Cárteles inmobiliarios como el del PAN en BJ, serán castigados hasta con 20 años de prisión

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La tipificación del delito “corrupción inmobiliaria” y la adición en el Código Penal de penas mayores buscan combatir las irregularidades de bienes raíces en Ciudad de México

Fuente: FGJ CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (Sentido Común).- El jefe de Gobierno Martí Batres, celebró el nuevo decreto en CDMX para aumentar las penas por cometer ‘corrupción inmobiliaria’ de 10 a 20 años y acabar con los cárteles inmobiliarios como el de algunos panistas en la alcaldía Benito Juárez.

Batres Guadarrama, explicó que el objetivo de estas reformas es ponerle freno a la corrupción en bienes raíces, respondiendo a las exigencias de vecinos de distintas colonias, para lo cual desde el pasado 9 de enero de este año, envió al Congreso local una iniciativa para establecer un nuevo delito en el Código Penal, “corrupción inmobiliaria”:

“Corrupción inmobiliaria, Artículo 276 Quater: Comete el delito de corrupción inmobiliaria el servidor público que, por acción u omisión, permita o tolere la construcción de inmuebles o la edificación de pisos adicionales a los autorizados sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley.

En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se publicó el decreto por el que se modifica el Código Penal para el Distrito Federa y adiciona Capítulo 15 y el Artículo 276 Quater:

“Por las conductas descritas en este artículo, se impondrá una pena de 10 a 20 años de prisión, con independencia de las otras sanciones que procedan por la comisión de otro tipo de delitos.

“La pena establecida en el párrafo anterior, se incrementará en una mitad cuando las conductas previstas en este artículo produzcan beneficios económicos, ya sea en efectivo o en especie, al propio servidor público, su cónyuge, descendientes, ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, concubina o concubinario, pareja permanente, adoptante o adoptado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa o a socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte”.

Fuente: ‘Código Penal para el Distrito Federal’.

Asimismo, explicó el más reciente caso de este ilícito en la capital mexicana, fue en la administración panista en Benito Juárez, donde la Fiscalía General de Justicia comprobó la existencia de una red de corrupción en el sector bienes raíces, donde la alcaldía toleró la construcción de pisos excedentes, derivando en ganancias adicionales a desarrolladores inmobiliarios.

Estos desarrolladores pudieron devolver los favores a funcionarios corruptos mediante la sesión de departamentos o la venta de los mismos a precios de remate, a través de transacciones a prestanombres y familiares de servidoras y servidores públicos de esa demarcación.

“Aquí me gustaría recordar que, hasta el momento, hemos obtenido más de una docena de órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos y particulares. Hemos llegado también a la conclusión de dos juicios abreviados, también con la correspondiente aceptación de culpabilidad de las personas procesadas y la reparación del daño, también en otras dos. Además de que continuamos con la integración de otras carpetas de investigación de las cuales en su momento daremos mayores detalles”.

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