El papel del Estado mexicano es crucial no sólo para impulsar el crecimiento económico, sino también para asegurar que sea equitativo y sostenible, en beneficio de áreas menos desarrolladas, y que cumpla con criterios de responsabilidad ecológica.
¿Qué escenario económico va a enfrentar el próximo gobierno y donde debería enfocar sus esfuerzos? Los próximos años encararemos el llamado nearshoring en el contexto de la economía global actual, como se conoce a la reducción de cadenas de suministro en la producción internacional. Este fenómeno, que implica trasladar operaciones de producción y servicios más cerca del mercado de destino, se ha convertido en una pieza clave en la reconfiguración económica mundial y presenta una oportunidad dorada para México. No obstante, el aprovechamiento pleno de estas oportunidades va más allá de la mera ubicación geográfica; requiere enfrentar desafíos tanto internos como externos.
En este contexto, el papel del Estado mexicano es crucial no sólo para impulsar el crecimiento económico, sino también para asegurar que sea equitativo y sostenible, en beneficio de áreas menos desarrolladas, y que cumpla con criterios de responsabilidad ecológica. La implementación de políticas que promuevan la inversión y el desarrollo en estas regiones puede generar empleo y estimular economías locales, creando un ciclo virtuoso de crecimiento y desarrollo.
Además, en el proceso de expansión industrial, la responsabilidad ecológica debe ser una prioridad. El desarrollo económico debe ir de la mano de prácticas sostenibles, para asegurar que el crecimiento no se produzca a expensas del medio ambiente, garantizando así la sostenibilidad a largo plazo tanto para el medio ambiente como para la economía.
En lugar de dejar que el nearshoring reconfigure de manera anárquica la economía mexicana, como podría sugerir una visión neoliberal, el desafío es utilizar las herramientas del Estado para dar forma conscientemente a esta transformación, construyendo así la economía que México necesita para el futuro, en lugar de conformarse con la que el mercado global podría imponer de forma pasiva.
La clave para capitalizar plenamente estos beneficios minimizando los costos reside en la habilidad del país para coordinar de manera efectiva las distintas entidades gubernamentales, el sector privado y la academia. En este contexto, la Secretaría de Economía, encargada de la política industrial, juega un rol crucial. Su éxito, sin embargo, dependerá de su capacidad para trabajar en sinergia con otras dependencias gubernamentales, así como con la diplomacia económica y los actores locales (tanto gobiernos locales como sector privado local). La coordinación estratégica y efectiva entre diferentes actores es esencial para aprovechar al máximo las oportunidades del nearshoring, pero también lo sería en ausencia de este fenómeno. A fin de cuentas, de lo que se trata es de evitar que el crecimiento económico simplemente reproduzca desigualdades regionales y desequilibrios ecológicos existentes independientemente del contexto global.
¿Cómo debe intervenir el Estado? Una de las herramientas más importantes en este sentido es la política industrial, un concepto que, aunque fue olvidado conscientemente durante décadas, hoy se vuelve imprescindible. Por medio de diversas herramientas regulatorias, fiscales, educativas y de coordinación, México tiene la oportunidad de construir una economía que mejore el bienestar de la mayoría de la población.
Para esto, la política industrial debe centrarse en identificar y desarrollar sectores estratégicos, como la manufactura avanzada, tecnologías de la información, energías renovables y biotecnología, que no sólo ofrecen integración en cadenas de valor globales, sino que también promueven la innovación y el desarrollo tecnológico interno.
Además, la política industrial debe enfocarse en distribuir el crecimiento manufacturero de manera más equitativa a lo largo del país, aprovechando las capacidades productivas de cada región, y así evitar la concentración en las mismas regiones de siempre. Esto implica implementar estrategias que estimulen la inversión y el desarrollo industrial en áreas menos desarrolladas, creando así oportunidades de empleo y crecimiento económico en regiones que tradicionalmente han sido marginadas. Se trata no de construir una política industrial para todo el país, sino de identificar las intervenciones estratégicas que más convengan en cada región para aprovechar el impulso que viene de fuera. Esta política debe ser multifacética, incluyendo aspectos regulatorios, fiscales, educativos y de coordinación, todo con el objetivo de construir una economía que beneficie ampliamente a la población mexicana. Centrándose en sectores estratégicos, como la manufactura avanzada, tecnologías de la información, energías renovables y biotecnología, no sólo se buscaría integrar a México en las cadenas de valor globales, sino también fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico interno.
