En comisiones de la Cámara Baja se aprobó la reforma que protege los cambios a la Carta Magna y confirma que el juicio de amparo no procede vs reformas constitucionales
CIUDAD DE MÉXICO (Sentido Común).- La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados avaló la minuta de reforma sobre la inimpugnabilidad de las reformas constitucionales, para proteger el proceso legislativo de su aprobación ante amparos y resoluciones ilegales.
Este proyecto que modificaría los artículos 105 y 107 de la Constitución, se avaló con 30 votos a favor y 11 en contra, y establece que son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a la Constitución.
Además, se señala que las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de personas quejosas que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlas y protegerlas, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda.
Asimismo, puntualiza que, tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales, por lo que no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución.
Previo a la discusión del decreto, las y los diputado debatieron en torno a los plazos para el análisis y dictaminación de dicho proyecto. Legisladores de oposición consideraron que existe una urgencia por avalar la minuta, mientras que los legisladores del grupo mayoritario argumentaron que se cumplen con los plazos legales.
En la intervención de las y los integrantes de la Comisión, el diputado Julio César Moreno Rivera (Morena) comentó que la reforma no pretende eliminar las facultades de la Corte para que continúen revisando las leyes que se aprueben, sino que se evitará que los jueces excedan sus facultades al intervenir en decisiones del Congreso de la Unión.
En contraste, la diputada Noemí Berenice Luna Ayala (PAN) indicó que la reforma en la materia impide las acciones de constitucionalidad “y es ahí donde se atenta contra el federalismo, porque dejan indefensos a los estados y municipios”. Indicó que el fondo del decreto es eliminar la democracia representativa y transitar hacia una dictadura.
Por el PVEM, la diputada Ruth Maricela Silva Andraca puntualizó que al reducir la discrecionalidad y privilegiar la seguridad jurídica, se promueve una justicia más transparente y accesible. Por ello, asentó que la reforma hace explícita la improcedencia de las controversias contra reformas constitucionales, lo que abona a un sistema jurídico claro.
La diputada Irma Yordana Garay Loredo (PT) consideró que la reforma representa un blindaje a la soberanía popular, además de que representa un mecanismo de defensa para evitar que las reformas constitucionales que cumplan con legitimidad “sean echadas para abajo por los intereses de una minoría que usa al Poder Judicial”.
El diputado Rubén Moreira Valdez (PRI) enfatizó que las adiciones o reformas no deben vulnerar los derechos humanos reconocidos en la Constitución o los tratados internacionales. Indicó que con esta reforma se quita el derecho de la acción de inconstitucionalidad, por lo que es evidente que no se desea que la Suprema Corte revise los actos del Poder Legislativo.
Al señalar que la reforma “destruye” uno de los principios fundamentales de la Constitución y la democracia, la diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Hernández García, indicó que el decreto deja al poder reformador sin contrapesos, ya que otorga al legislador el poder absoluto de modificar la Carta Magna sin la posibilidad de cuestionar o impugnar sus decisiones, incluso cunado puedan ir en contra de los derechos.
Luego de un debate de más de cuatro horas, las y los integrantes de la Comisión acordaron llevar las reservas al Pleno de la Cámara de Diputados, por lo que se aprobó el dictamen y se envió a la Mesa Directiva.
