Sonia Vargas Terrero está siendo investigada por ser una de las principales involucradas en la trama de corrupción de Genaro García Luna, informó el titular de la UIF, Pablo Gómez.
CIUDAD DE MÉXICO (Sentido Común). – A través de la conferencia de prensa del Gobierno de México, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, afirmó que Sonia Vargas Terrero, quien recientemente fue contratada en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), es directamente responsable de la firma de contratos por 71 millones 600 mil dólares que son parte de la trama de corrupción gestionada por el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Los contratos se realizaron durante las administraciones federales de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, e involucran a otros funcionarios de la entonces Policía Federal Preventiva (PFP), los cuales constituyen el núcleo central de la demanda que ha presentado el Gobierno Federal para la recuperación de 700 millones de dólares surgidos de operaciones ilegales y lavado de dinero.
Respecto a la demanda, Pablo Gómez informó que actualmente se encuentra detenida por la defensa de los citados funcionarios, quienes cuestionan la competencia del Tribunal de Florida. Sin embargo, consideró que esto se resolverá en breve y se reactivará el proceso para la recuperación del recurso millonario.
En cuanto a los funcionarios señalados en la firma de contratos de la que hizo responsable a Sonia Vargas, se mencionó a Rodrigo Esparza, comisionado de la PFP con un contrato de 69 millones 100 mil dólares, Humberto Martínez, director general de Apoyo Técnico de la misma PFP con 38.8 millones de dólares, Luis Cárdenas Palomino con 2.5 millones de dólares y Rafael Avilés, jefe de la División de Fuerzas Federales con 12 millones de dólares.
De la administración de Enrique Peña Nieto se liga al Director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional con 253 millones de dólares y 67 millones de pesos, y a Eduardo Guerrero Durán, comisionado de Previsión y Readaptación Social con 88 millones de pesos.
Finalmente, el titular de la UIF concluyó que se trata de un: “gigantesco mecanismo de succión de dinero público que ronda los 700 millones de dólares. Es una cantidad muy grande. México ha acudido a tribunales civiles de Florida donde se encuentra gran cantidad de estos bienes y dinero para que sea restituido al país”.
