Lenia Batres informó que la Segunda Sala rechazó, un proyecto donde proponía otorgar un amparo a un estudiante, quien impugnó el cobro de un diplomado como requisito para obtener su título.
CIUDAD DE MÉXICO (Sentido Común).- La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, informó que la Segunda Sala rechazó, por mayoría de tres votos, uno de sus proyectos en el que proponía otorgar un amparo a un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien impugnó el cobro de un diplomado como requisito para obtener su título de licenciado en Derecho.
Según los argumentos de Batres Guadarrama, la propuesta buscaba defender el carácter gratuito de la educación impartida por el Estado, conforme lo establece el artículo 3º, fracción quinta, de la Constitución. Sin embargo, la ministra señaló que sus colegas consideraron que la UNAM no vulnera el derecho a la igualdad en la educación, ya que ofrece otras modalidades de titulación que no requieren un pago.
Batres también destacó que, según estadísticas de la UNAM, solo el 18% de los estudiantes se titula mediante tesis, tesina o examen profesional. En contraste, más del 40% ha optado por modalidades “de menor dificultad”, como la “Ampliación y profundización de conocimientos”, que incluyen cursos o diplomados de educación continua, los cuales implican un costo. La ministra argumentó que esto evidencia una discriminación estructural basada en motivos económicos.
A través de una nota informativa en sus redes sociales, Batres también mencionó que la Segunda Sala aprobó otorgar un amparo a un particular en contra de las reformas a la Ley Minera. Advirtió que, si se aprueba esta suspensión, se incurriría en una contradicción respecto a la constitucionalidad del decreto en cuestión.
Además, subrayó que este tema no puede ser resuelto de inmediato, ya que, desde el 11 de junio, el pleno de la Suprema Corte acordó aplazar la resolución de todas las impugnaciones contra la Ley Minera hasta que se resuelva la acción de inconstitucionalidad 129/2023, relacionada con las normas que regulan la industria extractiva.
