del dictamen de reforma del Código Penal, en materia de despenalización del aborto.
CIUDAD DE MÉXICO (Sentido Común).- El pasado 4 de noviembre, la sesión de comisiones unidas de Administración, Procuración de Justicia y de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México avanzó en la aprobación del dictamen de reforma del Código Penal del Distrito Federal en materia de despenalización del aborto.
Durante la sesión, se informó que el dictamen busca modificar el tercer párrafo del artículo 76, reformar la fracción VII y adicionar una fracción VIII al artículo 130, así como derogar el capítulo V, Título Primero, Libro Segundo del Código Penal para el Distrito Federal.
El presidente de la Comisión de Procuración de Justicia, Alberto Martínez Urincho (Morena), propuso analizar el tema de manera integral y no restrictiva, apoyando la idea de que el aborto forma parte del ejercicio de la libertad y autonomía de las personas gestantes. Señaló que, en el ámbito internacional, “se ha reconocido que la decisión de tener descendencia biológica constituye un ámbito de la vida privada”.
Sin embargo, se destacaron tres intervenciones del Grupo Parlamentario del PAN, quienes expresaron la importancia de escuchar a las organizaciones pro-vida, que están en contra de la legalización del aborto. También propusieron establecer un límite de semanas para realizar el aborto y evitar que las personas gestantes tengan el “permiso de matar con impunidad”.
Argumentaron que es necesario atender la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual, según ellos, establece que “nadie puede ser privado de su vida arbitrariamente” y reconoce el derecho de los niños no nacidos en su calidad de personas. Además, abogaron por reforzar la educación sexual, combatir la violencia obstétrica y abordar temas como los feminicidios y la violencia de género.
Por su parte, la diputada Elizabeth Mateos Hernández (MORENA) expresó que la despenalización del aborto debe tratarse como un asunto de salud pública y considerarse un tema de justicia social y libre decisión.
La diputada Patricia Urriza Arellano (MC) recordó que el aborto ya está legalizado tras décadas de activismo feminista y subrayó que la penalización afecta particularmente a las mujeres más vulnerables, quienes no cuentan con recursos ni acceso a asesoría o defensa jurídica, por lo que representa una medida punitiva que criminaliza la pobreza.
