El llamado de atención de la presidenta Iris Xiomara Castro exigiendo resultados a los encargados de la seguridad pública, la semana pasada, por el dudoso medio de un twit, que suena más a disculpa que a razón, da a entender que, en todo caso, como previmos, la calca de un estado de excepción como el de Nayib Bukele, aunque a medias tintas (parcial y georeferenciado), no detuvo las matanzas que asolan las calles y plazas de las ciudades principales de Higueras. Toda la región pasa desde hace treinta años por una crisis de violencia social agravada, como si, después de los procesos de paz que clausuraron las guerras civiles de 1970 a 1990, la violencia guerrillera se hubiera reinventado en una forma nueva, incontenible y paralela de la migración. ¿Acaso por eso también para enfrentarla los sectores oficiales han recurrido a la militarización?
Agradan ¿incluso ilusionan? las recientemente difundidas imágenes propagandísticas de las instalaciones en que, por cuentas, se hospeda y procura la rehabilitación –para su reinserción social, dicen- de los mareros presos en El Salvador. (No las terminamos de creer quienes tenemos alguna experiencia con las pantomimas del poder). Los videos que inicialmente, hace meses, circulaban, de la novel guerra de Bukele contra los mareros (en que a estos cautivos se los moviliza como animales, semidesnudos y humillados) repugnaban; y nos insertaban en una polémica gastada entre la deshumanización y la necesidad de Estado. (Aquí han ocurrido cosas peores, como hacerse de la vista gorda, la gente decente, mientras se incineraba vivos a centenares de reos en los penales de San Pedro Sula, La Ceiba y Comayagua como remedo de una “solución final” del Nationalsozialismus). Y el verdadero fascista reniega de Bukele y me responde que eso es una pérdida de tiempo y de recurso; la única solución es matarlos a todos.
Bukele se ufanaba el mes pasado, de los guarismos; ya no hay crimen y ha conseguido con su accionar una aprobación masiva. Pero hablamos de los síntomas y no de las causas, de los actos bloqueados y no de procesos sociales. De remediar las consecuencias, olvidando su gestación. Con una ilusión de carrusel: de comenzar de nuevo con cada vuelta y ciclo, con que se borra el archivo y se aíslan estadísticas que pierden todo sentido, concebidas como avances en la mítica lucha maniquea, que no va a ningún lado entre el bien y el mal. Llevan razón quienes advierten que el experimento está en el aire, y en todo caso habrá que esperar ¿a qué plazo? Porque, si resulta ¡¿tendremos que imitarlo?! Anticipo que, si no encuentra la raíz del círculo, luego de un chirrido, el marcador volverá a cero. Se dice menos de lo que sabemos. La delincuencia juvenil que evolucionó en modus vivendi… No se puede aislar de su contexto e historia.
Historia y contextos de la inseguridad actual
Con razón, porque somos partes de un todo, desde afuera, a veces se nos mira sin piedad ni hacer distinciones, y nosotros en cambio individualizamos en extremo cada caso, sin ver el patrón general, ni las conexiones.El tráfico regional de drogas tiene antecedentes desde los 1930s, pero despegó desde los 1970s como rubro. Se incubó e impulsó como industria propiamente en tiempos del Irán-Contra de 1981 a 1986, y ya hubo un perceptible deterioro de la seguridad general, en medio de las guerras de Reagan que enfrentaron ejércitos proxy y guerrillas en la región. La gran crisis de inseguridad regional data de la segunda mitad de los 1990s cuando, agotado ese conflicto y proclamadas las paces, la persecución marítima del narcotráfico -ordenada por B. Clinton a la Naval- en el Caribe, empujó La Ruta a internarse hacia el Oeste, en el Istmo y en México.
