Los medios han sido colaboradores de la narconarrativa bajo la agotada conceptualización liberal y neoliberal de la “prensa libre”
Para pensar la paz en el contexto inmediato de violencia en México es imperativo examinar críticamente la generación y diseminación de información inscrita en la agenda oficial sobre el “narco” que continúa dominando de un modo estandarizado en los medios de comunicación. Revisemos un ejemplo sintomático: la intersección entre información cuantitativa sobre grupos del crimen organizado, la circulación de noticias en medios impresos y electrónicos, y las narrativas hegemónicas sobre la “guerra contra las drogas”. El 8 de mayo de 2020 circuló una nota en el polémico sitio de noticias argentino Infobae, que en el párrafo de entrada resume lo que en otros trabajos he llamado “narconarrativa”: el relato de Estado que justifica y legitima la ocupación militar del país en el nombre del combate al tráfico de drogas. Cito de la nota: “México se ha consolidado como uno de los puntos neurálgicos no solamente para el trasiego de drogas, sino que también se ha convertido en un campo de batalla donde la violencia impera y las organizaciones criminales compiten por el poder y el control de zonas específicas de tú a tú con el gobierno”.[1]
La fuente principal del artículo es un estudio publicado por el think tank The International Crisis Group, que contabilizó entre 2009 y 2019 un total de 463 grupos criminales mediante el método de scrapping —una herramienta para automatizar la extracción de información de la internet que se utiliza principalmente con fines de marketing— para buscar toda mención a grupos criminales en medios de comunicación del mainstream, pero también en sitios pequeños y “narcoblogs” de información inverificable y con frecuencia de procedencia anónima. Lejos de discernir cuidadosamente cada una de las referencias, se cruzó el nombre de un líder de un supuesto grupo criminal en cualquier localidad para afirmar que ese grupo “operaba” en la zona, lo que el mismo think tank admitió que resulta en “muchos falsos positivos”. Pero según el International Crisis Group, lo preocupante en realidad es que se cuenten menos grupos criminales de los que ellos creen que operan en el país porque simplemente no son reportados en ningún medio.[2] En un nuevo reporte publicado este 2022, el think tank aumentó la cifra de grupos criminales a 543, pero con el caveat de que menos de la mitad continúa en operaciones, aunque con una “creciente diversificación de las fuentes de ingresos ilícitos”.[3]
En el fondo de la narconarrativa generada por estas bases de datos se encuentran fuentes oficiales combinadas con notas de prensa que a su vez reproducen las mismas fuentes oficiales. La cuestión de la “diversificación” de los cárteles, por ejemplo, se remonta a la década de 1990, cuando, según la DEA —la agencia antidrogas estadounidense— las organizaciones mexicanas comenzaron a pedir a sus contrapartes colombianas un pago en especie.[4] Para 1996, la DEA afirmaba que la “conexión mexicana” del narco traficaba no sólo cocaína, sino también metanfetamina.[5] El tono alarmista de James R. Jones, entonces embajador de Estados Unidos en México, captura el marco geopolítico de la “guerra contra las drogas”. El narcotráfico internacional, según el embajador, “Socavará la democracia. Socavará el desarrollo comercial. Socavará el libre comercio”.[6]
Dentro de esta narrativa, el miedo al cártel globalizado en los albores del Tratado de Libre Comercio trajo fantasías aún más radicales sobre el hampa criminal de México. El lenguaje que consideraba el tráfico de drogas como una “enfermedad” venenosa y a los traficantes como “cucarachas” ha sido parte integral de la retórica de la “guerra contra las drogas”. Reformulando el newspeak de la célebre novela 1984, de George Orwell, la criminóloga Diana Gordon llamó drugspeak a la práctica discursiva implementada en las décadas de 1980 y 1990 para demonizar al traficante de drogas de bajo nivel y presentar la guerra contra las drogas como una cruzada santa.[7] Tanto el traficante como el consumidor de drogas se unieron a las filas de las “clases peligrosas”, un término que circula desde mediados del siglo 19 en Europa y los Estados Unidos para criminalizar la pobreza y la migración.[8]
