El primer sexenio de la cuarta transformación puso al centro el tema de la corrupción. Pudimos darnos cuenta de que este fenómeno no sólo trata de una interrupción del orden legal mediante sobornos o puertas giratorias, ni mucho menos de un asunto de nuestra idiosincrasia, sino de la modelación de leyes y actos de fuerza que permiten el control sistemático del Estado por parte de una oligarquía.
Así como se habla de un narcoestado, también puede hablarse de una plutoeconomía, en la que las élites son las que, de forma directa, establecen las directrices que habrá de seguir la acción gubernamental para permitir nuevas vías de negocios, incluso en sectores sensibles, como la energía, la educación o la salud.
El primer asalto contra la corrupción ha sido asestado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador al instaurar un entorno de austeridad y un redireccionamiento del presupuesto para fines productivos soberanos. No ha sido una batalla fácil, ya que el poder económico, arraigado por muchos años en nuestro país, todavía tiene tentáculos activos (léase: poder judicial y mediático) que intentan frenar la consolidación del nuevo modelo.
Por ello es que decimos que no puede consolidarse una democracia política si no disolvemos la oligarquía en lo económico (de hecho, el lector debe tener presente que el concepto de democracia representa, por definición ateniense, una lucha directa contra las oligarquías). Por lo tanto, el segundo sexenio de la cuarta transformación no debe perder de vista la necesidad de obtener la mayoría calificada legislativa para contar con una fuerza suficiente que permita vencer la amenaza del retroceso.
Lo que quiero decir es lo siguiente: el Estado neoliberal fue moldeado por las plutocracias para reducir al gobierno a una agencia de negocios, por lo que para continuar con la cuarta transformación es necesario reformular la visión y construir un Estado social con nuevas reglas y contenidos, abiertamente solidario y social tanto en la regulación y planificación a largo plazo, como en su organización administrativa interna.
La lucha contra la corrupción debe continuar y, en mi opinión, es el momento de abordarla de manera estructural, en un segundo asalto, especialmente centrándonos en la protección y seguimiento de lo alcanzado en materia económica. Esto con el objetivo de lograr que obras estratégicas que están por madurar —las refinerías, el Tren Maya y el Corredor Interoceánico— no sólo generen crecimiento, sino que se conviertan orgánica y sostenidamente en el motor de una economía social, moral y humanista.
