Se busca socorrer a los desfavorecidos,
no a los que ya tienen ventajas

La educación como derecho humano está consagrada tanto en la carta magna del país como en la constitución de la Ciudad de México. El artículo 8 de esta última establece que todas las personas tienen derecho a la educación en todos los niveles, por lo que el acceso a ella debe ser igualitario y con garantía de permanencia al margen de la “condición económica, étnica, cultural, lingüística, de credo, de género o de discapacidad”. En consecuencia, toda la educación pública será “gratuita, laica, inclusiva, intercultural, pertinente y de calidad”. Para cerrar la caracterización de la educación en la entidad, también se establece que procurará “igualar las oportunidades” y “disminuir las desigualdades”.

Por otra parte, los propósitos educativos difícilmente podrán alcanzarse si las alumnas y alumnos no disponen de los espacios adecuados y las condiciones propicias, por lo que otra meta fundamental es impulsar la constante mejoría de los planteles y, en general, de la infraestructura educativa.

Ahora bien, volviendo a los fundamentos, es claro que el loable propósito de una educación pública básica (preescolar, primaria y secundaria) que incluya a todos y evite el abandono escolar es imposible de lograr si se crea sólo la igualdad de oportunidades pero no se garantizan unas paridades básicas en las condiciones. Y, desde luego, la principal de estas es la socioeconómica. Por tanto, se requiere otorgar un mínimo de apoyos universales a los estudiantes que emparejen las posiciones. Y con este propósito, la actual jefa de gobierno introdujo una innovación.

Como se sabe, en administraciones anteriores se crearon programas encaminados a dar diversos apoyos a los estudiantes, tales como uniformes y útiles escolares gratuitos, becas y alimentos escolares, entre otros. Pero se mantuvieron limitaciones. Las becas, por ejemplo, eran selectivas en aplicación de una peculiar perspectiva meritocrática. Los apoyos se otorgaban a los “más talentosos”.

En el gobierno de Claudia Sheinbaum se implantaron programas de carácter universal (esto es, incluyendo a todos los estudiantes, sin distingos difíciles de justificar) para apoyar a los alumnos de educación básica. Por una parte, se creó el programa “Bienestar de niñas y niños”, que consiste en entregar una beca a todos los estudiantes del nivel básico durante los meses del ciclo escolar correspondiente. El recurso es progresivo año con año, a fin de crear condiciones cada vez más justas y equitativas que favorezcan la permanencia de los alumnos y la terminación de sus estudios.

Como complemento necesario, se creó el programa “La escuela es nuestra”. Busca garantizar que se apliquen acciones de mantenimiento menor a todos los planteles de educación básica, bajo un esquema participativo que incluye la determinación definida en asambleas por parte de los padres y madres sobre las necesidades que deben atenderse y la aplicación de los recursos en cada instalación.

La Ciudad de México cuenta con 1 millón 200 mil 770 alumnos en educación básica, aproximadamente, que reciben atención en unos 3 mil planteles educativos de carácter público (2021-2022). Para atender a esta población durante la primera mitad del sexenio (2019-2021) se han ejercido alrededor de 11 mil 150 millones de pesos (10 mil 486 millones para las becas y 662 millones para el mantenimiento de las escuelas). Aplicando el principio progresivo, sólo para 2022 el presupuesto estipulado es de 6 mil 400 millones de pesos (5 mil 405 millones para el programa de becas y 350 millones para el mejoramiento de los planteles).

Hagamos un breve paréntesis para recordar que el gobierno federal ha impulsado diversos programas a escala nacional que otorgan becas a los alumnos de nivel básico de escuelas públicas situadas en zonas prioritarias, con familias pobres. El propósito es el mismo: dar sustento al derecho a la educación mediante el emparejamiento de las condiciones. Y lo mismo se aplica a los esfuerzos federales para dar mantenimiento a los planteles. La escala de la cobertura y de la inversión es formidable: 9.8 millones de estudiantes, de varios niveles, beneficiados con las “Becas para el Bienestar Benito Juárez” el año pasado, con una aplicación de 71 mil millones pesos, mientras “La Escuela es nuestra” se ocupó del mantenimiento de 68 mil planteles que absorbieron casi 14 mil millones de pesos.