Las implicaciones ideológicas de pensar el marco simbólico de la “guerra contra las drogas” escapan a la mera funcionalidad cuantitativa de la información detrás del artículo de Infobae. Este tipo de nota circula una y otra vez, ritualmente, entre los medios de comunicación conforme se anuncian más bases de datos similares, como la de Lantia Intelligence —una plataforma digital fundada entre otros por Eduardo Guerrero, experto en seguridad y exfuncionario de la oficina de la presidencia y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) del gobierno de Salinas—, que en 2020 contó un total de 35 “cárteles”, seis grandes y 29 bandas locales, basándose también en fuentes abiertas como hizo el International Crisis Group, junto con posts de Facebook, Twitter e Instagram.[9] O incluso bases de datos generadas desde la academia, como una creada en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) que también recopila referencias sobre organizaciones criminales en múltiples medios de comunicación, videos de YouTube, blogs y comunicados de prensa oficiales. Ahí se afirma la existencia, en 2020, de 150 grupos criminales operando en los 32 estados del país, con tres grandes organizaciones: el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa y la Familia Nuevo Michoacán, en ese orden. Se señala sin mayor contexto un total de 163 alianzas y 179 rivalidades entre esos grupos.[10] Reproduciendo esta información, un artículo de El País afirmaba que “no hay rincón de México donde los narcos no tengan presencia. Como una enfermedad degenerativa, su poder se ha ido extendiendo por cada coordenada y produce cada año más dolor, más víctimas”.[11] El artículo establece a la vez una relación de causalidad en la llamada “presencia” del crimen organizado y los altos índices de violencia que se experimentan en el país.
La limitación central de estas bases de datos son sus fuentes abiertas, que se encuentran en internet, con insuficientes esfuerzos por validar cualitativamente las afirmaciones hechas por los medios de comunicación analizados. En varios niveles, las bases de datos articulan críticas válidas de las políticas antidrogas de México y Estados Unidos; paradójicamente, sus hallazgos también potencian los escenarios alarmistas de la “guerra contra las drogas” que promueven en México agencias como la DEA, que en su último reporte sobre el fenómeno del narcotráfico, por ejemplo, sólo reconoce nueve cárteles “significativos” en México.[12] Pero las disparidades en la superficie de los datos cuantitativos, que como hemos visto oscilan entre 35 y 543 grupos criminales organizados, no son el único aspecto problemático de su metodología: en última instancia refuerzan la urgencia general de la narrativa de seguridad nacional al tiempo que ofrecen un escaso análisis sobre la dimensión cualitativa de la violencia, reiterando la culpa oficial a los llamados “cárteles” o a las “organizaciones criminales transnacionales” del derramamiento de sangre. Debemos discernir la influencia generalizada de los datos cuantificados como un problema central en nuestra comprensión de la sociedad contemporánea mediatizada. De lo contrario, como argumenta el reconocido teórico de medios Douglas Rushkoff, “estamos a merced de quienes hacen la programación” y de “las personas que les pagan, o incluso de la tecnología misma”.[13]
La desaparición de los 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa ha sido una extraordinaria oportunidad para cuestionar la narrativa hegemónica de la “guerra contra las drogas”. Como argumentan Fernando Escalante Gonzalbo y Julián Canseco, los padres de los estudiantes desaparecidos rechazaron la “verdad histórica” defendida por el gobierno federal y con ello consiguieron extraer el crimen de la lógica de la narconarrativa oficial.[14] La mayoría de los asesinatos en México, sin embargo, caen continuamente bajo la narrativa de la “narcoviolencia”. Me gustaría comentar brevemente uno que está en el centro de mi proyecto actual de investigación para dar un ejemplo de cómo una masacre, analizada a detalle, difícilmente puede contarse como una más de las atrocidades atribuidas a los “cárteles” mexicanos. En la madrugada del 31 de enero de 2010 un grupo armado mató a 15 personas, entre ellas diez estudiantes de preparatoria y universidad, durante una fiesta de cumpleaños en la colonia Villas de Salvárcar, ubicada en los márgenes de Ciudad Juárez. Los asesinos llegaron en al menos cuatro camionetas y cerraron el acceso a la calle. Según una versión, uno de ellos, armado con un AK-47, ordenó a uno de los padres que se alejara de la calle porque estaban llevando a cabo un “operativo”.[15] Detengámonos en la configuración de la “narconarrativa” oficial que legitima no sólo la violencia de la “guerra contra el narco”, sino el estado general de militarización permanente que continúa de manera alarmante con la actual ocupación militar del país ya no sólo en tareas de seguridad sino, como sabemos, en numerosas zonas del gobierno federal.
