¿Quién debe producir la luz que consumimos los mexicanos? En este ensayo, el profesor e investigador del Instituto Tecnológico de Querétaro y uno de los principales defensores de la reforma eléctrica en México, nos plantea una respuesta: no se trata de una cuestión ideológica, sino de la diferencia misma entre los motivos de lucro de los privados y las funciones soberanas del Estado.
La polémica y el debate actual sobre la iniciativa de reforma del sector eléctrico nacional se inserta en una disputa permanente sobre el control de los energéticos y viene desde hace décadas, al menos desde por ahí del 1900 cuando en diferentes países se fue tomando conciencia que los energéticos son un bien estratégico, de seguridad nacional.
En este debate resalta una dicotomía clave: ¿quién debe controlar los energéticos? ¿Totalmente el estado? ¿Totalmente los privados? ¿Un modelo híbrido?
Las respuestas a estas preguntas han determinado diferentes políticas públicas. Vamos desde el extremo totalmente privatizador, como en el caso de los Estados Unidos o como en el caso actual de España en el caso del sector eléctrico, hasta la nacionalización, como sucedió en México con el petróleo a partir de 1938 (y hasta 2013) y en el caso del sector eléctrico en México entre 1960 y 1993.
En medio tenemos modelos híbridos más cargados de un lado o del otro. Por ejemplo, en el caso de Électricité de France (EDF), el estado francés controla más del 83 por ciento de las acciones o como en Suecia en donde la principal empresa de generación eléctrica, Vattenfall, es totalmente pública, lo mismo que sucede con Fortum, en Finlandia. Cabe señalar que apenas en abril del año pasado el gobierno francés anunció que está estudiando retirar de la bolsa a EDF con el fin de controlar totalmente a dicha empresa. También cabe señalar que más del 70 por ciento de la energía eléctrica generada en Francia se produce a partir de energía nuclear y que todas las plantas nucleares están nacionalizadas.
La dicotomía señalada líneas arriba no es banal pues mientras que el estado no tiene fines de lucro en el otorgamiento de sus servicios, las empresas privadas si tienen ese fin: la máxima ganancia. Y la máxima ganancia se obtiene minimizando los costos (precariedad laboral, bajos salarios, poca inversión en mantenimiento, etc.) y maximizando los precios.
Es así como, en 1960, un presidente que no era de izquierda, Adolfo López Mateos, nacionaliza el sector eléctrico dado que, a las empresas privadas, que dominaban el sector desde 1900, no les interesaba electrificar zonas marginales o pobres, les salía demasiado caro, ellos querían el jugoso negocio de las grandes zonas urbanas, el valle de México y las zonas metropolitanas de las grandes ciudades. Entre 1900 y 1960 las empresas privadas sólo habían llevado la electricidad al 45 por ciento de la población. Con este porcentaje ningún país podría desarrollarse. En zonas donde no hay electricidad no se instalan fábricas ni empresas, ni negocios, ni servicios, ni hospitales, etc.
Las familias que no tienen acceso a la electricidad están fuera del desarrollo nacional. No pueden usar electrodomésticos ni Internet y no pueden tener iluminación en sus casas.
A diferencia de lo que hicieron los privados en 60 años, en tan sólo 40 años dos empresas públicas, CFE y Luz y Fuerza del Centro (LFC) llevaron el porcentaje de electrificación del 45 al 95 por ciento. Para 2013 nuestro país estaba prácticamente electrificado pues ya se había alcanzado al 99 por ciento de la población.
Y luego nos vienen a decir que CFE es una empresa “ineficiente”, cuando fue la empresa que, prácticamente, electrificó al país en tan sólo 40 años. Este es el papel de las empresas públicas, crear condiciones para el desarrollo nacional, tanto de las familias como de las empresas.
Por otro lado, los energéticos no son cualquier mercancía, ni CFE es cualquier empresa. Y en muchos países lo tienen perfectamente claro, a diferencia de la derecha mexicana. Por ejemplo, para que el gobierno de los Estados Unidos aceptara la venta de la mitad de una de sus 132 refinerías que tiene actualmente, se tuvo que reunir durante seis meses su Comité de Seguridad Nacional (Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos) que integra, entre otros a los Departamentos de Defensa, Estado, Energía, Comercio y Ciencia y Tecnología. Y esto para adquirir sólo la mitad de una refinería que procesa apenas 340 mil barriles diarios de petróleo, un 3 por ciento de lo que se procesa en Texas.
