Un proceso de tal magnitud exige el impulso decidido a la educación en todos sus niveles, para cumplir con su promesa de transformación individual y colectiva.
Mirar el futuro en contexto: el rumbo necesario
México es un país diverso, contrastante y multicultural que atraviesa por un momento crucial en la búsqueda permanente de su proyecto como sociedad y como nación. El siglo XX y las dos décadas que van del XXI dan cuenta de profundas transformaciones políticas, sociales, culturales y económicas que, sin embargo, han sido insuficientes para atender los grandes problemas que han persistido y que por momentos, como el de la reciente pandemia causada por la covid-19, se han profundizado y agudizado, negando a una amplia proporción de la población del país la posibilidad de un mejoramiento sustantivo en su bienestar y calidad de vida. Sus problemas más urgentes se relacionan con la desigualdad estructural, que deriva en desastres naturales, pobreza, discriminación, marginación, desempleo, migración, economía informal, agotamiento de los recursos naturales, violencia, particularmente la de género pero no menos importante en otras formas de expresión, así como la inseguridad y la exclusión.
El proceso de transformación y cambio por el que atraviesa el país es crucial porque tiene frente a sí la necesidad urgente de resarcir la desigualdad como el gran problema que afecta a la mayoría de la población. Un proceso de tal magnitud exige el impulso decidido a la educación en todos sus niveles, para cumplir con su promesa de transformación individual y colectiva. Particularmente la educación superior se ha concebido como el principal motor de desarrollo económico y social de las naciones en el mundo, y sin duda es una de las rutas principales para la movilidad social y para el potenciamiento de las capacidades creativas y críticas de las personas. La educación superior, por tanto, simboliza la posibilidad de transformación de las personas; contribuye a su comportamiento integro, crítico, ético y autónomo; las hace consientes de su ser social y del mundo y de los grandes problemas que enfrenta.
Durante los últimos 30 años la educación superior mexicana ha sido objeto de políticas públicas que promovieron su modernización en función del fortalecimiento del eje transversal calidad-evaluación-financiamiento-cambio institucional. Luego observamos un proceso de institucionalización de la evaluación, acompañado del discurso del mejoramiento de la calidad que se objetivó en la creación de organismos gubernamentales y no gubernamentales y en el uso de instrumentos y mecanismos que conformaron un diseño institucional inacabado, con efectos positivos y no deseados sobre el sistema de educación superior, las instituciones de educación superior (IES) y sus actores. Como resultado de esas políticas se reconocen cambios importantes en temas como la planeación, el diseño de los planes y programas de estudio, la inversión en infraestructura, la movilidad estudiantil, la gestión universitaria y la vinculación con los grandes problemas nacionales. No obstante, también hay evidencia de que con el tiempo tales mecanismos se configuraron en fuentes de legitimación y prestigio para las universidades tanto públicas como privadas, pero poco aportaron en los últimos años a la calidad de la educación superior (Del Castillo, 2005; Buendía, 2020; Rueda y Buendía, 2022).
Tras 30 años de continuidad en las políticas, en el contexto actual la transformación de la educación superior mexicana tiene su referente inmediato en la reforma educativa del 2019, misma que estableció su obligatoriedad y gratuidad. De acuerdo con la reforma, es reponsbilidad del Estado, vía las de las autoridades federal y locales, establecer las políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad de los estudios superiores de quienes han concluido estudios de educación media superior. Se suma a la reforma citada el Programa Sectorial de Educación 2020-2024, así como la ley general de educación superior promulgada en 2021. Es en el marco de estos significaticos cambios institucionales que enseguida pongo a consideración los que considero los grandes desafíos que enfreta el futuro de la educación superior en México.
Primer desafío. Cobertura con equidad
Para el año 2020 la cobertura de educación superior era del 42.9 por ciento. La matrícula en educación superior era de 5.1 millones estudiantes, de los cuales el 12.2 por ciento estaba inscrito en una universidad federal, el 25.7 porciento en universidades estatales, el 35.6 por ciento en instituciones particulares y el resto se distribuía en los otros tipos institucionales.