La masacre fue borrada por la narconarrativa mediante dos procesos simultáneos: primero se enmarcó como un tiroteo más entre traficantes rivales, asumiendo que las víctimas “andaban en algo”, como dijo el presidente Felipe Calderón unas horas después de los asesinatos, basándose en informes iniciales de inteligencia que dijo recibir durante una visita oficial a Japón.[16] Y segundo, y lo más importante, al construir una percepción pública de los perpetradores del crimen. Al igual que sucedió con el caso Ayotzinapa, los padres de los estudiantes refutaron la declaración inicial del presidente Calderón. Las víctimas inocentes fueron exculpadas del intento de criminalización del gobierno.[17] Pero la masacre se mantuvo dentro de la narrativa oficial cuando la DEA y la policía federal mexicana dijeron a los medios que los estudiantes fueron asesinados por “sicarios” del “Cártel de Juárez” por error, asumiendo que eran miembros de una pandilla local que trabajaba para el rival “Cártel de Sinaloa”. [18]
La investigación oficial fue cuestionada desde el inicio, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) constató que uno de los presuntos “sicarios” detenidos días después de la masacre había confesado bajo tortura.[19] Un segundo hombre, presuntamente el líder de “La Línea” —el “brazo armado del Cártel de Juárez”, como lo llama la DEA—, fue arrestado el 29 de julio de 2011 y acusado de ordenar la masacre de Villas de Salvárcar.[20] Esta vez, antes de tramitar su extradición a Estados Unidos, la Policía Federal difundió un video con el detenido confesando la masacre, pero lo acusó además de otros mil 500 asesinatos, el tiroteo de una empleada del consulado estadounidense y su esposo, e incluso un atentado con coche bomba que mató a cuatro personas más en Juárez.[21] Ha superado exponencialmente el récord histórico establecido por el “asesino en serie más prolífico en la historia de Estados Unidos”, un hombre llamado Samuel Little que confesó apenas 93 asesinatos en una carrera criminal de 35 años, aunque el FBI sólo pudo verificar 50 de esos casos.[22]
Como han argumentado los académicos Claire Moon y Javier Treviño, cuando se analiza la dimensión cualitativa de la violencia más allá del mero conteo de homicidios queda claro que el discurso que afirma que todos los asesinatos son resultado de la “narcoviolencia”, cuyas víctimas tenían que estar “involucradas” en la economía ilícita, es una estrategia que “enmascara la violencia estatal, estigmatiza a las víctimas y autoriza la pasividad de los espectadores”.[23] Las autoridades lograron reinsertar la masacre en la narconarrativa, como en parte lo han logrado también con el caso Ayotzinapa: fueron “sicarios” —tal vez accidentalmente— los que mataron a los estudiantes en una “guerra de cárteles” por la “plaza” de Juárez.