Cuando en 2005, se puso en venta, la que en ese momento era la tercera petrolera norteamericana, Unocal, diputados y senadores norteamericanos, de los partidos demócrata y republicano, bloquearon la venta a la empresa china CNOOC dado que venderla a una empresa china “podría afectar la seguridad nacional”.
Cuando en 2008, la empresa rusa Lukoil intentó comprar a la empresa española Repsol, el en ese entonces líder de la derecha española, Mariano Rajoy, salió a decir que “no se puede poner nuestro petróleo, nuestro gas ni nuestra energía eléctrica en manos de los rusos; eso nos convertiría en un país de quinta división”.
Cuando EDF, empresa de electricidad francesa, intentó adquirir a la española Endesa, en 2008, un grupo de empresa españolas del sector energético constituyeron un pool para que “todo quede en casa, sin interferencias de los grandes grupos europeos”. Curiosamente, entre las empresas que formaron el pool estaban Iberdrola, Naturgy y Repsol, empresas que hoy dominan la generación de energía eléctrica por parte de privados, en nuestro país.
Es decir, en sus propios países ni políticos ni empresarios entregan su sector energético a extranjeros, ah, pero eso sí, pretenden apoderarse de los recursos energéticos de otros países.
Del mismo tipo de ejemplos es la actitud de quien fue primera ministra de Alemania, Angela Merkel, cuando resistió las presiones de los gobiernos de Obama y de Trump para bloquear la construcción del gasoducto Nord Stream 2 que deberá llevar gas ruso a Alemania y que hoy está detenido, temporalmente, por la guerra en Ucrania. Hay que tomar en cuenta que el 50 por ciento del gas que se usa en Alemania proviene de Rusia.
La política energética del neoliberalismo fue extremadamente irresponsable, pues a partir de 2014, justo después de la reforma energética impuesta, a base de sobornos, en 2013, nuestro país cruzó el umbral de la dependencia energética. En efecto, en el año 2000 nuestro índice de independencia energética era de 1.4, cerca de 11 mil petajoules, mientras que el umbral de dependencia energética, para México, es de poco más de 8 mil. Para la llegada del gobierno de la 4T, a finales de 2018, nuestro índice estaba por debajo del 0.7, unos 6 mil 500 petajoules, es decir, perdimos nuestra independencia de energéticos primarios.
Caso relevante, el gas natural, energético del que proviene el 60 por ciento de la electricidad que se genera en este país. En 1997 éramos prácticamente autosuficientes. Consumíamos 3 mil 332 pies cúbicos diarios de gas, mientras que producíamos 3 mil 227 por lo que sólo había que importar 105 pies cúbicos diarios, es decir, casi nada. Sin embargo, para 2018, a la llegada del gobierno de la 4T estábamos consumiendo poco más de 8 mil pies cúbicos diarios, mientras que la producción había caído dramáticamente a unos 2 mil 800 pies cúbicos, por lo que ya estábamos importando unos 5 mil pies cúbicos diarios de gas natural. Lo que tiene dos consecuencias nefastas igualmente de peligrosas.
Por un lado, las importaciones cuestan y la importación de gas en 2018 alcanzaba ya los 12 mil 200 millones de dólares anuales, es decir, 244 mil millones de pesos al año, el presupuesto total anual de la Ciudad de México o del estado más poblado del país, el Estado de México.
Por otro lado, tanto con la tecnología como con las materias primas se paga un alto costo en términos de soberanía. Los países que producen tecnología o los que tienen materias primas, si quieren venden esa tecnología o esas materias primas y si no, pues no. Tenemos, por ejemplo, la prohibición de la venta de chips de última generación a China, por parte de una empresa holandesa, la número uno en el sector, por presiones de Estados Unidos, dentro de su guerra comercial con el país asiático. Lo mismo sucede con el uranio enriquecido con el que se podrían producir armas atómicas. Y lo mismo sucede con los energéticos, con los minerales y, en general, con todas las materias primas, desde el agua hasta los cereales, de las carnes a las verduras.
