El sexenio de Felipe Calderón ha sido sin duda una de las peores tragedias humanitarias que ha vivido México en los últimos 50 años. Según las cifras oficiales, el número de homicidios dolosos se triplicó sólo en el sexenio. El nivel de degradación social generado por su administración no tiene precedentes.
Lo más triste es que nunca alcanzaremos a dimensionar la verdadera magnitud de la tragedia, existe un enorme subregistro que no es posible subsanar. Muchos ministerios públicos preferían tipificar erróneamente estos hechos violentos; por ejemplo, los clasificaban como homicidios dolosos porque “dañaban menos” su imagen. Hay otros casos en los que se iniciaron las investigaciones por desaparición pero, aun habiendo encontrado los cuerpos, jamás se contabilizaron. Y otros tantos casos en los que ni siquiera existe forma de rastrear a las víctimas, pues nadie se interesó siquiera en preguntar qué pasó con ellas.
Decir que la estrategia de Calderón fracasó es quedarse demasiado cortos. En aquel sexenio no se sabía a quién se le debía temer más, si a la delincuencia organizada o a los cuerpos de seguridad desorganizados. Ni siquiera el ojo mejor entrenado podía distinguir entre uno y otro. Más que una infiltración, debería hablarse de una simbiosis, que en buena medida es la causa de la violencia que hoy seguimos viviendo.
La explicación más sencilla es culpar a un hombre, a Genaro García Luna, el principal responsable de ejecutar la estrategia de seguridad del gabinete. Hay, literalmente, una tonelada de pruebas en su contra que lo involucran en múltiples delitos. Por todos ellos debe ser juzgado, pero sería un grave error limitar la responsabilidad de un problema estructural a un solo hombre.
Comúnmente, al pensar en el neoliberalismo se miran únicamente sus efectos en la política económica, en la desregulación del mercado y en la privatización de los bienes nacionales. Pero esta doctrina tuvo efectos en todos los ámbitos de nuestra vida, particularmente en materia de seguridad.
En el estado de bienestar que se promovió en la posguerra, los gobiernos debían impulsar políticas que garantizaran los derechos de los ciudadanos. La seguridad era entendida como un estado de tranquilidad. En cambio, con las políticas neoliberales se resignificó la noción de seguridad y comenzó a comprenderse como mecanismos de control y vigilancia. En esta transición, el Estado abandonó casi todas sus funciones sustantivas y se concentró en las tareas policiales.
García Luna es el perfecto ejemplo de las consecuencias de este proceso. La lógica de la “guerra contra el narco” empata perfectamente con el credo neoliberal: al delegar todas sus funciones al mercado, el Estado intenta conservar su legitimidad mediante acciones punitivas. Por tanto, desde el Estado se promueven discursos con la intención de generar miedo en la población, sobre todo criminalizando a grandes sectores de la sociedad.
Según el liberalismo clásico, los individuos se miran con desconfianza porque se asumen como amenaza mutua. En el neoliberalismo esta sensación se potencia al grado de que se induce que los ciudadanos estén dispuestos a ceder por completo su libertad a cambio de un poco de seguridad. Se trata de una versión más monstruosa y degenerada del Leviatán.
Insisto, en ningún sentido se trata de exculpar a García Luna como están intentando hacer quienes estuvieron en su nómina. Debe responder por sus actos personales ante un tribunal. De lo que se trata, por el contrario, es de plantear una invitación a aprovechar este proceso judicial y traducirlo en un juicio público a un régimen político y a todos los que se beneficiaron de él. Este acto de memoria histórica nos ayudaría a sacar la podredumbre que sigue enquistada en las instituciones, sobre todo las encargadas de la impartición de justicia.
A estas alturas a nadie debería sorprender que García Luna se hiciera millonario a costa del miedo y la desgracia de los demás. Así opera en neoliberalismo. Tenía tan entendida esta lógica que sin necesidad de seguir siendo funcionario público pudo controlar buena parte del presupuesto de seguridad a través de sus empresas privadas.
La justicia que esperan las víctimas del sexenio de Calderón, esas miles de vidas que fueron reducidas a daños colaterales, no llegará si sólo se castiga a un hombre y se dejan intactas las estructuras que posibilitaron la barbarie.