El desafío principal, sin embargo, trasciende la identificación de intervenciones estratégicas para el crecimiento económico. El obstáculo más significativo radica en la coordinación eficiente entre la multitud de actores involucrados. Desde la infraestructura hasta la información, la capacitación y las certificaciones, definir las acciones a seguir tanto a nivel regional como nacional es apenas el comienzo. La verdadera complejidad reside en lograr una colaboración efectiva y armónica entre los diversos participantes en este proceso, incluyendo entidades gubernamentales de los tres niveles de gobierno, el sector privado y la academia, mientras se tiene en cuenta la enorme diversidad al interior de estas categorías.Esta coordinación es crucial para transformar las estrategias y políticas planificadas en resultados tangibles y beneficiosos para el desarrollo económico del país.
La Secretaría de Economía, clave en el diseño de la política industrial, requiere coordinar con otras áreas del gobierno federal para su efectiva implementación. Medio Ambiente (Semarnat), Trabajo y Previsión Social (STPS), Gobernación (Segob) y Seguridad (SSPC), entre otras dependencias, desempeñan roles importantes en la implementación de la política industrial, aunque no sea su función principal.
El objetivo, por supuesto, no es convertir al próximo gobierno en un ente monotemático, sino asegurar que los cuellos de botella potenciales, que puedan surgir durante el proceso de crecimiento manufacturero, se identifiquen y resuelvan de manera eficiente. Entre todas, la coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destaca por su importancia, siendo su capacidad operativa internacional clave para reforzar la presencia de México en la economía global.
En cuanto a la coordinación dentro del gobierno federal, se han realizado avances significativos en la administración actual. Las tres secretarias de Economía fortalecieron la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, promoviendo el intercambio de información y la creación de mecanismos de comunicación directa para resolver problemas de coordinación interinstitucional. A pesar de estos progresos, quedan espacios de oportunidad, sobre todo para evitar la duplicidad de esfuerzos y mejorar procesos administrativos.
Pero esta es la parte fácil del enorme problema de coordinación que tenemos enfrente. Resulta crucial para el éxito de cualquier estrategia establecer sinergias efectivas con los gobiernos subnacionales, la academia y el sector privado. Cada uno de estos actores tiene sus propios intereses, aspiraciones y objetivos, lo que añade complejidad a la tarea de coordinar esfuerzos. Establecer una colaboración efectiva entre estos diversos niveles y sectores es fundamental para el éxito de la política industrial y, en última instancia, para el desarrollo económico equilibrado del país.
Esta coordinación no debe ser percibida simplemente como una colaboración, sino como una integración estratégica de esfuerzos y recursos entre los diferentes niveles de gobierno, el sector privado y la academia. Cada uno de estos actores aporta valor único: el gobierno proporciona el marco regulatorio y la infraestructura necesarios; el sector privado inyecta innovación y agilidad; y la academia es una fuente vital de investigación y desarrollo de capital humano. La combinación de estas fortalezas es crucial para garantizar que el crecimiento económico impulsado por el nearshoring no sólo sea robusto, sino también inclusivo y sostenible, abarcando todas las regiones del país.
En este contexto, surge una tarea imperativa para el Estado mexicano: la creación de un mecanismo de coordinación multidimensional donde quepan no sólo instancias del gobierno federal, sino de gobiernos subnacionales, el sector privado y la academia. Tal debe cumplir una doble función: ser un eficaz conductor de políticas y estrategias, y actuar como un facilitador de diálogo y colaboración entre los diversos actores y sectores implicados. Adoptar un enfoque de coordinación tan integral es esencial para que México no sólo se adapte y prospere en la era del nearshoring, sino también para garantizar que el crecimiento económico resultante sea equitativo y beneficioso para toda la sociedad mexicana.
La instauración de este mecanismo de coordinación multidimensional se perfila como un paso crucial para asegurar un futuro próspero y sostenible para México en el panorama económico global. La alternativa es dejar que el mercado “coordine” estos esfuerzos, pero ese resultado ya lo conocemos y dudo mucho que sea lo que el país necesita.
