El Senado aprobó la Ley Federal de Derechos que establece montos por el pago y uso de servicios públicos, así como la explotación de recursos nacionales como la minería
CIUDAD DE MÉXICO (Sentido Común).– El Senado de la República aprobó la Ley Federal de Derechos que establece los montos por el pago y uso de servicios públicos, así como el cobro por explotación de recursos nacionales como la minería.
El dictamen recibió 80 votos a favor y 37 en contra, en lo particular y 79 votos a favor y 38 votos en contra en lo general, siendo avalado y remitido al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El documento contempla que la recaudación para 2025 se ubique en los 374 mil 400 millones de pesos, lo que representa un 10.4 por ciento de crecimiento respecto con 2024. En relación con la minería, se propone incrementar en uno por ciento el derecho especial, situándolo en 8.5%. Asimismo, se plantea un beneficio fiscal para entidades financieras referente al pago de derechos por servicios de inspección y vigilancia proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el senador Cuauhtémoc Ochoa Fernández (Morena) dio a conocer que la Ley de Derechos elimina exenciones de derechos aplicables a pasajeros de cruceros. Subrayó que de esa manera se logrará una justa retribución para utilizarla en infraestructura para el sector del turismo y en servicios de migración.
Por la Comisión de Estudios Legislativos, el senador Enrique Inzunza Cazarez (Morena) aseveró que el dictamen moderniza y fortalece la gestión de recursos públicos. Puntualizó que dentro de la Ley de Derechos se actualiza el cobro de derechos en minería.
El senador de Morena, Homero Davis Castro observó que la Ley no introduce nuevos conceptos tributarios, sino que se limita a adecuar la normativa existente. Al respecto, sostuvo que en materia minera se plantea una modificación en la distribución de los recursos obtenidos por la recaudación con el objeto que los fondos se redirijan en proyectos de infraestructura.
Al posicionarse en contra, la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón (PAN) indicó que la propuesta plantea incrementar el 1 % el cobro especial sobre minería e incorpora el recurso a la Tesorería de la Federación. En materia de turismo, cuestionó los impuestos a este sector, así como su redistribución hacia las entidades que generan derrama económica a través de ese rubro.
La senadora Cristina Ruiz Sandoval (PRI) mencionó que “esta reforma incrementa los derechos especiales y extraordinarios sobre minería”; sin embargo, denotó que esos ingresos no están destinados a quienes sufren los efectos de la minería, sino que se centralizan y dirigen a proyectos que poco o nada tienen que ver con las necesidades locales.
En su intervención, el senador Waldo Fernández González (PVEM) aseveró que, en el caso de migración, se cambió la cuota a solicitud de documento que acredite la estancia de visitantes sin permiso de actividades remuneradas. Indicó que el incremento pasó de 717.14 a 860 pesos, mientras que los servicios migratorios en aeropuertos de 185 a 223 pesos.
La senadora del Partido del Trabajo, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, dijo que los cambios tienen un propósito de contar con un ordenamiento fiscal que se adapte a las nuevas condiciones económicas. Agregó que estas acciones se orientarán a buscar congruencia con las atribuciones de las dependencias de la Administración Pública Federal.
En contra del dictamen, el senador Francisco Daniel Barreda Pavón (MC) se mostró preocupado frente a los impuestos en materia de turismo, ya que, en su opinión representan una amenaza real a la atracción de cruceros al país. “Este cambio representaría un impuesto con un costo de 42 dólares por persona, lo que haría al turismo de cruceros en México un 213 % más caro”, declaró.
