De forma reiterada, la mayoría de los juzgadores da la espalda al pueblo de México. Ya ni siquiera, en la cultura del individualismo, les importa su prestigio personal: dilapidan su escasa credibilidad con tal de sostener un régimen de corrupción.
Por años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha caracterizado por fallar contra el interés social para favorecer a las élites económica y política de derecha, con lo que ha convalidado el sistema corrupto y neoliberal.
Por ejemplo, en octubre de 1998 —tres años después de que se desatara la crisis económico financiera del priista Enesto Zedillo, conocida como “error de diciembre” o “efecto tequila”, y a la par del multimillonario latrocinio del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), que con dinero del pueblo rescató a la banca privada y a los más ricos del país, deuda que se terminará de pagar hasta el año 2042— la Suprema Corte avaló que las instituciones financieras cobraran interés sobre interés a los deudores (el llamado anatocismo). El entonces ministro presidente José Vicente Aguinaco declaró que se actuaba “con estricto apego a derecho”. Centenas de personas perdieron su patrimonio por esta decisión, pues sus adeudos se volvieron impagables en un momento en el que el peso se devaluaba a diario.
Así ha actuado el llamado máximo tribunal del país “en apego a derecho”, cuando las leyes permiten o justifican el saqueo nacional; pero cuando limitan los intereses de los poderes fácticos, los ministros y ministras están dispuestos a violar la constitución mediante argucias legaloides. La lista de agravios que revelan a la Corte como un ente corrupto y sometido a intereses ajenos a la justicia y al bienestar de los más desprotegidos es muy amplia y no sólo se refiere a temas de índole económica, sino también de derechos humanos.
En ese sentido, quizá la mayor injusticia que nos muestra el descaro de los ministros y ministras sea el caso del incendio en la Guardería ABC, que el 5 de junio de 2009 —en Hermosillo, Sonora— cobró la vida de 49 bebés y lesionó a otros 104, 70 de ellos de gravedad.
Lejos de hacer justicia para esas víctimas inocentes, a mediados de 2010 el pleno de la Corte –con excepción de los ministros Arturo Zaldívar, Juan Silva y Olga Sánchez Cordero– se convirtió en cómplice de un crimen de Estado para garantizar impunidad a la familia del entonces presidente Felipe Calderón.
Hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente [Margarita Zavala], para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno [calderonista] que hoy viene a hablar de estado de derecho, de autonomía y de no se cuántas cosas sin ninguna autoridad moral para decirlo, porque yo puedo dar fe de que eso es una hipocresía, porque no fue ese el comportamiento,
señaló el entonces presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, el 22 de febrero de 2022, durante la presentación del libro 10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial.
Ponente del caso ABC, el jurista también narró las amenazas y presiones del entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, para que la resolución de la Corte no responsabilizara de la tragedia a los dueños de la guardería —entre ellos la prima de la actual diputada panista Margarita Zavala: Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella—, ni al entonces director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Daniel Karam Toumeh, quien impidió que los bebés quemados fueran trasladados a hospitales especializados en Estados Unidos. Este caso no sólo implica una grave violación a los derechos humanos de los bebés fallecidos y heridos, sino también los delitos de obstrucción de la justicia, coalición de servidores públicos para la comisión de un crimen, tráfico de influencias, abuso de poder, corrupción y delitos contra la salud por impedir la atención médica inmediata en favor de los bebés quemados.
La Corte no hizo nada por restaurar el estado de derecho ni por impartir justicia, al contrario: se burló de las víctimas y fue pieza clave en ese crimen de Estado.
Los ejemplos de graves agravios sociales cometidos por la SCJN sobran. El más reciente quizá sea la flagrante violación al artículo 105, fracción I, de la constitución —que prohíbe las controversias constitucionales en materia electoral—, en la que incurrió el ministro Javier Laynez Potisek. El viernes 24 de marzo de 2023 en la noche, la Suprema Corte dio a conocer que el juzgador —impulsado por el entonces presidente Enrique Peña Nieto— admitió a trámite la controversia constitucional presentada por el Instituto Nacional Electoral (INE) y concedió una suspensión total para que no surta efectos el llamado plan B del proyecto electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, decisión que también transgrede la normatividad para beneficio de una élite de funcionarios electorales acostumbrados —al igual que los ministros y ministras— a enriquecerse con el presupuesto público vía compensaciones y sueldos ilegales.
