*diputado Federal, exnormalista
Las normales rurales son lo más público de la educación pública, por lo que la Cuarta Transformación debe volver a ver la política del presidente Cárdenas en esta materia para poder apoyar la evolución del normalismo mexicano.
En 1935, con el presidente Lázaro Cárdenas se conformaron las escuelas normales rurales y la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), desde la que, aprovechando el artículo tercero de la constitución, que decía que la educación, además de ser pública y gratuita, debía ser socialista, se conformó una organización de tinte marxista-leninista. Asimismo, se conformaron asambleas, comités y consejos estudiantiles. Más tarde, estos últimos se convirtieron en una especie de centros educativos que, además de cumplir con los planes de estudio de la Secretaría de Educación Pública (SEP), también estudiaban sobre sindicalismo, la lucha social, etcétera. Esto al principio lo hacían tanto estudiantes como maestros, pero con la caída del proyecto cardenista y el regreso de gobiernos de derecha los planes de estudio cambiaron y la planta docente tuvo que obedecer al nuevo esquema educativo de Manuel Ávila Camacho y sus sucesores. Mientras, los normalistas siguieron defendiendo, en la medida de sus posibilidades, el modelo socialista. A partir de esa disputa, la educación política se trasladó exclusivamente a los estudiantes, a través de sus comités y consejos estudiantiles, y a los maestros les quedó implementar el programa de la SEP, alejado de los orígenes de las normales.
A nivel individual y comunitario es importante entender que difícilmente los familiares de un normalista rural que viene del campo tendrían la oportunidad de ofrecerles la opción de asistir a otro tipo de educación, incluso en las universidades públicas. Si pensamos en el caso de Guerrero, muchas familias ni siquiera tendrían la posibilidad económica de apoyar a sus hijos para asistir a la Universidad Autónoma de Guerrero, a pesar de ser pública, porque en las zonas pobres de la entidad hay muchos menos recursos que en las zonas pobres de la Ciudad de México, por ejemplo. Un normalista rural necesita una escuela rural con internado y todos los servicios que ahí se otorgan para poder aspirar a ejercer su derecho a la educación.
Ahora bien, a pesar de haber visto algunos recortes a las escuelas normales en este sexenio, hoy registramos un aumento considerable en el presupuesto destinado a las mismas. Aún no se alcanza el promedio que se tenía en el sexenio de Enrique Peña Nieto, sin embargo este año hay un incremento importante: de 773 millones de pesos subimos a 817 millones.
En este sentido, hace unos meses el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, planteó en una de sus conferencias matutinas la posibilidad de que a los estudiantes normalistas se les apoyara de forma directa —como se hace con los programas sociales. Lo anterior para combatir el cacicazgo y la corrupción que existe dentro de las normales rurales. Si bien estamos a favor de combatir estos males y el apoyo directo podría ayudar a la comunidad, pues los estudiantes podrían rentar, comer y gastar el dinero en los alrededores de las escuelas normales, y esto reactivaría de paso las economías locales, es también indispensable pensar en el impacto y posibles consecuencias que este modelo tendría en la infraestructura que ya se tiene en las normales, en específico los internados.
Además, hay complejidades que vale la pena analizar. Primero que nada tenemos que considerar que las normales rurales son escuelas con internados y con tierra de cultivo, creadas para la población rural del país desde la década de 1920, organizadas a nivel nacional, es decir, se han convertido en una institución social de nuestro país. Además, dada la postura ideológica que domina la FECSM, la mayoría de los normalistas tiene una posición muy crítica frente al gobierno. De hecho, tienen una postura muy crítica hacia López Obrador e incluso lo han llegado a comparar con cualquier otro presidente del pasado, pues lo consideran un mandatario capitalista. En este sentido, es necesario que exista un acercamiento del ejecutivo hacia los normalistas para consultarlos y establecer mesas de diálogo en las que se pueda acordar cómo implementar medidas. En específico, encontrar la mejor manera de actualizar el programa de estudios —tanto el que proviene de la SEP como el programa de estudio político de los normalistas—. De lo contrario, se corre el riesgo de que, al no haber cambios estructurales serios, la estrategia de manifestación, protesta y acción directa de los normalistas sean similares a las que presentaban frente a Peña Nieto o Felipe Calderón.
Por otro lado, además de la corrupción, es cierto que hay prácticas específicas que se necesitan erradicar en el normalismo, sin embargo las críticas suelen criminalizar o estigmatizar a los compañeros normalistas, y esto es inaceptable. Por ejemplo, debemos cuestionar las semanas de iniciación, pues incluso podrían violar los derechos humanos o por lo menos tratarse de prácticas abusivas donde se incurre en maltrato o explotación de los estudiantes de primer ingreso. Otro ejemplo es la poca tolerancia hacia la población LGBTI+ o hacia las mujeres embarazadas, que muchas veces tienen que abandonar las escuelas por esto mismo. Muchos de los reglamentos y estatutos de la FECSM datan de las décadas de 1970 y 1980. De ahí se entiende la lógica jerárquica y disciplinaria que, si bien se traduce en acciones positivas de compañerismo y lucha social, también somete a una disciplina férrea muchas veces innecesaria. Por ello es necesaria una gran reforma que replantee el método, estudio, aspiraciones y proyecto educativo de las escuelas rurales, de manera que se pueda avanzar hacia un cambio sustantivo.
Al mismo tiempo, es importante recalcar que el magisterio se nutre mucho de los estudiantes normalistas. El músculo social de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en gran parte formado por los normalistas rurales, ha sido históricamente una organización de lucha capaz de oponerse mediante la protesta en las calles a los grandes proyectos neoliberales, y es necesario proteger esta organización social. A lo largo de décadas, el mecanismo de defensa para exigir aumentos en la ración de comida, crecimiento de las matrículas o dotación de instrumentos para operar, ha sido la protesta. Es decir, los normalistas conforman parte incuestionable de las grandes luchas sociales de este país.
Hoy tenemos a un presidente muy progresista y probablemente quien siga también los será, pero no sabemos qué pase más adelante, por lo que estos semilleros de organizadores y organizadoras, de donde el país cultiva conciencia social, no sólo tienen que mantenerse sino también fortalecerse. La cuarta transformación tendría que acercarse más a los normalistas.
Los normalistas tienen una frase que dice: “mientras la pobreza exista, las normales rurales tendrán una razón de ser”. Las medidas de recortes de presupuesto y de matrícula, por lo tanto, son una embestida por parte del gobierno, por lo tanto se resistirá en su contra. Para entender la educación pública de este país se necesita comprender lo que significan las normales rurales para el movimiento social en general, porque se han convertido en un referente que, a pesar de tener sus complejidades y cuestionamientos, ha alimentado la resistencia social de México.
Las normales rurales son lo más público de la educación pública, por lo que la cuarta transformación debe volver a ver la política del presidente Cárdenas en esta materia, de modo que pueda apoyar la evolución del normalismo mexicano. Bajo esta ruta, en un futuro los normalistas podrían querer incidir políticamente dentro de las instituciones.
No hay mejor forma de defender la educación pública que defendiendo a las normales rurales.
