Ya han pasado casi 18 años de aquel mitin en el Zócalo en que Andrés Manuel López Obrador convocó a la Convención Nacional Democrática y lanzó el reclamo: “¡Que se vayan al diablo con sus instituciones!” Esta icónica frase fue sacada de contexto y usada en diversas campañas negras que hasta el día de hoy se dirigen en su contra.
En los dos procesos electorales posteriores, López Obrador, aunque de manera menos directa, insistió en la misma consigna del 2006. Usando sus palabras de aquella ocasión recalcó que de un lado estaba el hampa política y los delincuentes de cuello blanco, y del otro el movimiento popular.
En los 36 años de neoliberalismo se aprobaron alrededor de 450 reformas constitucionales. Algunas de ellas aún se alaban, como la reforma electoral de Ernesto Zedillo, sin reparar en que fue el germen de la burocracia dorada del Instituto Nacional Electoral (INE) y que edificó un sistema de partidos que cada vez se interesó menos por trabajar de la mano de la ciudadanía, pues tenía un gran presupuesto asegurado. Otras fueron mera simulación, como la que promovió Vicente Fox en materia de derechos indígenas o la de Felipe Calderón sobre derechos humanos. Las más recientes, las de Enrique Peña Nieto, ya de forma descarada, introdujeron en la carta magna intereses privados, como fue evidente con las reformas energética, educativa, laboral e incluso la fiscal.
Una mirada global a las muchas modificaciones a la constitución nos lleva a aceptar lo que sostenía Carl Schmitt: la ley no puede entenderse como una entidad metafísica, sino como un producto particular de su tiempo que manifiesta un posicionamiento ideológico muy específico frente al poder.
Ese mismo día, el hoy mandatario invitó al movimiento: “ya no estemos dispuestos a seguir las reglas del juego”, pues fueron hechas a modo; a su modo. Siempre, para legalizar el abuso e imponer la voluntad de unos pocos sobre el bienestar de muchos.
El convocar al plan C fue un nuevo llamado a mandar al diablo sus instituciones. No sólo de dar marcha atrás sus reformas, sino de consolidar los pilares sobre los que se está construyendo otro proyecto de nación. Los ejes son diversos, pero coinciden en que hasta antes de 2018 estos derechos eran letra muerta en la constitución. Por ejemplo, el derecho a la salud ya había sido integrado al artículo cuarto; ahora, para materializarlo se adhiere la obligación del Estado de establecer un sistema de acceso universal.
Sin duda, la última carta que jugará López Obrador será institucionalizar la transformación para que la comunidad política juegue con nuevas reglas, que hoy hasta los opositores exigen. No deja de ser irónico que, por dar otro ejemplo, se quejen de la sobrerrepresentación que generarán las normas que crearon a su conveniencia y pidan un reparto de los escaños de acuerdo a la reforma electoral que ellos bloquearon.
No es un hecho menor querer plasmar en la ley esta nueva concepción de la vida pública, y menos aún si se trata de la ley fundamental, pues tendrá consecuencias en todos los ámbitos. Muy probablemente, ese sea el motivo principal por el que la reforma judicial ha causado mayor polémica que el resto. En el fondo, lo que está en disputa es la concepción de la democracia y de lo público.
A nadie debería de extrañar que, en los recientes debates de la comisión permanente, un diputado panista aseguró que involucrar a la ciudadanía en la elección de los cargos del poder judicial era equiparable a preguntarle a sus hijos por su hora de dormir. Siguen suspirando por esos momentos cuando cuatro personas definían el rumbo del país y lo podían disfrazar de democracia.
Aunque aún permanecen muchos “alcahuetes del régimen” dentro de las instituciones, desde aquel día millones siguen atendiendo el llamado de López Obrador a establecer una “república representativa y verdaderamente popular”. Gracias a un respaldo popular sin precedentes, existe la posibilidad de cerrar este ciclo, con la legítima aspiración de que la ley deje de justificarse en formalismos para defender el privilegio de unos cuantos y, con las reformas, vuelva atender a la justicia.
