En medio de feminicidios, homicidios y desapariciones, los distintos feminismos seguimos discutiendo sobre quién es el sujeto político de nuestro movimiento. Sería obvio que fueran las mujeres; sin embargo, ¿quiénes entran en la categoría?, ¿bajo qué parámetros? Y, en ese sentido, ¿quién es el sujeto de los derechos de las mujeres?
El tema no es menor porque tiene relación con la manera en que los feminismos entienden la relación de sexo y género, clase, raza, sexualidad y las diversas opresiones, por tanto también la violencia. Hace más de 40 años las llamadas guerras del sexo se iniciaron principalmente en Estados Unidos y luego fueron ampliándose a Europa hasta llegar a América Latina. Estas guerras nunca terminaron.
En años recientes los desacuerdos feministas se han intensificado tanto en la academia como en foros y redes sociales, a propósito de las leyes de identidad de género establecidas en distintos países que reconocen los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la identidad personal, al nombre, a la identidad sexual, a la identidad de género… de personas que no se identifican con el sexo que les fue asignado al nacer.
El quid de los desacuerdos contemporáneos en el feminismo se puede ubicar, como dije, en cómo se entiende la relación entre sexo y género. Aunque los temas espinosos sean amplios y con finos matices, pienso que terminan por decantar en este punto. Para algunas feministas el problema de la opresión y de la violencia en contra de las mujeres se encuentra principalmente en el hecho de ser mujer, entendido esto sólo desde el discurso biológico y no como un devenir social, histórico y cultural en coconstitución con la materialidad corporal.
Las personas trans* forman parte de una importante corriente dentro de los feminismos que busca que el sujeto político de este movimiento no se reduzca a un determinado tipo de mujer y pugna porque sus derechos e intereses no sean relegados a segundo término, sino que formen parte de la agenda política de un movimiento feminista múltiple, amplio y transformador; un movimiento que abogue como proyecto de sociedad por la abolición o extinción de todas las opresiones sociales.
Estos complejos debates se han llevado al ámbito de lo jurídico y de las políticas públicas, por ejemplo en el voto de la jueza Elizabeth Odio, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la resolución judicial de 2021 ante el caso de Vicky Hernández contra Honduras. La jueza manifestó su desacuerdo en que el Tribunal considerara responsable al Estado de Honduras por la violación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará) al no adoptar los medios apropiados y sin dilaciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia ejercida contra Vicky, mujer trans* activista por los derechos de la comunidad lgbttti y trabajadora sexual asesinada por agentes estatales en el país centroamericano.
Elizabeth Odio indicó que la Convención Belém do Pará no tiene como fin ni fue creada para reconocer y proteger los derechos de las mujeres trans*, sino de las mujeres “biológicas”. Además, afirmó que existe una confusión que tiende a sustituir sexo por identidad de género, y que ésta es tan subjetiva que puede cambiar de un día a otro, lo cual pondría en peligro los derechos de las mujeres (cisgénero); aseguró que esta tendencia llevaría al “borrado de las mujeres” al hablar de ellas en los instrumentos jurídicos con términos neutros, como personas gestantes o menstruantes.
Me es imposible (contra)explicar aquí todos los argumentos expuestos por la jueza Odio. Sin embargo, es importante destacar que este tipo de posiciones forma también parte del debate teórico-político feminista actual, que no se limita a la teoría, sino que incide en leyes y en la distribución de recursos, lo cual impacta directamente en la vida de las personas, posicionándolas en mayores o menores niveles de vulnerabilidad, discriminaciones, negación de derechos y violencias.
Por lo anterior, desde los feminismos transincluyentes pugnamos por la apertura al pensamiento múltiple en contraposición a un feminismo único y totalitario, propio de los dogmatismos, donde la relación sexo-género se encuentra aislada del análisis y la contextualización de otras opresiones, y se entiende como transcultural, ahistórica, coherente e inmutable.
Es necesario abrir el debate en y entre los feminismos de manera pública, para que se escuchen discursos y conceptualizaciones que trasciendan la idea causalista de la relación sexo-género, pues estas conceptualizaciones reproducen y legitiman la jerarquización de los cuerpos, la cual en parte ha llevado a la cruda realidad de violencia que sufrimos, producto de la lógica capitalista, clasista, racista, cis sexista y colonial, imperante en los países latinoamericanos.
