Redacción | Internacional
CIUDAD DE MÉXICO (Sentido Común).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dio a conocer una conclusión en la que establece que los Estados tienen responsabilidad en la venta y distribución ilegal de armas que llegan a países del continente americano.
En su Opinión Consultiva 30, el tribunal subrayó que el tráfico ilícito de armas influye en el incremento de la violencia y la criminalidad, lo que repercute en el ejercicio de los derechos humanos protegidos por la Convención Americana y otros instrumentos internacionales.
El análisis del tema se inició en 2023, cuando México solicitó a la Corte IDH una opinión consultiva sobre el tráfico de armas. Dos años antes, el país presentó una demanda penal contra las principales empresas dedicadas a la venta de armas en Estados Unidos.
La acusación sostiene que estas compañías facilitan el tráfico ilegal de armas que cruzan la frontera y terminan en manos de cárteles mexicanos.
Durante la presentación del documento, el juez presidente del tribunal, Rodrigo Mudrovitsch, explicó que los Estados deben actuar con debida diligencia frente a actividades que puedan derivar en el tráfico ilícito de armas y sus posibles efectos en los derechos humanos.
En el documento, la Corte IDH plantea cuatro ejes de acción para prevenir violaciones a los derechos humanos relacionadas con este fenómeno. Entre ellos se encuentran la obligación de regular y adoptar disposiciones en el derecho interno; fiscalizar y supervisar las actividades empresariales; garantizar recursos judiciales efectivos para las víctimas; y fortalecer la cooperación internacional.
El tribunal también indicó que los Estados deben implementar medidas para evitar el tráfico ilegal de armas. Entre ellas, asegurar el marcaje, registro y rastreo de las armas de fuego, así como conservar información sobre su fabricación, ubicación y transferencias. También se contempla mantener datos sobre las armas que hayan sido confiscadas o decomisadas.
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