Por Jorge Tonatiuh Martínez Aviña

En México, las pensiones doradas no se terminaron cuando Andrés Manuel López Obrador decidió que, bajo los principios de austeridad republicana y “primero los pobres”, los expresidentes del país no podían mantener ingresos millonarios a costa del erario. Basta recordar que Felipe Calderón recibía anualmente 54 millones de pesos (MDP); Vicente Fox, 48 MDP, Carlos Salinas, 42 MDP, y Luis Echeverría, 44 MDP. ¹

A pesar del fuerte mensaje que se dio al respecto, se mantuvieron pensiones al amparo de esquemas de beneficio a altos funcionarios —directores generales, subdirectores o gerentes—, empleados de empresas o entidades estatales, quienes mantuvieron el privilegio de recibir, en algunos casos, más de un millón de pesos mensuales. 

El 18 de febrero pasado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció una iniciativa de reforma al artículo 127 de la Constitución, con el propósito de limitar al 50% la pensión de los exfuncionarios de confianza respecto a la remuneración que recibe la persona titular del Ejecutivo, manteniendo a salvo aquellas que se otorguen bajo las condiciones generales de trabajo. 

La reforma tiene todo el sentido del mundo y forma parte de una serie de cambios al sistema de pensiones mexicano, el cual se ha venido transformando desde hace más de siete años. Es cierto que, en términos generales, el sistema se mantiene bajo un esquema de administración privada, en el que las Afores desempeñan un papel determinante y en el que también podría impulsarse una reforma de gran calado; sin embargo, los cambios materializados son vastos.

En 2020 se reformó la Ley del Seguro Social, aumentando progresivamente las aportaciones patronales, que pasaron del 5.15% al 13.87%; se redujeron las semanas de cotización necesarias para alcanzar la pensión mínima garantizada, de 1,250 a 750 en beneficio de muchos trabajadores (con un ajuste posterior progresivo para estar en el piso de 1,000 semanas); y se atajó la comisión que cobran las Afore por el manejo de los recursos, las cuales, por cierto, interpusieron y perdieron, un recurso de amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En 2024 se creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar, cuyo propósito es elevar las pensiones mediante un pilar complementario, igualando el ingreso de los nuevos pensionados al 100% de su último salario, siempre que este fuera inferior a los $16,700 pesos mensuales (ajustado anualmente a la inflación). 

Los párrafos anteriores se refieren a pensiones contributivas; sin embargo, los mayores cambios en nuestro país están ligados a las no contributivas, mejor conocidas como Pensiones para el Bienestar, que hoy son un derecho universal. Estas fueron instauradas bajo el mandato de López Obrador, y posteriormente profundizadas, con perspectiva de género, por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ajustó la edad de acceso para todas las mujeres del país, en reconocimiento del trabajo de cuidados no remunerado.

La reforma presentada hace unos días es redistributiva, porque continua con la reducción en la brecha de ingresos entre pensionados y, además, destina el presupuestado ahorrado a los programas sociales. 

¿Habrá polémica? Sin duda. Personas como José Ángel Gurría, quien se jubiló a los 43 años tras apenas un año y medio como director general de un banco de desarrollo, bajo un régimen que le permitía computar sus años previos en otras áreas del sector público para alcanzar una pensión vitalicia de alto nivel;²  pero también toda la camarilla de confianza, que, bajo esquemas ventajosos, accedió a una vida de lujos pagados con nuestros impuestos: esos que tiene pensiones mal habidas con la que pocos sueñan.

¹ Gobierno de México. Conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, jueves 28 de julio de 2022. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=0WFiAs47CGU

² Milenio. La insultante pensión de Gurría. Disponible en https://www.milenio.com/opinion/agustin-gutierrez-canet/sin-ataduras/la-insultante-pension-de-gurria