El CJF anunció su presupuesto para el año 2025, se solicitarán cerca de 75 mil 142 millones de pesos con el objetivo de garantizar los derechos laborales de los trabajadores del PJF.
CIUDAD DE MÉXICO (Sentido Común).- El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) anunció su presupuesto aprobado para el año 2025, el cual es 12.8% inferior al presupuesto asignado en 2018. Para el próximo año, se solicitarán cerca de 75 mil 142 millones de pesos con el objetivo de garantizar los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF).
En un comunicado, el CJF informó que, tras la aprobación del presupuesto de egresos para el próximo ejercicio fiscal, este fue enviado al Ejecutivo Federal para su integración en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que será presentado ante la Cámara de Diputados en los próximos días.
Según el Consejo, a pesar de los recortes realizados por la Cámara Baja, se efectuaron ajustes conforme a políticas de austeridad y racionalización del gasto para asegurar la continuidad del servicio a la población.
Además, el CJF explicó que 8 de cada 10 pesos del presupuesto se destinan a servicios personales, destacando que “el capital humano es el factor clave de la impartición de justicia”. De esta manera, la mayor parte del presupuesto se distribuye entre las 50,081 plazas vigentes, ya que estos empleados se desempeñan directamente en labores jurisdiccionales y de apoyo a la función jurisdiccional.
También se aclaró que el presupuesto garantiza los derechos laborales de los trabajadores del PJF “en estricto apego a lo previsto en el Artículo Décimo Transitorio de la reciente reforma constitucional, que establece el compromiso de respetar todos los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) vigentes al momento de su entrada en vigor”.
No obstante, el CJF detalló que existen diversas suspensiones derivadas de juicios de amparo interpuestos en contra de la reforma judicial constitucional, las cuales impiden hacer ajustes presupuestarios que afecten las remuneraciones de los servidores públicos, lo que significa que deberán mantenerse en sus montos actuales.
