Consejería Jurídica prepara reforma para elecciones

Redacción | Nacional

CIUDAD DE MÉXICO (Sentido Común).- La titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, Luisa Alcalde, anunció que el gobierno presentará una iniciativa de reforma constitucional para trasladar la jornada electoral del Poder Judicial al domingo 4 de junio de 2028, tanto en el ámbito federal como local.

La funcionaria indicó que la intención es que las siguientes elecciones judiciales coincidan con los procesos electorales ordinarios de 2030, 2033, 2036 y posteriores. Explicó que este esquema permitirá renovar las vacantes que se generen dentro del sistema judicial.

Para la elección de 2028 se prevé la renovación de diversos cargos, entre ellos cuatro magistraturas electorales de la Sala Superior del TEPJF, 463 magistraturas de Tribunales Colegiados de Circuito y 385 jueces de Distrito. También se contemplan 424 magistraturas locales y 2 mil 831 jueces estatales en 25 entidades del país.

Dentro de las propuestas también se plantea la creación de una Comisión Coordinadora encargada de homologar criterios y metodologías de evaluación de los Comités de Evaluación de los tres Poderes de la Unión. Entre sus funciones estará verificar que las personas aspirantes cumplan con los requisitos legales de elegibilidad y establecer mecanismos unificados para los procesos de evaluación y selección, incluidos exámenes de conocimientos.

Además, se propone disminuir el número de candidaturas por cada Poder de la Unión para facilitar el proceso de votación. Como parte del mecanismo, se realizaría una insaculación pública para dejar dos candidaturas por cargo y especialidad, bajo criterios de paridad de género.

Con este ajuste, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pasaría de 81 a 54 candidaturas; el Tribunal de Disciplina Judicial reduciría de 45 a 30 personas candidatas; mientras que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendría 42 aspirantes en lugar de 63.

La iniciativa también contempla modificaciones en las boletas electorales para simplificar la participación ciudadana. La propuesta establece que cada persona votante elija a un juez y un magistrado por especialidad entre las candidaturas presentadas por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Las boletas incluirían información para identificar el origen de cada candidatura y considerarían a magistrados y jueces en funciones que busquen permanecer en el cargo. Asimismo, el Instituto Nacional Electoral (INE) sería responsable de organizar la división territorial en distritos judiciales para garantizar condiciones de orden y accesibilidad durante la votación.

Otro de los planteamientos es establecer capacitación obligatoria y permanente para jueces y magistrados. El Tribunal de Disciplina tendría a su cargo programas de actualización continua, mientras que la legislación definiría criterios, metodologías y plazos aplicables a las evaluaciones.

En el caso de los poderes judiciales locales, se busca reforzar criterios para que las elecciones estatales adopten reglas similares a las federales, incluyendo comités de evaluación con metodologías homologadas, insaculación obligatoria, reducción de candidaturas en boletas y evaluaciones de desempeño durante el primer año.

Entre los ajustes logísticos previstos se contempla que las elecciones judiciales y las ordinarias puedan celebrarse en la misma ubicación, sin intervención de representantes de partidos políticos. También se propone que el escrutinio y cómputo de votos se realice en las casillas donde se emitan los sufragios.

La propuesta adelanta de septiembre a abril del año previo a la elección el plazo para que el Senado emita la convocatoria general. Además, en caso de muerte, renuncia o destitución de jueces y magistrados, el cargo quedaría vacante hasta la siguiente elección, eliminando la disposición actual que permite ocupar el puesto a quien obtuvo el segundo lugar.

Finalmente, se plantea crear dos secciones dentro de la SCJN para atender asuntos menores y agilizar el trabajo del Pleno. También se prevé que la elección judicial de 2028 pueda realizarse de manera concurrente con la revocación de mandato, en caso de solicitarse conforme al Artículo 35 constitucional.