El paso siguiente es inevitable si se quiere ir a fondo: darles enjundia y permanencia a los programas al ascenderlos a la calidad superior de derechos. Los programas suelen depender demasiado de las administraciones y de sus promotores; y más pronto que tarde pueden sufrir los embates de enfoques hostiles. La ruta natural es que se conviertan en conquistas ciudadanas, en prerrogativas constitucionales que trasciendan los gobiernos.

Es el tiempo y el lugar para este impulso. La Ciudad de México dispone de una carta política excepcional, con terreno fértil para albergar un resonante derecho para las niñas y los niños de la capital. A principios de este año, ante la mesa directiva del congreso de la Ciudad de México, Sheinbaum presentó la iniciativa de elevar a rango constitucional las becas ya existentes, así como los fondos para la dignificación de los planteles educativos.

La jefa de gobierno envió una “iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8, apartado A, numeral 6, de la Constitución Política de la Ciudad de México”. En la exposición de motivos se indica que la propuesta se inspira en el anhelo de alcanzar lo expresado por José María Morelos en Los sentimientos de la nación: “Que se eduque a los hijos del labrador y del barretero como a los del más rico hacendado”, esto es, el ideario de la igualdad de derecho en materia educativa. El texto de la iniciativa es el siguiente:

Atendiendo al principio rector del interés superior de la niñez, las autoridades garantizarán el pleno acceso al derecho de las niñas y los niños a recibir educación.

En la Ciudad de México, todas las niñas y niños inscritos en planteles públicos de educación básica tendrán derecho a contar con una beca que se denominará Bienestar para niñas y niños.

En cada ejercicio fiscal, los planteles educativos de educación pública básica en la Ciudad de México contarán con la asignación presupuestal que determine el congreso, a fin de dignificar las condiciones de los inmuebles, misma que se ejercerá con la participación de los padres y madres de familia. El programa para el ejercicio de este derecho se denominará La escuela es nuestra.

Con el claro propósito de que quede establecido el principio de progresividad (incluido en el artículo 70 de la constitución local), por lo que hace a los recursos destinados a los programas, en el transitorio cuarto de la iniciativa se ordena:

El monto de los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad del ejercicio fiscal que corresponda, para los derechos constitucionales Bienestar para niñas y niños y La escuela es nuestra, no podrá ser disminuido, en términos reales, respecto de lo que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior.

Cabe destacar que la iniciativa armoniza con los objetivos de desarrollo sostenible que en materia de “educación de calidad” ha establecido la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la prestigiosa Agenda 2030.

El proceso para la aprobación de la propuesta de reforma no ha sido terso. La oposición, principalmente panista, ha procurado dilatar el trámite de dictaminación en las comisiones unidas de puntos constitucionales e iniciativas ciudadanas y la de educación. No obstante, el pasado 11 de noviembre se logró realizar el debate. Panistas y perredistas quisieron introducir temas ajenos al sentido de la iniciativa para restarle impacto y, al mismo tiempo, para llevar agua a su molino. Por ejemplo, insistieron en que las becas se extendieran a los alumnos de las escuelas privadas. Los diputados del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) hicieron notar que la iniciativa en debate constituye la clásica política pública de “acción afirmativa” (también conocida como “discriminación positiva” en el mundo anglosajón), asentada universalmente, que procura solventar desventajas de grupos o sectores sociales, entre otros argumentos. Es decir, se busca socorrer a los desfavorecidos, no a los que ya tienen ventajas.

Finalmente, se aprobó un dictamen de las dos comisiones en los términos de la iniciativa original de la jefa de gobierno, la cual pasará en breve el pleno del congreso local. Será un debate turbulento. Pero auguro que los nuevos derechos educativos saldrán adelante.