Sin ninguna objeción por parte de la ministra presidenta Norma Piña, esta arbitrariedad podría consolidarse, como el resto de atropellos cometidos por el pleno del tribunal supremo.
De forma reiterada, la mayoría de los juzgadores da la espalda al pueblo de México. Ya ni siquiera, en la cultura del individualismo, les importa su prestigio personal: dilapidan su escasa credibilidad con tal de sostener un régimen de corrupción.
Esto se explica porque casi todos los ministros y ministras carecen de sentido de justicia; tampoco tienen conciencia social, en cambio se identifican con la conciencia de la clase burguesa y no con la de los más desprotegidos. De acuerdo con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, la conciencia social es la capacidad que tienen los seres humanos para percibir, reconocer y comprender los problemas y las necesidades de otras personas de su comunidad, entidad, grupo social o tribu; mientras que por conciencia de clase el marxismo entiende que es la perspectiva que permite a las personas identificarse con quienes pertenecen a su misma clase y, desde lo colectivo —sobre todo si se trata del sector obrero, aunque ahora podríamos hablar en ese sentido de las personas en situación de pobreza en general—, defender sus intereses.
Por su comportamiento abusivo y lejano a la justicia, queda claron que los ministros y ministras de la Suprema Corte que actúan contra el pueblo se identifican con la burguesía, con los dueños del capital, y que operan en consecuencia. A ese grupo pertenece, sin lugar a dudas, la ministra Norma Piña, actual presidenta de la Corte. Respaldada por los medios de comunicación corporativos, que le han puesto la etiqueta de ministra progresista sin que realmente lo sea (puesto que el progresismo implica estar del lado de los más desfavorecidos, entre ellos las personas en situación de miseria y pobreza), llegó a la institución por el apoyo del hoy expresidente priista Peña Nieto.
Aunque el mote de progresista se lo impusieron por votar a favor de causas feministas y de la comunidad LGTBQ+, ha votado en contra en casos en que claramente se favorecería a sectores desprotegidos.
Electa con seis votos a favor —los otros cinco los obtuvo el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena— para el periodo 2023-2026, Piña es la primera mujer que preside el alto tribunal; sin embargo, la juzgadora se caracteriza por defender, mediante su voto, el modelo neoliberal, principal responsable de profundizar las graves desigualdades sociales y expoliar los bienes de la nación mediante privatizaciones.
Ejemplo de ello fue la votación sobre la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica —iniciativa de la llamada cuarta transformación para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por encima de los intereses de empresas trasnacionales y para garantizar el derecho humano a la energía—, ante la que la hoy titular de la SCJN votó en contra, en abril de 2022.
Otros asuntos a los que se opuso Piña fueron la consulta para juzgar a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por los crímenes cometidos durante sus gobiernos, incluidos los de lesa humanidad, no sólo los actos de corrupción. Los cinco exmandatarios son representantes del corrupto modelo neoliberal.
Otro de los temas que rechazó fue la aplicación de la prisión preventiva oficiosa en contra de los factureros, al determinar que los fraudes fiscales no son delitos graves. No obstante, las empresas factureras de operaciones simuladas son una figura aprovechada sobre todo por grandes contribuyentes para evadir impuestos, pero también por el crimen organizado para lavar dinero y, por tanto, se insertan en una estructura que ha derivado en la grave crisis humanitaria que aún padecemos en México.
Pero el problema no es sólo Norma Piña y sus votos, sino toda la estructura. Para la reflexión, hay que recordar también que fue la Corte la que impidió que los mexicanos y mexicanas decidiéramos en una consulta ciudadana si se hacía o no la corrupta reforma energética de Enrique Peña Nieto, que comprometió considerablemente a las industrias petrolera y eléctrica del Estado e incluso privatizó áreas importantes de ese sector estratégico.
También fue la SCJN la que avaló el criterio del entonces ministro Eduardo Medina Mora de impedir a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congelar cuentas bancarias con alerta de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo aunque la orden no proceda de autoridades extranjeras.
Así la Suprema Corte de Injusticia de la Nación.
*Nancy Flores | periodista en Contralínea
