Una red de macrocriminalidad se caracteriza por varios elementos: cometer distintos tipos de delitos (desapariciones, extorsiones, homicidios, trata de personas, narcotráfico, etc.), hacerlo en una región territorialmente amplia y estar conformada por tres estructuras: la criminal, la empresarial y la política
Luis Daniel Vázquez Valencia
Gracias al juicio contra Genaro García Luna hoy sabemos que en el sexenio de Vicente Fox el Cártel de Sinaloa usaba a la Agencia Federal de Investigación (AFI) para decidir, coordinar y ejecutar órdenes de aprehensión contra sus rivales, y que en el sexenio de Felipe Calderón los mandos de la Policía Federal invertían en cargamentos de cocaína del mismo cartel, que en ese periodo pasó de controlar cuatro a más de 20 estados de la república.
A García Luna se le acusa por más delitos que sólo por los que acaba de ser sentenciado en Estados Unidos, como el desvío de más de 4 mil millones de pesos del erario, pero también se le debe investigar por la forma en que controló y corrompió a las policías estatales y municipales, obligándolas a operar en función de los intereses de la red de macrocriminalidad concebida desde la cúpula del Partido Acción Nacional (PAN). Desvío que empezó a operar el primer día que Enrique Peña Nieto asumió la presidencia.
Desde la Secretaría de Seguridad Pública se coordinaban los secuestros en todo el país, coordinaron la acción y crecimiento de grupos paramilitares que operaban con la fachada de ser cárteles de la droga y que con absoluta impunidad asesinaban, desaparecían poblados enteros, se apropiaban por igual de ranchos, zonas arqueológicas, reservas de la biósfera, territorios ricos en recursos minerales o energéticos, explotaban la tierra con los peores métodos y sin mecanismos de supervisión, imponían su propia ley para “mantener el orden”, donde la culpabilidad la determinaban ellos y las penas normalmente eran castigos físicos que iban de molerle la carne a tablazos al infractor, hasta asesinarlo y arrojarlo a una fosa común; por supuesto ellos determinaban la cuota que cada familia de clase media tenía que pagarles para no sufrir agresiones. El infierno. ¿Cómo explicar que los panistas se atrevieran a tanto?
Inspirado por el pujante movimiento fascista europeo, el sector más reaccionario del país creó el PAN para oponerse a la política patriótica del general Lázaro Cárdenas; durante los sexenios del Estado benefactor fueron opositores que empujaban un modelo de desarrollo donde se privilegiara a la oligarquía y al gran capital global, hasta que su postura apátrida fue abrazada por los Salinas de Gortari y la generación de tecnócratas que se apoderaron del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ese amasiato se fortalece con el proyecto hegemónico neoliberal impulsado desde Washington. Así surge la mayor red de macrocriminalidad de México que con un fraude electoral, en 1988, impuso el neoliberalismo y con otro, en 2006, nos sumergió en la peor crisis humanitaria de nuestra historia.
En medio de esa tragedia, desde las dirigencias políticas del PRIAN surgieron líderes huachicoleros, tratantes de mujeres e infancias, un cartel inmobiliario en las alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, un monopolio de distribución de medicamentos, la comercialización de los padrones electorales cuyo resguardo es obligación del Instituto Nacional Electoral (INE), los mecanismos de triangulación de recursos a través de las universidades “autónomas”, y un largo etcétera.
De acuerdo con nuestra constitución, la seguridad pública es una obligación irrenunciable del Estado mexicano, desatendida deliberadamente durante los últimos tres sexenios del régimen neoliberal, en los que también corrompieron todas las policías del país, trastocaron toda la estructura de procuración de justicia, desde jueces, ministerios públicos, fiscalías, hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); todo al servicio de la mafia que tuvo el poder.