Sostengo en cambio que lo sucedido a los estudiantes de Villas de Salvárcar y a sus familias no fue otro episodio de violencia colateral de la “guerra contra el narco”. Periodistas como Dawn Paley y Federico Mastrogiovanni, junto con académicos como Guadalupe Correa y Alexander Aviña, entre otros, han explorado vínculos entre la militarización y el extractivismo, la desaparición forzada y el despojo territorial de comunidades enteras a manos de las fuerzas armadas oficiales y grupos paramilitares, es decir, una guerra contra los sectores más pobres del país administrada por las élites político-empresariales y perpetrada por su aparato de seguridad. El periodista Ignacio Alvarado ha dicho que la militarización de la frontera también fue una oportunidad para realizar una estrategia de “limpieza social masiva contra los jóvenes sin recursos en comunidades marginadas. Los perpetradores fueron muchas veces policías y soldados, y los homicidios sirvieron como prueba de que, como Alvarado dijo, ‘algo’ se estaba haciendo para combatir el crimen”.[24]
La masacre de Villas de Salvárcar no fue el resultado de una guerra, sino de su opuesto, lo opuesto de la guerra. El novelista británico-paquistaní Nadeem Aslam ha capturado la dimensión más paradójica del concepto de guerra: “Lo opuesto a la guerra no es la paz sino la civilización, y la civilización se compra con violencia y asesinato a sangre fría. Con la guerra”.[25] Tal vez esta pregunta se considere mejor dentro de las humanidades precisamente porque debe abordarse no en términos cuantitativos sino cualitativos. La “guerra” se ha convertido en un significante vacío, en una respuesta estandarizada a los procesos violentos encarnados por víctimas sin nombre y sin rostro y por perpetradores intercambiables en un horizonte inacabable. Pero la masacre de Villas de Salvárcar también fue lo opuesto de la guerra en un sentido más literal porque no fue un conflicto entre dos facciones en pugna, sino un acto cruel de exterminio, un “operativo” que no enfrentó resistencia, sino gritos de horror, impotencia y vulnerabilidad.
Los medios han sido colaboradores de la narconarrativa bajo la agotada conceptualización liberal y neoliberal de la “prensa libre”. Al recordar la influencia de los medios en la cobertura previa a la invasión estadounidense de Irak, el académico Philip Seib argumenta que “la forma en que el público percibe la guerra depende hoy en día de la relación particular que los medios de comunicación tienen con el gobierno”, por lo que el “desequilibrio de influencia resultante es intrínsecamente antidemocrático y elimina un control importante sobre el poder del gobierno, lo que a su vez altera la dinámica política de la esfera pública”.[26] Quisiera concluir con las palabras del profesor Harold C. Goddard, un estudioso de Shakespeare, que acaso escribió la respuesta más elocuente al problema de la guerra:
Lo opuesto de la guerra no es “paz” en el sentido degradado en el que tenemos la costumbre de usar esta última palabra. La paz debería significar mucho más, pero lo que ha llegado a significar en nuestros labios es sólo la ausencia de la guerra. Lo opuesto de la guerra es la actividad creativa, el juego en sus implicaciones más elevadas.[27]
Creatividad, juego y pensamiento crítico libres de narrativas dominantes. Todo eso le fue arrebatado a esos jóvenes y a sus familias en Ciudad Juárez. Todo eso hay que encontrarlo de nuevo en esa región opuesta a la guerra.
Oswaldo Zavala es periodista y profesor de literatura y cultura latinoamericana en la City University of New York (CUNY). Su libro más reciente es La guerra en las palabras. Una historia intelectual del “narco” en México (1975-2020).
[1] “Cientos: las organizaciones criminales en México son muchas más que las estimadas por el gobierno”, Infobae, 8 de mayo de 2020. <https://www.infobae.com/america/mexico/2020/05/08/cientos-las-organizaciones-criminales-en-mexico-son-muchas-mas-que-las-estimadas-por-el-gobierno/>.
[2] Jane Esberg, “More than Cartels: Counting Mexico’s Crime Rings”, The International Crisis Group, 8 de mayo de 2020. <https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/mexico/more-cartels-counting-mexicos-crime-rings>.
[3] Ver: “Crime in Pieces: The Effects of Mexico’s ‘War on Drugs’ Explained”, The International Crisis Group, 2022. https://www.crisisgroup.org/content/crime-pieces-effects-mexicos-“war-drugs”-explained
[4] John Ward Anderson y Molly Moore, “Mexican Cartels Diversify”, The Washington Post, 12 de agosto de 1996.
