En el octavo foro de discusión sobre la Reforma Judicial, se presentaron trabajadores de dicho poder, a quienes se les explicó que la iniciativa no tocará sus empleos, sino fortalecerá sus derechos
CIUDAD DE MÉXICO (Sentido Común).- Durante su participación en el parlamento abierto sobre la Reforma Judicial, diputados del partido Morena detallaron a trabajadores de dicho poder, que esta iniciativa reforzará sus derechos laborales y combatirá la inequidad en el reparto de puestos.
Los legisladores del Grupo Parlamentario de Morena aseguraron que con la propuesta de reforma al Poder Judicial saldrá fortalecida su autonomía y los derechos de las y los trabajadores del PJF, además de que en los ejercicios de Parlamento Abierto se han integrado otros temas que también tienen que ver en la revisión del sistema de justicia en México.
En el marco de los Diálogos Nacionales para la Reforma al Poder Judicial. Foro 8, Defensoría de oficio y colegiación del ejercicio de la abogacía, realizado este martes en Saltillo, Coahuila, el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, manifestó que la colegiación de la abogacía es una asignatura que tiene muchos retos a fin de caminar hacia una defensoría eficaz.
En ese sentido, en un comunicado recordó que este tema no está incluido en la iniciativa de reforma que se discute en el Congreso de la Unión. Sin embargo, dejó en claro la necesidad de reflexionar respecto a cómo están funcionando los defensores del Estado mexicano y si están bien pagados o si los defensores de oficio tienen el margen de libertad, de capacidad, de profesionalidad, entre otros.
A su vez, el diputado Leonel Godoy Rangel, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena, señaló como un argumento falso que la elección de jueces y magistrados viole y ponga en riesgo la autonomía del Poder Judicial, así como que Morena está en contra de que ninguna coma se le quite a la iniciativa, “esto no es así”.
También desmintió que es falso que sólo se le hayan dado cuatro horas al Poder Judicial para exponer, pues en el primer foro hablaron los 11 ministros, en otro en Xalapa, Veracruz, de 11 ponentes 9 estuvieron en contra de esta reforma;
“Ha habido apertura, se debe de discutir, se debe debatir esta reforma; eso es lo que necesitamos, escucharnos -para ver-, qué le conviene al pueblo de México”, sostuvo.
En su oportunidad, el diputado Hamlet García Almaguer (Morena) citó que quienes sufren una inadecuada representación con mayor énfasis son las personas en situación de pobreza y refirió que esto ocurre en todos los ámbitos.
Retomó el planteamiento de que también existe vulnerabilidad cuando las y los abogados que no están especializados en una materia pretenden representar en tribunales a alguna de las partes.
En su intervención, el diputado Francisco Javier Borrego Adame (Morena) remarcó la importancia de valorar y fortalecer los derechos de las personas en materia de impartición de justicia. Por lo que agregó estar a favor de continuar con un mayor acercamiento con las y los magistrados y con las y los trabajadores para argumentar de mejor forma la propuesta porque, “el pueblo aclama justicia”.
En tanto que Sergio Arturo Valls Esponda, magistrado del Poder Judicial del Estado de México, destacó la importancia de la mediación en la justicia. En su turno planteó una fórmula de las tres “R”: el Reconocimiento de lo que se ha hecho mal y de lo que ha faltado hacer, que considera y una introspección difícil para las personas, pero más para los abogados y legisladores.
“No hemos tenido la sensibilidad para atender en forma eficiente las necesidades de justicia de personas, familias y empresas mexicanas”, expresó.
El magistrado subrayó que cuando hay Reconocimiento y Responsabilidad, entonces y sólo entonces habrá Restauración, situando a esta cadena como el verdadero proceso de la justicia y fórmula de solución de controversias.
Por su parte, el analista jurídico Rogelio Rodríguez Garduño propuso que en las distintas áreas como la civil, familiar, penal y administrativa, se abran especializaciones jurídicas y sean certificadas como sucede con la carrera de Medicina, de lo cual debe hacerse cargo el Estado mexicano y llevar un control.
“El Estado mexicano tiene que hacerse cargo de ver que una o un abogado penalista sea penalista”, planteó. Por último, añadió que para que se acabe con las especialidades “patito”, que sea el Estado quien certifique y las otorgue.
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