Del total del estudiantado, el tres por ciento cursaba en técnico superior univeristario, el 86.3 por ciento en licenciatura universitaria y tecnológica, el 2.4 por ciento en licenciatura en educación normal y el resto en programas de posgrado (Secretaría de Educación Pública, 2020). No obstante, las brechas de cobertura que se presentan entre las entidades federativas dan cuenta de grandes desigualdades en el acceso, permanencia y egreso de la educación superior. Es contrastante la cobertura de casi el 100 por ciento en la Ciudad de México frente al 19 por ciento en Oaxaca, Guerrero Chiapas. La desigualdad en el acceso a la educación superior tiene su origen principal en las condiciones socioeconómicas de los jóvenes de familias con bajos ingresos que tienen menor probabilidad de ingresar y permanecer en educación superior que los jóvenes con ingresos familiares medios y altos, quienes históricamente han tenido mayores oportunidades de acceso (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, 2018, p. 67).
El gobierno actual ha apostado por la creación de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ) y por la asignación de becas universales. Su propósito principal es proporcionar servicios educativos a jóvenes y adultos que fueron excluidos de su derecho a cursar estudios superiores, así como aportar conocimientos profesionales para el desarrollo de comunidades en condición de rezago y violencia. Entre septiembre de 2021 y junio de 2022, el programa operó en 145 comunidades de municipios en situación de vulnerabilidad, rezago y exclusión, donde iniciaron actividades educativas en instalaciones en proceso de rehabilitación, equipamiento y operación de las sedes. La capacidad instalada de todas las sedes es de 126 mil 824 estudiantes, y en el semestre 2021-2 se registraron 37 mil 585 estudiantes; no obstante, al inicio del semestre 2022-1 los estudiantes registrados disminuyeron a 32 mil 553 (SEP, 2022).
Segundo desafío. Reconocimiento de la diversidad y promoción de la gobernanza del sistema y sus instituciones
El número total de IES para el año 2019 fue de 4 mil 237, de las cuales el 25.8 por ciento eran públicas y el resto privadas. De las primeras, el 17.5 por ciento son universidades interculturales, politécnicas y tecnológicas; el 22.8 por ciento, institutos tecnológicos descentralizados y federales; el 8.3 por ciento corresponde a universidades públicas federales; el 5.3 por ciento son universidades públicas estatales y públicas estatales con apoyo solidario, y el 26.7 por ciento son escuelas normales públicas (ANUIES, 2020). La ley de educación superior considera en la integración del Sistema de Educación Superior (SES) a actores, instituciones, instancias para la vinculación y articulación a nivel federal y estatal, además de organismos gubernamentales y no gubernamentales. Particularmente, la articulación y coodinación de sistema y sus instituciones deben considerar la autonomía universitaria, consagrada en la constitución, que constituye uno de los grandes cimientos sobre el que descansa el desarrollo y la consolidación de la educación superior del país. El autogobierno en la realización y organización de las funciones sustantivas, docencia, investigación y difusión y extensión, es una premisa fundamental para avanzar hacia la gobernanza del sistema de educación superior, dada la trascendencia de las universidades autónomas mexicanas.
La autonomía representa la articulación dinámica, histórica y política entre la universidad y otras instituciones y organismos públicos, privados y sociales, en el contexto de la responsabilidad y la rendición de cuentas a la sociedad y al país en su conjunto.
En este contexto, avanzar en la gobernabilidad a la gobernanza del SES implica la coparticipación en la toma de decisiones a fin de fortalecer las relaciones y el desempeño institucional entre las IES y sus actores internos (estudiantes y personal) y externos (el Estado, el sector privado, la sociedad civil, los organismos no gubernamentales, etcétera). Ello implica procesos de diseño, implementación y evaluación de políticas ampliamente participativos, abiertos, basados en el conocimiento experto y profesional, que consideren la diversidad institucional y territorial a fin promover la equidad (UNESCO, 2022).
Tercer desafío. Revaloración de la evaluación como política y cómo técnica para la calidad y mejora continua y permanente
Es necesario avanzar en el fortalecimiento y consolidación de la calidad de la educación superior mediante la reconfiguración de un diseño institucional de políticas, que incluyan la evaluación y acreditación de la calidad, así como el reconocimiento material y simbólico pleno de la diversidad y condiciones de las IES y universidades, personal académico de tiempo completo y temporal, estudiantes y programas educativos.
Ello incluye tanto a las instituciones públicas como también al creciente número de instituciones privadas. También contribuiría la consolidación de un Sistema Integrado de Evaluación que garantizara coherencia entre niveles y modalidades educativas. Implicaría, por tanto, enfrentar las distorsiones, duplicidades, simulación y opacidad que han estimulado los sistemas de acreditación y evaluación que operan hasta el momento, derivados de su excesivo formalismo, su apego desmedido a indicadores de orden cuantitativo y a la atención de los productos en lugar de los procesos (Buendía, 2014).
