A la luz de la feroz represión ejercida contra los campamentos universitarios de Estados Unidos en apoyo a Palestina, la pregunta se ha hecho con cada vez más insistencia: ¿cómo es posible que la supuesta “tierra de la libertad” permita eso? ¿Y no sólo una vez sino repetidamente, en estado tras estado, en universidades privadas y públicas por igual?
El asunto tiene que ser abordado desde varios ángulos. En primer lugar, a pesar de los tan fetichizados derechos de la constitución estadounidense, la triste verdad es que un derecho, por contundente que parezca, no deja de depender de cómo es interpretado. En el caso de la primera enmienda —que protege, entre otras cosas, la libertad de expresión y asamblea—, las cortes han realizado una remarcable hazaña de prestidigitación. Por un lado, han determinado que cualquier tentativa de limitar las donaciones privadas a las campañas políticas constituye una violación de la libre expresión, permitiendo así un sistema de elecciones vendidas al mejor postor.
Por otro lado, han dado el visto bueno a todo tipo de limitantes a la libertad de expresión en su manifestación más terrestre. Estas toman la forma de restricciones al “tiempo, lugar y manera” de las manifestaciones permitidas, algo que las universidades han aprovechado al máximo. Una protesta sólo podrá organizarse en cierto espacio, dirán, entre tal y tal hora, mediante previo aviso, por organizaciones reconocidas (que muy a menudo no incluyen grupos en pro de Palestina) y sin casas de campaña u otro material de acampada. Si esa panoplia de métodos para castrar las manifestaciones no bastara, siempre pueden alegar la violación de alguna otra norma: exceso de ruido, alteración del orden público, discursos de odio o —en las circunstancias actuales— “antisemitismo”.
Tales limitantes judiciales son agravadas por la naturaleza privada de la educación superior en Estados Unidos. Dado que la mayoría de los campus se encuentran en propiedad privada, las protecciones otorgadas por la primera enmienda son incluso más débiles. Y detrás de la fachada de altruismo y los nobles ideales, estas universidades representan grandísimos negocios. La Universidad de Columbia, donde se instaló el primer plantón, cuenta con una dotación total de unos $13 mil 600 millones de dólares ($233 mil millones de pesos, el equivalente a los presupuestos de los estados de Veracruz y Querétaro para el 2024). Con unos 245 edificios en su posesión, la universidad es, además, la terrateniente más grande de la ciudad de Nueva York en cuanto a número de direcciones. Esas dotaciones, a su vez, representan enormes bolsas para la inversión en fondos de cobertura y capital privado, en las industrias armamentística y farmacéutica, en empresas que, directa e indirectamente, alimentan el genocidio en Gaza.
Las universidades también reciben lujosos contratos del Departamento de Defensa y las agencias de inteligencia del país para la investigación científica, lo que en los hechos las convierten en la tercera ala del complejo militar-industrial-académico. Por su parte, los exalumnos acaudalados donan millones a sus alma máter a cambio de exenciones tributarias. Y con dinero baila el perro.
Días después de que los estudiantes de Columbia lograran reinstalar su plantón luego de la intervención policial, el dueño del equipo de futbol americano los Patriotas de Nueva Inglaterra, Robert Kraft, anunció que estaba retirando su apoyo financiero a la universidad. Para una administración universitaria típica, entre perder donadores o desalojar un plantón molesto, ¿qué va a escoger?
Por todo esto, las exigencias de los grupos universitarios han sido uniformes, de protesta en protesta, de campus en campus. Primero: disclose, o revelar inversiones vinculadas al genocidio. Segundo: divest, anular esas inversiones. Una estrategia, en suma, diseñada a desarticular la red internacional de financiamiento que posibilita la matanza, siguiendo una ruta que funcionó con éxito contra el régimen del apartheid en Sudáfrica en la década de 1980. Y por esto, también, la andanada contra los estudiantes del lobby de Israel y del mismo Benjamín Netanyahu ha sido tan feroz: saben exactamente lo que está en juego. No queda más para los manifestantes, entonces, que cumplir con la segunda parte de su refrán: We will not stop, we will not rest! No pararemos, no descansaremos.