El nuevo producto motor adquirió una dimensión y un dinamismo sin precedente cuando entonces el auge de los precios de las drogas prohibidas además dinamizó el negocio global y degeneró una metástasis, penetrando todos los tejidos, las redes del sistema económico cuando esa dinámica explotó, al colapsar -hacia 2012- el ciclo de buenos precios de las commodities, de las que los centroamericanos eran aún más dependientes que otros, fruta, café, carnes y azúcar. En ese momento, lavar narcodólares se volvió obligado para acumular y crecer en Honduras, quizás más que en los vecinos. En seguida en todos los países aludidos, la historia convulsa desgarradora del último cuarto de siglo ha dislocado a la sociedad, disuelto familias, socavado a la comunidad y minado el Estado.
Esa perspectiva histórica integral explicaría varios denominadores comunes de este problema mesoamericano, dehace ya tres décadas.[1] Desde entonces, estos espacios políticos isomorfos comparten, con distintos acentos y combinaciones, aunque con los mismos resultados, dos componentes: a) los ricos cárteles del narcotráfico de la gran Ruta de la Coca que patrocinan a políticos en todos los niveles, invierten en y controlan grandes empresas, incluso bancos, y asociados con b) organizaciones paramilitares y pandillas, producto de los topes de la migración y de la marginalidad neoliberal, formadas por jóvenes de las barriadas, criminalizados fácilmente por su extracción de clase marginal, reclutados para llevar armas de alto poder, diz que soldados y sicarios, maras convenientemente escindidas en idénticas moities, mitades: la 13 y la 18, enemigas mortales entre si, muy útil a quien las manipula.
Tampoco se puede hacer tabla rasa de nuestras muchas y profundas particularidades locales. En Colombia y Venezuela más que pandillas, hubo hasta ayer maras y guerrillas. Los centroamericanos disponemos de estados nacionales menos maduros que los de Colombia o México, y de comunidades menos articuladas; y aun entre nosotros poseemos tejidos sociales y condiciones políticas diversas, dictaduras variopintas, desde antes, y después de La Paz. La cohesión política en El Salvador que hoy es el país menos desigual contrasta con la polarización y debilidad de otros, especialmente de Honduras, con mayor desigualdad y con un estado menos consolidado. Todos estamos aun en riesgo de deslizarnos a estado fallido como advertía Víctor Meza, hace un par de años, viendo al Porky salir triunfal de los juzgados de El Progreso, con una metralleta en cada mano.[2]
Muchos compartimos la impresión de que en Honduras hay más paisas; y en cambio, más mareros en El Salvador. (¿De qué depende esa idiosincrasia o distribución distinta?). En Honduras y otros, la mara no parece la fuente de la inseguridad, sino el instrumento del crimen organizado sistémico. Habiendo una amplia complicidad con la corrupción del empresariado y una clase política cómplice, con la burocracia y la casta policíaca y militar instrumentalizada. ¿Allá no? Aquí, los cabecillas del crimen son empresarios, invitados de Viera, socios de políticos corruptos,[3] con quienes controlan el tinglado y diseñan estrategias de lavado, ganaderos ostentosos, comerciantes e industriales de baja ley (de la comunicación, la banca, la minería y la construcción) quienes para operar a su antojo se valen de jueces y fiscales, policías y militares, aunque -ante el público- la gran amenaza, a saber los operarios visibles son las marasque cuentan con su propia estructura y jerarquía, incluso ideo o mitología. Muchas veces con sus propios negocios.
Aquí y quizás en Guatemala y México, el tráfico de personas con sus varios derivados, de extorsión en el camino, está en proceso de adquirir la misma dimensión, como rubro, que el contrabando de armas y diversas sustancias prohibidas. Mientras que claramente, El Salvador ve la mara aislada como el problema, posiblemente cuenta con un aparato policial confiable -proveniente de la fusión pactada- con que enfrentarla por órdenes de un gobierno que además tiene amplio apoyo popular y de fuerzas vivas. Es una situación ¿totalmente distinta? Acaso allá no se han encarcelado también a personas que no tenían que ver y no han muerto un haz de castos
Allá y aquí todos hemos vivido a diario el crimen y el terror, la vulnerabilidad y la inseguridad. Solo cuatro de cada cien homicidios se judicializan. Nadie se siente seguro en su derecho, libertad o propiedad. Eso significa diferentes cosas para distintas personas según el rubro, la condición, la edad y estatus de cada quien… Repito un párrafo que he publicado recién. Nadie puede oponerse al paso, reclamar contra el poderoso.
