La ministra Lenia Batres informó que, durante los 34 días de paro de labores, los trabajadores del Poder Judicial han ocasionado un daño económico de 6,419 millones 690,084 pesos.
CIUDAD DE MÉXICO (Sentido Común).- La ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres, informó que, durante los 34 días de paro de labores, los trabajadores del Poder Judicial han ocasionado un daño económico de 6,419 millones 690,084 pesos.
De acuerdo con los datos proporcionados por la ministra, hasta el momento se han abandonado 440 mil juicios de amparo, por lo que propone que la SCJN y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) garanticen la reanudación de actividades, suspendan los pagos a quienes insisten en el paro de labores y sancionen a los manifestantes que han incurrido en actos de violencia.
A través de un mensaje en redes sociales, Batres Guadarrama explicó que las suspensiones de labores representan un monto diario de 188 millones 814 mil 414 pesos, y que durante los 34 días de esta protesta se han acumulado 6,419 millones 690 mil 084 pesos.
“Lo anterior quiere decir que, cada día que han suspendido sus labores los tribunales y juzgados del PJF nos han costado 188 millones 814,414 pesos. Por eso, el paro de 34 días ha ocasionado un daño a la ciudadanía por 6,419 millones 690,084 pesos, debido al gasto en un servicio que no ha sido proporcionado”, explicó.
Además del daño económico, la ministra Batres señaló que existe un grave perjuicio en el acceso a la justicia, ya que se han abandonado 440 mil juicios de amparo, cifra que, comparada con años anteriores, es cuatro veces mayor a la cantidad de asuntos resueltos.
“En agosto de 2023, se resolvieron 113,246 asuntos en juzgados y tribunales; sin embargo, en agosto de este año apenas se resolvieron 14,081 asuntos, y aún falta ver el corte de septiembre”, agregó.
La ministra también denunció los actos de violencia cometidos por los manifestantes en contra de la reforma judicial, los cuales han dejado daños materiales. Por ello, propuso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) garanticen la reanudación inmediata de actividades jurisdiccionales, suspendan los salarios de quienes insistan en continuar con el paro de labores y sancionen a los responsables de actos violentos e, incluso, de delitos cometidos durante las protestas.
“La inacción reiterada de la SCJN y del CJF solo puede revelar una estrategia deliberada de promoción de la violencia”, comentó.