[5] Tim Golden, “Mexican Connection Grows As Cocaine Supplier to U.S.”, The New York Times, 30 de julio de 1995.
[6] Golden, op. cit.
[7] Diana R. Gordon, The Return of the Dangerous Classes: Drug Prohibition and Policy Politics (Nueva York: W. W. Norton & Company, 1994), p. 185.
[8] J.M Taylor, “‘The Resurrection of the ‘Dangerous Classes’”, Journal of Prisoners on Prisons, Vol. 6, Número 2 (1995), p. 7-16.
[9] “Mapa criminal. México 2019-2020”, Lantia Intelligence, enero de 2020, p. 3. <https://lantiaintelligence.com/datos>.
[10] Véase el “kit de prensa” de la Base de presencia criminal en México 2020 (BACRIM-2020), presentado por el Programa de Política de Drogas del CIDE. <https://ppdata.politicadedrogas.org/PPD/GC/PPD/GC/files/BACRIM2020-PK.pdf>.
[11] Elena Reina, “Los agujeros negros de México: cada rincon tomado por el narco”, El País, 8 de mayo de 2022.
[12] Drug Enforcement Administration (DEA), “2020 National Drug Threat Assessment”, p. 66. <https://www.dea.gov/sites/default/files/2021-02/DIR-008-21%202020%20National%20Drug%20Threat%20Assessment_WEB.pdf>.
[13] Douglas Rushkoff, Program or Be Programmed. Ten Commands for the Digital Age (New York: OR Books, 2010), p. 128.
[14] Fernando Escalante Gonzalbo y Julián Canseco Ibarra, De Iguala a Ayotzinapa. La escena y el crimen (México: El Colegio de México, 2019), p. 85.
[15] Ricardo C. Ainslie, La lucha por salvar a Juárez. La vida en el corazón de la guerra contra las drogas en México (Austin, Texas: The University of Texas Press, 2013), p. 184.
[16] “Villas de Salvárcar a 10 años del asesinato de 15 personas y el ‘andaban en algo’ de Calderón”, Sin embargo, 31 de enero de 2020.
[17] “Entre reclamos, pide Calderón ‘disculpas’”, Noroeste, 8 de noviembre de 2015.
[18] “Masacre de Villas de Salvárcar: ¿qué ocurrió?”, Milenio, 16 de mayo de 2020.
[19] “SCJN ordena liberar a un implicado en masacre de Salvárcar”, Aristegui Noticias, 6 de noviembre de 2013.
[20] “’El Diego’, arrestado en México, ‘confiesa’ 1.500 muertes”, BBC Mundo, 31 de julio de 2011.
[21] El video de “El Diego” confesando está disponible en YouTube: <https://youtu.be/BM7yEvNb52E>.
[22] Doha Madani, “FBI confirma la confesión de Samuel Little: Es el peor asesino en serie en la historia de Estados Unidos”, NBC Noticias, 7 de octubre de 2019.
[23] Clare Moon and Javier Treviño-Rangel, “‘Involved in something (involucrado en algo)’: Denial and stigmatization in Mexico’s ‘war on drugs’”. The British Journal of Sociology (2020): 1–19, p. 2.
[24] Dawn Paley, Capitalismo antidrogas. Una guerra contra el pueblo (México: Sociedad Comunitaria de Estudios Estratégicos y Liberad bajo palabra, 2018), p. 140.
[25] Nadeem Aslam, The Blind Man’s Garden (Londres: Faber and Faber, 2013).
[26] Philip Seib, Selling War. The Role of the Mass Media in Hostile Conflicts from World War I to the “War on Terror”, Eds. Josef Seethaler, Matthias Karmasin, Gabriele Melischek and Romy Wöhlert, (Bristol, UK: Intellect, 2013), p. 12.
[27] Harold C. Goddard, El significado de Shakespeare, Vol. 1 (Chicago: The University of Chicago Press, 1951), p. 186.
