La jueza federal de Coatzacoalcos, Nancy Juárez Salas ordenó al Poder Ejecutivo que elimine el decreto de reforma judicial, argumentando ‘separación de poderes’ y violaciones en su aprobación
CIUDAD DE MÉXICO (Sentido Común).- En otro intento de obstaculizar la instrumentación de la Reforma Judicial, una jueza federal pretende eliminar su publicación del Diario Oficial de la Federación (DOF), a pesar de que su decreto se dio desde el pasado 15 de septiembre.
Argumentando presuntas violaciones en el procedimiento legislativo para su aprobación, Nancy Juárez Salas, titular del Juzgado Décimo Noveno de Distrito en Coatzacoalcos, Veracruz, intenta ordenar al Ejecutivo que baje del DOF el decreto de la referida reforma.
Al parecer de la juzgadora, el dictamen de reforma “no fue discutido ni votado por la Cámara de origen dentro del plazo máximo de 30 días naturales a partir de su presentación”.
“Resulta procedente conceder la suspensión definitiva con efectos restitutorios, para que las autoridades responsables Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Director del Diario Oficial de la Federación, en el ámbito de sus respectivas competencias, eliminen la publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de septiembre del 2024, del Decreto de Reforma Constitucional”, se lee en el documento emitido por la jueza.
La juzgadora esgrimió los ya constantes argumentos de la ‘independencia del poder judicial’, sobre los demás poderes del Estado y la violación a los derechos humanos de sus integrantes y directamente afectados por la reforma.
Asimismo, insta a notificar al presidente Obrador, y al director del Diario Oficial de la Federación, Alejandro López Gonzáles, de los oficios 17879/2024 y 17880/2024, además de entregarles la resolución correspondiente, con base en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
Esto, con el objeto de que ambas autoridades retiren el decreto del diario y se detenga al progreso de la reforma en su fase de instrumentación.
“Lo cierto es que también existe un especial interés en que los procesos que se realicen para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se apeguen a los estándares respecto a los de derechos humanos y mantengan las bases fundamentales que sostengan los principios de una norma de esta naturaleza, de ahí que por el contrario, si no se concediera la suspensión de los actos, se corre el grave riesgo de que la independencia judicial como valor íntegro de un estado de derecho, se erosione en perjuicio de las quejosas”, dicta la sentencia emitida”, abunda la jueza.
Cabe mencionar que, a pesar de que otros integrantes del Poder Judicial, como la referida Juárez Salas, han intentado bloquear en cada una de sus etapas la reforma, no lo han conseguido, además de que su último argumento, la necesidad de que la reforma haya sido discutida en sede legislativa con 30 días de margen, sólo aplica para las iniciativas ‘trámite preferente’, que el Ejecutivo puede presentar al inicio de cada periodo ordinario, y no es el caso de la Judicial.