La ministra Lenia Batres denunció que los 50 días de paro en juzgados y tribunales de distrito, han costado al erario 9 mil 440 millones de pesos y la suspensión en la impartición de justicia
CIUDAD DE MÉXICO (Sentido Común).- La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, dio a conocer un informe sobre el quebranto económico que ha dejado el paro de labores en juzgados y tribunales, como manifestación en contra de la Reforma al Poder Judicial.
La ministra informó que a 50 días de huelga en juzgados y tribunales de distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF) se ha ocasionado un daño económico preciso de 9 mil 440 millones 700 mil 720 pesos a las arcas nacionales.
Asimismo, publicó en millones el presupuesto el presupuesto de juzgados y tribunales de distrito:
- Anual: $68, 917, 261,195
- Diario: $188,814,414
- 50 días de paro: $9,440,720,700
Además, recordó que la sesión del pasado 7 de octubre, quedó claro que Presidencia de la Corte no puede establecer medidas cautelares como desean los opositores a la reforma ya que no existe una norma jurídica que la autorice expresamente para hacerlo, y sin dicha base normativa generaría una violación de los principios de legalidad y seguridad jurídica.
Asimismo, refrendó que la facultad de crear normas jurídicas recae únicamente en el poder legislativo (Congreso de la Unión), mientras que el Poder Judicial tiene la función de interpretar y aplicar dichas normas.
Por lo tanto, si los juzgadores pudieran otorgar medidas cautelares no previstas en la ley, estarían, de facto, legislando, lo cual contraviene el principio de separación de poderes y podría llevar a un ejercicio desmedido de poder por parte de esta SCJN.
Batres Guadarrama fue una de las tres ministras que el pasado 3 de octubre, un día después de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, votó en contra de que la Suprema Corte pretendiera analizar la constitucionalidad de la Reforma Judicial y darle entrada a controversias de particulares en contra.
A ella se unieron sus compañeras, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, no obstante, se vieron superadas por los votos a favor de sus ocho pares del Alto Tribunal, entre ellos, Norma Piña Hernández, ministra presidenta y abierta opositora a la iniciativa.
En dicha sesión tanto Esquivel como Batres anticiparon un ‘golpe de estado técnico’ de sus compañeros para intentar revertir la reforma al Poder Judicial ya en vigor y sobre todo, la elección popular de jueces, magistrados y ministros
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