Argentina se encuentra atravesando una de las gestiones más agresivas en términos de desmemoria. Desde la asunción del nuevo gobierno libertario, las políticas de memoria, verdad y justicia se han visto golpeadas una y otra vez desde distintos frentes. Uno de ellos, el simbólico, inició de forma temprana con los discursos negacionistas de la vicepresidenta Victoria Villarruel y con los gestos de confianza que algunos funcionarios han tenido para “revalorizar” a la corporación militar.
Lo discursivo fue sólo una parte de estos giros sobre el pasado. El proceso de desmantelamiento de la memoria acerca de las violaciones a los derechos humanos cometidos por la última dictadura militar avanzó a paso firme en los últimos meses. En marzo de este año, por ejemplo, el Ministerio de Defensa tomó la decisión de desarmar los equipos internos que investigaban los crímenes cometidos por la dictadura y que alimentaban los procesos judiciales impulsados durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner para juzgar a los responsables del terrorismo de Estado. Estos equipos eran importantes para la búsqueda de documentación probatoria de los delitos de lesa humanidad cometidos por las Fuerzas Armadas y porque significaban un gesto democratizador al interior del cuerpo militar.
Además de perjudicar los procesos de justicia, el gobierno nacional también avanzó sobre el desguace de las políticas de memoria. Uno de los espacios más golpeados es el Museo Sitio de Memoria ESMA, en donde funcionó el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio de la Escuela de Mecánica de la Armada, ubicaso en Buenos Aires. La Secretaría de Derechos Humanos decidió despedir a sus trabajadores y a los de otros sitios de memoria como los excentros clandestinos el Olimpo y Orletti.
El paquete para el olvido se reforzó, además, con el decreto que firmó el gobierno nacional para eliminar la Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del Terrorismo de Estado (UEI), perteneciente a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Co.Na.Di). Esta unidad actúa como una herramienta eficaz para agilizar las causas judiciales por apropiación de menores, una práctica que fue sistemática durante la dictadura. Como señalan las Abuelas de Plaza de Mayo, la búsqueda de al menos 500 niños y niñas robados de los brazos de sus padres o secuestrados al nacer en el cautiverio de sus madres no puede dejar de ser investigada ni sufrir este tipo de obstáculos. Existen más de siete mil denuncias presentadas ante la organización sobre la posible identidad de hijos apropiados. Es responsabilidad del Estado argentino garantizar la continuidad de la gestión de la búsqueda y la reparación del daño político ocasionado.
Detrás de los discursos que defienden el “achicamiento del Estado” y la necesidad de realizar ajustes sobre áreas “ideologizadas”, hay una clara decisión de borrar la memoria y la verdad sobre un pasado que molesta e incomoda a los poderosos de siempre. Los trabajos de búsqueda, pedagogía y conservación de los sitios en donde se secuestró, torturó y desapareció a miles de argentinos y argentinas no son un gasto público, pues allí es donde se construyen narrativas contrahegemónicas capaces de cuestionar y desnudar los verdaderos intereses de quienes hoy dirigen el destino del país.
