Implementar una nueva visión sobre el derecho a la vivienda ha implicado enfrentar resistencias e intereses en todo el país.
En un periodo de ocho años, México nacionalizó y reprivatizo la banca. Por entonces, el gobierno federal controlaba 56 instituciones bancarias y a las empresas que dependían de ellas, luego las puso en venta y en pocos años, ante su franco deterioro y eventual quiebra, las rescató. El costo de aquel daño a la nación se sigue pagando. En estos hechos se vieron envueltos cuatro presidentes.
De la nacionalización
El 1 de septiembre de 1982, el entonces saliente mandatario José López Portillo mandó a publicar en el Diario Oficial de la Federación un decreto de nacionalización de la banca privada.
En su sexenio, de 1976 a 1982, se vivió el auge y la caída de los precios del petróleo y comenzó una crisis económica de inhumanas consecuencias, derivadas de tasas de inflación sin precedentes, elevados niveles de desempleo y la reducción en los salarios reales, incluso mayores a las vividas durante la segunda guerra mundial y su etapa de posguerra. En términos agregados, la actividad económica se contrajo bruscamente, comenzó la devaluación del peso (que impulsaba la galopante inflación), despuntó la fuga de capitales y, en consecuencia, se agotaron las reservas del Banco de México.
El gobierno de López Portillo inició su reclamo en voz de su secretario de Hacienda, Jesús Silva-Herzog Flores, en la Convención Nacional Bancaria de 1982, quien recordó que la banca era un servicio concesionado y que el gremio había mostrado poco compromiso ante la situación que se vivía entonces. Las políticas implementadas volvían a incrementar los precios de los bienes, buscando atajar el déficit público, además se permitió un tipo de cambio preferencial para pagar deudas públicas y privadas. En paralelo a estas decisiones, se iniciaron negociaciones para la restructuración de la deuda externa y la suscripción de una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Las medidas fueron explícitamente rechazadas por los banqueros, quienes alentaron la salida de capitales.
El decreto de nacionalización después fue fortalecido con un cambio constitucional al artículo 28, que aseguró el monopolio estatal del servicio de la banca y crédito. Este suceso en la estructura económica generó un cambio de fondo y se considera un hecho que inició el cambio de régimen político en el país y el fin del presidencialismo.
La banca pública
La decisión de nacionalizar la banca fue notificada una noche antes al entonces presidente electo, Miguel de la Madrid, ganador en las elecciones del 4 de julio de 1982. Él argumentó en contra, su opinión fue que la maniobra no resolvería los fuertes problemas económicos mexicanos. Aquel momento pudo significar un viraje en la política económica del país.
La gestión del gobierno como administrador del sistema bancario tiene méritos. Francisco Suárez Dávila explica que la gestión fue una palanca para sortear la crisis de la década de 1980. Como argumentos están la orientación de forma efectiva a empresas y la generación de esquemas de tratamiento financiero para las deudas en dólares, mediante el Fideicomiso de Cobertura de Riesgos Cambiarios (Ficorca), la cartera vencida disminuyó a 1 por ciento al final del sexenio, se desarrollaron nuevos instrumentos financieros, se fomentó la competencia entre instituciones, casi no aumentó el personal y el gasto operativo se redujo, incrementando las utilidades de 16 a 20 mil millones en 1989.
Sin embargo, el sexenio de Miguel de la Madrid desde el comienzo optó por regresar la banca a manos privadas. Hay registro de decisiones que reflejan la voluntad por reprivatizar el sector. Por ejemplo, se incluyó a los empresarios en los Consejos Directivos de los bancos, también se emitieron certificados de administración patrimonial por hasta 34 por ciento de las acciones de la banca. El ambiente internacional moldeó en buena medida las decisiones que se tomaron en los siguientes años respecto a toda la economía, y por supuesto en el específico de la banca, en la línea del pensamiento neoliberal.
Reprivatización
El neoliberalismo impulsó una serie de reformas económicas que promovieron la desregulación de diversos sectores, con el argumento de que con ello se reducirían costos y se incentivaría la competencia empresarial, lo que tendría consecuencias positivas para el bienestar social. Uno de los ejemplos más sobresalientes fue la liberalización del sector financiero, pasando de una regulación directa, a una de tipo “prudencial”. La administración de Carlos Salinas (1988-1994) terminó las reformas estructurales que inició De la Madrid, orientadas a instaurar un modelo de economía abierta y de Estado mínimo. En tan sólo ocho años el país cambió radicalmente: pasamos de un manejo económico proteccionista a uno de apertura comercial.