El transportista paga extorsión para que los delincuentes no le ataquen el bus y le maten al conductor. Para mí, como ranchero, la inseguridad es ver cómo unos pícaros se llevan las novillas que tanto han costado, y los policías los protegen porque los ladrones muestran falsos documentos de compra que yo no tengo ¡porque yo las críe! Llegar a mi corral y ver a mi semental de raza destazado por una banda de roba carne, dizque de expolicías y policías con su propia carnicería, que, a medianoche, llegaron con lámparas y armas de alto poder a los que no podían oponerse mis empleados y quizás no me hubiera opuesto yo tampoco. Otros, simplemente se ven obligados a vender por miedo. El joven empresario tiene que pagar extorsión para que le devuelvan los vehículos con mercancía secuestrada; el truchero debe el pago de otro impuesto de guerra, cuyo costo le anula el margen de utilidad, o debe soportar el asalto a mano armada de gente, obviamente entrenada en el manejo de armas, que quién sabe cómo se han enterado de que tiene en su casa la suma que pensaba invertir al día siguiente. Para la familia dueña de una casa financiada en la residencial vecina, la falta de amparo supone acatar la advertencia de la mara de pagar por su propio inmueble un alquiler, que equivale a otra cuota, o abandonar la casa que ya le ha costado una vida de ahorros. Para el obrero, el control marero del barrio supone tolerar que recluten a sus hijos, secuestren a sus hijas como acompañantes o las prostituyan como ganado de exportación, que aparece después en el país vecino, en Belice o México, en España. Y para el joven que quería dominar un oficio, supone que entra o muere, a más de perder la motocicleta, que había conseguido con afán, so pena de terminar descuartizado. No es viable vivir aquí. La gente se va o se integra. Victimas preferentes de la violencia, los más vulnerables huyen primero, las mujeres desaparecen y los jóvenes; miles de niños usados como anzuelos, señuelos y distracción han sido rescatados en los últimos años por autoridades migratorias en México.
Por lo tanto, en todos nuestros países las medidas fuertes contra esta criminalidad son percibidas como necesarias y a menudo muy populares; y se han institucionalizado ¡desde los albores del milenio! Numerosos gobiernos locales le jugaron en el último cuarto de siglo a políticas de represión para congraciarse con una opinión pública asustada, contra las teorías jurídicas garantistas de albores de los noventa. En Honduras, Carlos Flores-Facuss promulgó la cadena perpetua, y proclamó el Plan Nacional Contra el Crimen, que encargó al novel Ministerio de Seguridad, sin resultado medible; e ignoró la actividad homicida y los escuadrones de la muerte responsables de ejecuciones sistemáticas de niños de la calle, y adolescentes que vivían al margen de la sociedad (según el Reporte de Amnistía Internacional del año 2000 y luego 2012). Muertes que no cuentan según Bukele et al porque los muertos del otro son basura. También en estas guerras proclamadas la primera víctima es la verdad.
Urgen -siempre dicen, en esa circunstancia – el puño de hierro. Sin otro sustento, lejos de ser realmente novel más que en el empaque de TikTok, La Guerra contra la Mara, de Bukele, es la nueva versión de la guerra contra los delincuentes de Otto Pérez M. (hoy preso, en Guatemala por ladrón), de La Guerra contra la Mara proclamada por Ricardo Maduro en Honduras (2002 a 2005), que fue encargada a O. Álvarez y A. Calidonio, o la Guerra contra el Narco de Felipe Calderón en México (2006-2012), con una policía militarizada bajo el mando de Genaro García Luna; todos esos guerreros mencionados más tarde en procesos judiciales.
Porque la policía a la que se debía encargar cada vez esa misión bélica tenía que dotársela con poderes extraordinarios que ahora usaba para incrementar su extorsión cómplice, sin importar el costo colateral a transeúntes y vecinos, o al entorno social. Entonces una y otra vez, caen cien inocentes, que ni siquiera quedan en falsos positivos, porque la verdad trasciende, que son sólo victimas. ¿Quién vigila a los guardianes? Le preguntaban ya a Platón.
