CNDH rechaza acción de inconstitucionalidad contra la reforma judicial

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La CNDH informó que no interpondrá una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma judicial, “toda vez que dicha reforma es el resultado de la voluntad popular”.

Fuente: Senado de la República.

CIUDAD DE MÉXICO (Sentido Común).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que no interpondrá una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma judicial, “toda vez que dicha reforma es el resultado de la voluntad popular y una de las consecuencias derivadas del proceso democrático del 2 de junio”.

Ante diversas “presiones de actores partidistas” para interponer dicha acción, la CNDH señaló que estas presiones son manipulaciones y argucias de los mismos actores, quienes buscan dejar en manos del Poder Judicial el destino de la “nueva legislación”. Reiteraron que no van a “satisfacer agendas partidistas” ni se prestarán a la visión del servicio público como un “espectáculo” que consiste en “pronunciar discursos para ofender e insultar, y tomarse la fotografía para montar sus campañas”.

“Son las argucias que siempre han utilizado, y por eso su empeño en manipular a la CNDH y sumarla a sus cálculos. Así lo han hecho desde que inició la actual gestión, y hemos resistido, y seguiremos resistiendo, porque nuestro único compromiso es con el pueblo“, se lee en el comunicado.

Asimismo, refrendaron su apoyo a la iniciativa de otorgar a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) el control de la Guardia Nacional (GN), y reiteraron su compromiso de respaldar los reclamos históricos de la población en busca de “Libertad, justicia y democracia”.

La Comisión señaló que no se identificaron vicios en el proceso legislativo de la reforma judicial, por lo que no es posible impugnarla mediante una acción de inconstitucionalidad, “ya que no se trata de una norma inferior sujeta a comparación con la Constitución, sino de la voluntad soberana del pueblo reflejada en la modificación de las disposiciones que rigen al Poder Judicial”. Añadieron que tampoco respaldan esta impugnación porque constituiría una ilegalidad y “una traición al pueblo”.

Detallaron una lista de argumentos y razones que sustentan su apoyo a la reforma judicial, explicados en los siguientes puntos:

  1. La reforma está fundamentada en razones que no solo compartimos, sino que impulsamos. Lo expresamos públicamente el 18 de mayo de 2023, y forma parte de dos recomendaciones: la Recomendación General 46/2022 y la 98VG/2023.
  2. Quienes se han opuesto a la reforma mienten descaradamente. Por ejemplo, al intentar manipular nuestra historia. Basta recordar que contamos con antecedentes de elección democrática de los integrantes del Poder Judicial. Concretamente, la Constitución de 1857 establecía en la Sección III, “Del Poder Judicial”, lo siguiente:

“Artículo 90.- Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Corte Suprema de Justicia y en los tribunales de Distrito y de Circuito. “Artículo 91.- La Suprema Corte de Justicia se compondrá de once ministros propietarios, cuatro supernumerarios, un fiscal y un procurador general. “Artículo 92.- Cada uno de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia durará en su encargo seis años, y su elección será indirecta en primer grado, en los términos que disponga la ley electoral. “Artículo 93.- Para ser electo integrante de la Suprema Corte de Justicia, se necesita: estar instruido en la ciencia del derecho, a juicio de los electores; ser mayor de treinta y cinco años y ciudadano mexicano por nacimiento, en ejercicio de sus derechos”.

Entre otros puntos, la CNDH explicó que su apoyo a la reforma judicial se debe a que “es idónea” para garantizar los derechos humanos en México, y que “es fundamental” para asegurar el acceso a la justicia y a la democracia. Concluyeron afirmando que la Comisión no se dejará intimidar por las presiones, insultos y amenazas de los grupos partidistas que se oponen a este cambio constitucional, y que no se “supeditarán a poder alguno”, ya que su único compromiso es “velar por los derechos” de la población y de las víctimas del Poder Judicial.

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