“En el Poder Judicial, todas las personas juzgadoras cuentan con título profesional y una carrera; van sumando maestrías, doctorados, cursos y cargos”.- Resaltó Bernardo Bátiz.
CIUDAD DE MÉXICO (Sentido Común).- Sobre la reforma al Poder Judicial Federal, Bernardo Bátiz, consejero de la Judicatura Federal (CJF), propuso analizar y cuestionar el papel de un juez en una sociedad democrática como la de México, así como los derechos humanos de los mil 600 juzgadores que trabajan en el sistema del Poder Judicial de la Federación (PJF).
En el marco del conversatorio “Hacia la construcción del perfil de la persona juzgadora del Siglo XXI”, organizado por la Escuela Federal de Formación Judicial (EFFJ), el consejero del CJF, señaló que es necesario considerar el perfil de los jueces, ya que deben contar con una capacitación profesional constante y enriquecerla a lo largo de su trayectoria. Además, resaltó que su preparación obedece a que representan al pueblo y a la soberanía nacional.
Bátiz Vázquez subrayó que una de las características del Poder Judicial es que está en constante expansión, a diferencia del Ejecutivo, que recae en una sola persona, y del Legislativo, a cargo de los diputados y senadores.
“Crece la población, crecen los conflictos, crece la necesidad de impartición de justicia y, por tanto, crece el Poder Judicial. Es un poder sui géneris en eso, en que es indefinido en número y crece. Pero la otra diferencia, entre los otros dos poderes que es fundamental, es que es un poder que exige una capacitación especial”.- Afirmó Bátiz.
“En el Poder Judicial, todas las personas juzgadoras cuentan con título profesional y una carrera; van sumando maestrías, doctorados, cursos y cargos”.
Por su parte, Josefina Cortés Campos, directora de la EFFJ, añadió que los jueces deben desarrollar “habilidades blandas, relaciones empáticas, la mejor gestión de la función jurisdiccional y enfrentar problemas emergentes”.
A través de un comunicado, se informó que en el conversatorio participaron representantes de distintas escuelas jurídicas de Argentina, Panamá, Guatemala, Perú, Uruguay, República Dominicana, Paraguay y España.