Con el no pequeño problema adicional de que, para avanzar en esa línea hay que legislar a priori contra derechos, y no contra los hechos que es fuerza probar… Y se incurre en abuso de poder contra los vecinos de los malhechores que ahí también se esconden. La Ley anti-Mara promulgada por el Congreso de Lobo en la Administración de R. Maduro J. en Honduras elevó el tatuaje a prueba de complicidad y signo de Asociación Ilícita. Bajo su gobierno se incendiaron varios de los penales en que se había recluido a los mareros, muriendo cientos de reclusos, sin condena y sin que ello tuviera efecto sensible en los indicadores objetivos de crimen y violencia. Aunque el presi se ufanó en septiembre del 2005 ante asamblea de la OEA de haber reducido la actividad pandillera en un 60% y la criminalidad en 35%, a meses de entregar el poder. ¿Quedaba casi resuelto el problema? ¿Cuando su sucesor en la candidatura P. Lobo invocó ese año en su campaña electoral de puño de acero, la Pena Capital? La que no está claro que hubiera aplicado a su hijo Fabio.
Con el mismo dramatismo de Bukele, y trágica voz impostada, el hoy también preso Juan Orlando Hernández, juró desde 2014 en la TV hacer lo que tenía que hacer para asegurar la paz al tiempo que suspendía su protección a los cárteles que lo habían financiado y -según hoy se le acusa- operaba ya tramas logísticas que movían toneladas de contrabando, protegidas por la policía, militares, fiscales de vista gorda y jueces bragazas; y ¿promovía a las maras que le sirvieron de sicarios para eliminar a rivales peligrosos y posibles delatores, entre cautivos? Los socios de ese crimen conseguían concesiones estatales y usaban mareros para intimidar a quien se resistiera. Es difícil entender si Bukele ha prescindido del todo de una normativa: ¿cuánto es presunción suficiente? Hay mucho que no entiendo.
Lo poco que entiendo
Gautama Budda Fonseca se confesaba mistificado frente a las musarañas de la irracionalidad marera que solo comprendía el beato Emiliani. Entiendo que no se puede tratar a estas fieras como si fueran angelitos de la guardia. Que el Estado (la comunidad que formamos para asegurar derechos) no puede abandonarnos en manos del crimen y la delincuencia sin negarse a sí mismo, abdicar de su primera razón de ser, de su responsabilidad principal y presunto último fin, que es protegernos contra el caos de la guerra de todos contra todos; y que solo puede cumplir esa función -el Estado- en virtud de la fuerza, la coerción que le autorizamos a través de la ley, que lo justifica. No tienen derecho a libertad los criminales, ni a la comodidad, los reclusos.
Es innegable igual que nuestros estados nacionales se legitiman como democracias y que si -por ejemplo- una clara opinión mayoritaria lo apoya, como hoy es patente en El Salvador, ese Estado tiene derecho a darse, frente a la crueldad y peligrosidad de su situación, un régimen de seguridad extraordinario, de mano dura. La popularidad lo avala, porque expresa un anhelo profundo de la comunidad. El argumento de Bukele es contundente cuando exige respeto de la comunidad internacional y con más razón, de sus vecinos emproblemados. Si la mayoría de los salvadoreños considera que la mara es por definición una organización criminal, terrorista y lo tipifican así sus leyes, la pertenencia a la mara -de la cual son prueba suficiente su ethos y sus signos externos- es válida evidencia del delito imputado, y queda resuelto el problema jurídico, pero más allá de los principios políticos y jurídicos, hay un marco de ideas científicas y valores filosóficos que no podemos renunciar.
