El viernes 31 de marzo presenté en el Centro Cultural Elena Garro, ubicado en el corazón de Coyoacán, el libro Feminismos, justicias y derechos frente al neoliberalismo, junto con las académicas feministas Marta Lamas y Guadalupe Huacuz, así como con el jurista sociólogo argentino Roberto Gargarella.
Todas las intervenciones fueron emotivas, críticas y ricas en comentarios. Los temas que se abordaron sobre la publicación incluían importantes discusiones contemporáneas. Sin embargo, me voy a centrar sólo en uno de ellos debido a su pertinencia en la coyuntura política de nuestro país: la administración de justicia y la democracia, las cuales vincularé con las críticas que Andrés Manuel López Obrador ha hecho a lo largo de su mandato a jueces y juezas por sus decisiones.1 El presidente ha dicho que el poder judicial “protege corruptos del poder judicial y económico”; también, que se trata de una oligarquía que protege a los privilegiados. Esto ha llevado a AMLO a proponer otra reforma judicial.
Así pues, en la presentación de la obra, Roberto Gargarella planteó la importancia de la cuestión democrática y su relación, en especial, con la justicia penal, aunque este autor la extiende a todo el derecho. Coincido con el jurista en que existe una negativa de la mayoría de las y los intelectuales, así como de gobiernos progresistas, en no confiar en someter, sobre todo, las decisiones penales y de derechos a la sanción pública, por ejemplo, la postura de Luigi Ferrajoli, quien separa las cuestiones de derechos de la decisión democrática.
No obstante, en México AMLO ha intentado hacerlo diferente y ha puesto el tema sobre la mesa del debate. Recordemos que sometió a consulta pública varias decisiones en las que la sociedad tiene posturas encontradas; una de ellas, la de iniciar investigaciones penales a expresidentes por corrupción y fraude. También ha dicho, con la fuerte protesta de la mayoría de las feministas, que la legalización del aborto en el país debe someterse a consulta debido a lo polarizado del tema.
Gargarella ha cuestionado que la democracia deliberativa sea un riesgo para la justicia —es decir, me parece que apoya que las decisiones judiciales, incluso penales, o las decisiones gubernamentales se sometan a consulta pública—. En ese sentido, intuyo una coincidencia básica de este autor con el presidente de México, aunque el constitucionalista argentino hace una crítica y abona un matiz que AMLO ni considera y que son indispensables si nuestro presidente quiere tomar en serio la justicia democrática.
De manera crítica, Gargarella dice que someter a consulta decisiones públicas al vapor y sin un debido tratamiento o proceso participativo complejo termina siendo una vulgar estratagema del poder para legitimar sus decisiones. Se requiere mínimamente de un proceso de discusión colectiva y de la intervención de todas las personas que potencialmente se verán afectadas por aquello que se somete a consulta. Quiero poner de relieve la afirmación de que las consultas que se pretenden democráticas no se reducen a decidir entre esto o aquello, entre un “sí” o un “no”, como ha sucedido en las que ha impulsado AMLO. Se necesita “de razones y correcciones y no confinarnos al rechazo o aceptación en bloque de lo que otros nos proponen; requiere de un diálogo continuo y no de consultas episódicas”.
Adicionalmente, tendríamos que considerar que en cuanto a autonomía e independencia judicial se legitiman con la argumentación y la publicidad de sus sentencias; además, como cualquier otro servidor público, sobre todo los de último grado, los jueces y juezas deben rendir cuentas sobre los estándares éticos y legales empleados en su desempeño.
Para finalizar, un último punto que puede dar pistas a la cuarta transformación sobre su incomodidad con el actuar del poder judicial, y que aplicaría al propio gobierno, está relacionado con lo que Gargarella denomina sala de máquinas de la constitución, idea que esbozó mínimamente en la presentación del libro. Se trata de ir más allá del reconocimiento de derechos constitucionales, lo cual se vincula con la forma de organización de los poderes y se encuentra fuertemente relacionado con la cuestión de la justicia y la democracia. En mi opinión, si el gobierno de Andrés Manuel tiene interés en hacer un verdadero cambio y acabar con las élites, una alternativa es impulsar la democratización de la justicia en serio e implementar mecanismos participativos complejos que permitan a la población y la ciudadanía echar mano de aquello que el jurista argentino denominó “sala de máquinas”.
Notas
1. Por ejemplo, la declaración de inconstitucionalidad que la mayoría de los ministros de la Suprema Corte emitió en contra de la ley que pretendía ubicar a la Guardia Nacional en la estructura operativo administrativa de la Secretaría de la Defensa Nacional; la suspensión de la reforma electoral emitida por el ministro Javier Laynez en virtud de la aceptación de una acción de inconstitucionalidad promovida por el Instituto Nacional Electoral, además del amparo concedido por un juez de distrito al exgobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, acusado de delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, entre varias otras.