La postura de Salinas implicaba redirigir los fundamentales macroeconómicos al incremento del volumen de comercio exterior e insertar a México en los mercados de capitales internacionales. En 1989, se reglamentó la Ley de Inversión Extranjera de 1972, para permitirles tener 100 por ciento de la propiedad en “áreas no restringidas”, el equivalente a dos terceras partes del producto, destacando entre varios sectores la inversión extranjera en la bolsa de valores. La privatización de empresas estratégicas avanzó sobre los sectores de industrias básicas, comunicaciones, transporte y banca. Dentro del total de empresas nacionales que el gobierno de Salinas vendió, el Estado obtuvo cerca de 23 mil millones de dólares, donde 57 por ciento ingresó por la privatización de la banca.
Salinas plantea que la ideología no estuvo relacionada con su decisión. Nada más lejos de la verdad, la ideología tuvo todo que ver. El grupo gobernante que accedió al poder en 1982 compartía de fondo la tesis del modelo neoliberal. La influencia de miembros alineados con esta perspectiva se dio gracias al apoyo del FMI, el Banco Mundial (BM), el Departamento del Tesoro y la Reserva Federal de Estados Unidos. Funcionarios del Banco de México y de Hacienda crecieron y ganaron posiciones contra el grupo nacionalista del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Los gabinetes económicos en el gobierno federal, desde Miguel de la Madrid hasta Ernesto Zedillo (1982-2000), se compusieron con personas en áreas financieras del gobierno de México y educados en universidades de élite de Estados Unidos, donde la doctrina neoliberal dominó a las instituciones mencionadas. Salinas implementó políticas que, según él, modernizarían al país a través de fincar su solidez en el mercado y en la iniciativa privada.
Pésima gestión de los bancos privados y el Fobaproa
La supuesta recuperación de la economía bajo el mandato de Salinas tuvo una caída exponencial. La debilidad de los fundamentos del cambio económico hacia mediados de 1991 ya mostraba un resquebrajamiento, tendencia que continuó en 1992, hasta topar con niveles de estancamiento absoluto en 1993. En su momento, el gobierno Salinas de Gortari consolidó la imagen internacional de un presidente reformador y un ejemplo a seguir. Sin embargo, como consecuencia de una complicada situación económica, se decidió emitir bonos para aplazar la devaluación, ya que estaba en juego la elección presidencial de 1994.
El endeudamiento generado por Salinas provocó que el nuevo mandatario, Ernesto Zedillo, enfrentara una de las crisis más graves que ha tenido el país; para resolver el problema, el gobierno mexicano solicitó a Estados Unidos un préstamo, complementado con recursos adicionales del FMI y otros organismos multilaterales que mejoraron la liquidez del país.
Sin embargo, las medidas de ajuste desencadenaron una fuerte recesión económica, que terminaría en la transferencia de la deuda privada a la sociedad, a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).
Más que un instrumento jurídico de respaldo a los ahorradores del país, el Fobaproa constituyó un suceso de la historia económica de México. Surge en un contexto de sucesivas crisis económicas que afectaban constantemente la liquidez del sistema bancario, por lo que se ideó como un fondo de contingencia para enfrentar problemas financieros extraordinarios.
El fondo debía asumir las carteras vencidas y capitalizar las instituciones financieras. Y es que con Salinas de Gortari se inició la reprivatización de los bancos de México, y antes de que acabara su sexenio ya se estaban interviniendo por su franco deterioro y potencial quiebra. Con Zedillo aumentaron la magnitud del costo fiscal y de las intervenciones del Estado a los bancos. Sin embargo, se decidió no expropiar ni nacionalizar, sino respaldar con recursos públicos a las instituciones mediante el uso del fideicomiso. El monto acumulado y detallado en 1998 en una iniciativa de ley enviada por el presidente reveló un manejo de 552 mil 300 millones de pesos, equivalentes al 15 por ciento del producto interno bruto (PIB), saldo que debería ser reconocido como deuda pública.
Este suceso cimbró al país y puede ser una de las principales causas de la pérdida de la mayoría priista en el Congreso de la Unión en las elecciones intermedias y también de la derrota presidencial del tricolor en 2000. Para Andrés Manuel López Obrador, el Fobaproa constituyó un actuar inhumano, es la conversión de la deuda privada de un grupo de banqueros en deuda pública, cargando contra el bienestar de los más necesitados.