Cuarto desafío. Financiamiento, transparencia y rendición de cuentas
Durante tres décadas ha predominado un modelo de financiamiento público sustentado en una política basada en criterios de asignación restrictiva e inercial del subsidio ordinario, federal y estatal, así como del financiamiento extraordinario a concurso, que no ha considerado la difersidad y diferencia entre las IES y sus actores. Esto propicia una competencia por recursos que deriva en el llamado efecto Mateo. Este modelo ha mostrado su agotamiento y es preciso transitar hacia uno que ponga al centro lo que se ha promovido desde los cambios institucionales más recientes, fundamentalmente la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior, así como el derecho a una educación superior equitativa en términos del artículo tercero constitucional y de la ley general de educación superior.
De igual forma, es necesario continuar fortaleciendo la transparencia y rendición de cuentas y ejercer una autonomía responsable tanto en el ámbito económico como en el académico. Ello implica una responsabilidad social universitaria entendida en su más amplia acepción.
Quinto desafío. Transversalidad del género, la diversidad, la ciudadanía y la inclusión
No sin grandes batallas, hoy reconocemos la riqueza de la diferencia y la diversidad en la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y equitativa. La educación superior debe promover la cosntrucción de una comunidad que contribuya a la erradicación de todo acto de discriminación o violencia, sea por género, etnia, edad, religión, condición socioeconómica o capacidades diferentes.
Además de los instrumentos legales y prácticas institucionales para atender la violencia de género, se debe promover el desarrollo de investigación interdisciplinaria y multidisciplinaria de primer nivel para apoyar en la orientación de las decisiones y acciones a implementar, y avanzar en la construcción de ciudadanía universitaria basada en el aprecio por la diversidad y la diferencia, el respeto a nuestros derechos y obligaciones y el fortalecimiento de la convivencia armónica y la cohesión social en las IES.
Sexto desafío. Cultura digital y apropiación tecnológica
La pandemia mostró que la gran mayoría de estudiantes y personal académico, al menos en América Latina, no habíamos tenido experiencias previas de enseñanza y aprendizaje en modalidad remota.
Deficiencias y desigualdades en infraestructura tecnológica y conectividad, junto con una deficiente formación del personal académico, se tradujeron muy probablemente en rezago educativo. No obstante, con asimetrías en su apropiación, dadas las circunstancias, hemos (des)aprendido y acumulado aprendizajes individuales y organizacionales en la incorporación de las tecnologías. Es necesario avanzar hacia una cultura universitaria digital, más que al mero uso de tecnologías. Debemos aprovechar sus potencialidades porque el contexto así lo demanda, sin olvidar que la educación como proceso de transformación tiene en la interacción humana presencial un componente insustituible en nuestro modelo universitario y educativo.
A manera de cierre
La educación superior mexicana atraviesa un momento crucial en su evolución y desarrollo. Sus problemas persistentes se agudizaron con la pandemia, aún en tránsito. Mucho se ha escrito al respecto de las consecuencias de este hecho disruptivo, que ha removido inercias y evidenciado viejos problemas. Los desafíos aquí presentados seguramente no son exhaustivos, pero considero que sin su discusión y análisis no será posible pensar y recrear la educación superior del futuro y para el futuro.
El verdadero gran reto en este momento de transformación y cambio es abrir la discusión y construir en la diversidad y la diferencia, más allá de posturas antagónicas y visiones dogmáticas.
Referencias
ANUIES (2018). Visión y acción 2030. Propuesta de la ANUIES para renovar la educación superior en México Diseño y concertación de políticas públicas para impulsar el cambio institucional, México, ANUIES.
Buendía, A. (2020). “Revisitar las políticas para la educación superior en México: ¿de su agotamiento a su transformación?”, Universidades, 71 (86), 35-52.
Del Castillo, G. (2005). Dos modelos diferenciados de configuración institucional bajo el impacto de la evaluación externa: la UAM-A y la UIA. México: Biblioteca de la Educación Superior, ANUIES.
Secretaría de Educación Pública (SEP). (2022). Cuarto informe de gobierno. Educación, México, SEP.
UNESCO (2022). Gobernanza en educación superior, París, Francia, UNESCO.