Y ya tuvimos una advertencia de la debilidad y de los daños que causa la dependencia energética del exterior. Cuando en febrero de 2021, ante la onda gélida en Texas, el gobernador Greg Abbott, dio la orden de cerrarle la llave del gas a México, seis estados del norte, colindantes con los Estados Unidos, desde Baja California hasta Tamaulipas, se quedaron sin gas y por lo tanto sin electricidad, en plena onda gélida. Se vieron afectadas 2 mil 600 empresas y casi un millón 300 mil trabajadores. Casi 5 millones de personas se quedaron sin electricidad y por lo tanto incomunicadas, los daños se extendieron a un millón más de personas con cortes temporales en 23 estados de la república. Sin la oportuna intervención de CFE el apagón habría sido total en todo el país. Los daños fueron enormes, se estima que las pérdidas por tres días y medio sin gas y sin electricidad le costaron a las empresas 2 mil 700 millones de dólares, es decir, unos 54 mil millones de pesos, a los que hay que sumar otros 80 mil millones de pesos que tuvo que gastar CFE para restablecer el servicio, pues las empresas privadas se desconectaron de la red para no contribuir a resolver el problema lo que mostró, claramente, su falta de compromiso con la gente, personas que habrían podido morir de hipotermia como lo hicieron 70 personas en Texas. En total, los daños para México por la dependencia del gas texano fueron del orden de 134 mil millones de pesos en tan sólo tres días y medio, es decir, 38 mil millones de pesos cada día que duró el apagón. Si CFE hubiese tardado tres semanas en restablecer el servicio, como sucedió en Texas, los daños habrían sido siete veces mayores, es decir 266 mil millones de pesos, el presupuesto anual de Ciudad de México quemado en tan sólo tres semanas.
Esto es lo que cuesta la dependencia de los energéticos del exterior. En cualquier momento, quienes los controlan pueden cerrar su acceso, tal como lo han hecho los rusos con gasoductos que conectan con Europa, por divergencias con Ucrania y con Polonia. Tal como hizo Argelia al cerrar un gasoducto que llevaba gas a España y que los argelinos cerraron por divergencias con Marruecos.
Ya habíamos tenido una advertencia cuando los texanos nos dejaron de vender gasolinas cuando sucedió lo del huracán Katrina, en 2005, pues muchas de las 56 refinerías que tiene Texas están en las costas, por lo que varias se inundaron y dejaron de surtir combustibles y, lógico, los norteamericanos le dan prioridad a su país, no al nuestro.
Si lo anterior hubiera sucedido en 2018, antes del gobierno de la 4T, nos habrían paralizado el país, pues la irresponsable política energética del PAN y del PRI nos dejaron un país que importaba 600 mil barriles diarios de gasolina y 240 mil barriles diarios de diésel, principalmente de Texas.
Hoy, gracias a la política energética del gobierno de la 4T, importamos 340 mil barriles diarios de gasolinas, es decir 260 mil barriles diarios menos y 100 mil barriles diarios de diésel, 140 mil barriles menos que en 2018. Y esto es el resultado sólo de la rehabilitación de nuestras seis refinerías en México. A esto se agregará, dentro de poco, la producción en Deer Park, hoy totalmente de Pemex, y en 2024 la producción de Dos Bocas, con lo que recuperaremos nuestra independencia energética en gasolinas y en diésel, un gran logro.
La iniciativa del ejecutivo es vital, pues los neoliberales, violando el artículo 27 constitucional, permitieron a privados, principalmente extranjeros, la generación de energía eléctrica a partir de 1993, en el sexenio de Salinas de Gortari, que es cuando se introducen los llamados contratos de “autoabasto”. A la llegada del gobierno de la 4T, los privados ya estaban generando el 48 por ciento de la energía eléctrica y CFE sólo el 52 por ciento. Con esta tendencia, al final de la década, la proporción sería de privados el 85 por ciento y CFE sólo el 15 por ciento, lo que significa la desaparición de CFE y el control casi total por parte de privados. Con el inconveniente de que esos privados son casi totalmente extranjeros. En efecto, según datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de 2008, los extranjeros dominaban ya el 70 por ciento de la generación de energía eléctrica generada por privados. Hoy en día, la empresa española Iberdrola está generando alrededor del 31 por ciento de la energía eléctrica del país, la misma proporción que CFE.
Esto no puede seguir adelante, la reforma del sector eléctrico nacional es vital para el país, para recuperar nuestra soberanía energética no sólo en el campo de los hidrocarburos sino también en el sector eléctrico.