Lo he dicho en otro lado: a mí los narcotraficantes y las maras no me han robado el alma. Se odia al pecado, dice la vieja teología, no al pecador y al final, tengo que rescatar varias inquietudes. Que ellos también cuentan, cuando los matamos y humillamos, porque los seres humanos, tienen en todo tiempo, lugar y circunstancia, unos pocos derechos universales, a la vida y la dignidad, que no les pertenecen por ser buenos chicos, si no por ser humanos. Eso no es relativo. Está visto; si no defiendo esos derechos, cualquiera puede a futuro quitármelos, alegando que yo soy antisocial, disociador, un peligro para el orden. En sentido estricto, los derechos innatos de unos no pueden ser mejores que los de otro conjunto o individuo; y por lo mismo, no pueden discriminárselos a nadie.
Mientras que, como gente de razón y ciencia estamos obligados a entender que pese a lo que dan a entender los medios de comunicación manipulados, no se trata de un auto de fe sacramental, de lucha entre el bien y el mal, sino ante un fenómeno social complejo. Que no toda autoridad es legitima y encarna la ley y el orden, pero todo bandidaje es social, por definición, se define socialmente. Que, como fenómeno, el crimen -organizado o no-, tiene primero una explicación, origen y una base social, nace y se desenvuelve condicionado; está engranado en el tejido social y político y forma parte de un entramado oscuro y profundo de contradicciones y conflictos.
Aunque parezca condescendiente decirlo, entiendo cosas que no entienden acerca de sí mismos los mareros. Porque son anómicos, dice el filosofo Raúl Arechavala, como quizá el conjunto social en general; y porque son sociópatas aunque quizás de alguna manera también lo es el conjunto social en el que nos toca vivir.
Entiendo también lo que la sociedad sabe: que estos criminales tienen familias y comunidades, que por eso se autodenominan calle o barrio, y pertenecen a esos espacios sociales que los necesitan y los explican; que antes de cometer crímenes deben haber intentado resolver sus problemas de otro modo, menos peligroso y que, para dejar de cometer estos, tendrán que poder solucionar aquellos sin delinquir. Que encerrar a cien mil salvadoreños, con una policía que no responde a nadie, incluso o aún más cuando sea sincera la intención de rehabilitarlos, no le resuelve, sino que le crea a El Salvador un problema nuevo. Y a Honduras, donde además esa policía esta confabulada con La Mara y con el crimen, y viene de reprimir a la Resistencia contra la dictadura por años, le crearía a nuestro país un problema irresoluble, agravando la inseguridad. Reubica la violencia, como la de todos contra unos díscolos desgraciados, y no la de estos entre ellos y contra quien se cruce en su camino de sobrevivencia y la de los propios policías corruptos, coludidos en todo con el cartel. No tengo la solución.
Pero 1) La pertenencia a una clase social y a una organización que, por razones ideológicas y de clase, nos parece odiosa, no justifica tipificar a la persona, criminalizar su espacio ni menos condenarlo a desaparecer en campos de concentración poco velados; 2) Antes que condenar a los culpables, la justicia tiene obligación de legitimarse asegurando los derechos de los inocentes, incluso los de los protegidos del marero y 3) La solución al problema de la violencia sigue pendiente, y la fantasmagoría de Bukele no es traspasable, y no es el camino. De eso se trata, de encontrar camino, lo que solo será posible en cuanto entendamos que no lo tenemos a la vista. Me queda claro por lo pronto que, aunque éste no sirva, no se trata de quien es el ministro de seguridad (lo han sido muchos pillos) si no que la política de seguridad dará resultados auténticos y sostenibles cuando esté fundamentada en una comprensión real y profunda del fenómeno y no en una retórica política coyuntural, y cuando se la encargue a otra clase de guardián y custodio.
El Carmen, Marzo 27, 2023
[1] Hubo un perceptible deterioro de la seguridad pública,
[2] Para los extranjeros hay que explicar que ese era el alias de jefe de mara, amigo de Juan Orlando Hernández, quien entraba y salía de Casa Presidencial antes de que por accidente lo capturase la policía, y que fue liberado por un comando armado, antes de que se le obligara a comparecer en un juzgado de Progreso, al que fuera llevado en una caravana de vehículos blindados desde el Centro del país. ¿Todos los hondureños se dieron cuenta?
[3] Los narcodiputados y narcoalcaldes, mayormente del viejo bipartidismo todavía están ahí.
