Desde 1977, año de la reforma política impulsada por Jesús Reyes Heroles, se dio el primer ensayo de la “apertura democrática” que el viejo régimen del partido de Estado se vio obligado a emprender, luego de las escandalosas elecciones de 1976, en las que resultó triunfador el único candidato registrado oficialmente por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), José López Portillo.
Ante ese escenario, a este personaje, a su partido y a su gobierno, no les quedó más remedio que abrir el sistema político-electoral a otras organizaciones políticas de la época, incluso a aquellas que se mantenían en la clandestinidad. Así, se legalizó al antiguo Partido Comunista de México (PCM) y se permitió la participación del movimiento sinarquista en el Partido Demócrata Mexicano (PDM) que, junto con el Partido Acción Nacional (PAN), de la derecha conservadora, y el Partido Popular Socialista (PPS), vinieron a dar la impresión de que el sistema político se estaba abriendo y de que comenzaba a conformarse, por primera vez en la historia de México, un incipiente sistema de partidos políticos.
Sin embargo, pese a ello, y a que ya se habían aceptado con anterioridad los diputados de partido para permitir la representación de las minorías —incluso antes de la Ley LOPPE—, así como a que existía cierta presencia y participación política de las oposiciones en el Congreso de la Unión, el sistema electoral continuó siendo un engendro de simulaciones a lo largo de los siguientes años, ya que siguió controlado por el gobierno federal hasta la crisis política y el conflicto postelectoral de 1988, que pusieron en jaque al sistema político en su conjunto y a la propia figura presidencial como la pieza angular del mismo.
Durante esos años, las elecciones en nuestro país se organizaron bajo el mismo diseño institucional: la Secretaría de Gobernación encabezaba la Comisión Federal Electoral (CFE), presidida por el secretario de Gobernación en turno, cuyas decisiones eran ejecutadas por sus propios funcionarios. Un sesgo antidemocrático que salta a la vista, pero así funcionaban las cosas en aquel entonces.
Fue entonces cuando llegaron las elecciones de 1988, el Frente Democrático Nacional (FDN) y la candidatura a la presidencia de la República del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. En ese momento de la vida institucional de nuestro país volvió a cruzarse la estructura autoritaria gubernamental y electoral que era la CFE, la cual, aplicando su propia lógica autoritaria y fraudulenta, impuso de principio a fin del proceso electoral al candidato oficial del PRI, Carlos Salinas de Gortari.
Es aquí que se produjo el verdadero punto de quiebre del modelo de gobernanza electoral. Después de 1988, la vida política de México y sus elecciones ya no serían lo mismo. El régimen, a la postre, tuvo que ceder a las presiones internas; sin embargo, encontraría otros caminos, otras alianzas y otras máscaras para seguir sobreviviendo en las décadas siguientes, con el objetivo de perpetuar la subsistencia del modelo neoliberal que ya se venía imponiendo desde 1982, con el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado.
Luego seguiría el periodo de 1990-1996, en el que se hicieron cuatro importantes reformas. En 1990 se creó el Instituto Federal Electoral (IFE), que intentó, al menos en el papel, dotar a México una institución imparcial que brindara certeza e imparcialidad a las elecciones. Posteriormente, en 1993, se llevó a cabo otra reforma que fortaleció las atribuciones en materia de elecciones de diputados y senadores, estableció límites a los gastos de campaña y, en 1994, instauró la figura de consejeros ciudadanos.
Se diseñó un Consejo General en el que los partidos políticos contaban con un representante con voz, pero sin voto, y se planteó como aspiración la plena autonomía del IFE respecto del Poder Ejecutivo y de los propios partidos políticos.
Los diálogos de la Casona de Barcelona y los del Castillo de Chapultepec fueron referentes previos a la reforma electoral de 1996: un anhelo auténticamente democrático por la pluralidad y la diversidad de voces que confluyeron en las largas discusiones, sesiones y sesiones de trabajo, foros abiertos e intercambio de opiniones. El producto de esas negociaciones fue la construcción de un IFE que aspiraba a ser independiente y que, por fin, pusiera punto final a los conflictos postelectorales y al altísimo costo de la desconfianza, cuya victima directa, era la democracia.
Para su mala fortuna, este entramado institucional, que convocó a las mentes más lucidas de aquellos años, no perduró más allá de 1997 al 2000: de inicio con el triunfo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas como el primer jefe de Gobierno del Distrito Federal y, tres años después, con la derrota del PRI en las elecciones presidenciales del 2000.
En ese periodo, la autoridad electoral se dejó en manos de un grupo de académicos, periodistas y abogados que, de diferente forma y con distintos grados de vinculación con los partidos políticos y con el gobierno, asentaron sus reales, de una buena vez y casi a perpetuidad, dentro del órgano electoral. Fue ahí donde el modelo supuestamente autonómico del IFE se fue desdibujando y ganó terreno el reparto de las más importantes posiciones por cuotas partidistas, lo que terminó por determinar el rumbo y las decisiones que ahí se tomaban, en aras de la democracia.
La herencia de ese periodo se dejó sentir desde entonces, ya que las cuotas partidistas no solo quedaron en la integración del Consejo General, sino que se reprodujeron en la estructura ejecutiva del propio Instituto, mediante el reparto de las direcciones ejecutivas. En ello no solamente intervinieron los partidos, sino también los propios consejeros, quienes generaron sus propias cuotas internas, desarrollando inclusive un tráfico de plazas del que poco se ha hablado y menos reconocido.
Por otro lado, existieron claras pruebas de su desviación de origen, como lo fueron sus cuestionadas decisiones en los casos mal resueltos del Pemexgate y los Amigos de Fox, dos asuntos paradigmáticos que marcaron el ascenso de la derecha del PAN a la Presidencia y que representaron un punto de negociación al interior del IFE. A la vista de las evidentes y claras pruebas que existían en ambos casos, el PRI y el PAN pactaron para no causarse mayor daño, dejando las sanciones en unas multas que no fueron impuestas conforme a la ley, es decir, prácticamente se las perdonaron, en aras de que el gobierno de Fox pudiera gozar de una mejor posición de negociación en el Congreso del Unión frente a una todavía poderosa presencia de las bancadas del PRI.
Con el paso del tiempo, no tardó más que la siguiente elección presidencial para que el fraude electoral volviera a ser su protagonista principal. En 2006 –lo que puede considerarse como la primera crisis del Instituto–, el candidato del Partido Acción Nacional, Felipe Calderón Hinojosa, se impuso en la Presidencia, de la mano de la operación política dentro del Consejo General para validar su triunfo, pese a las evidencias que se presentaron y los recuentos subsecuentes que se llevaron a cabo, los cuales fueron reduciendo su supuesta ventaja sobre el candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Andrés Manuel López Obrador, desgastando su narrativa de legitimidad.
En ese punto, la posición del entonces consejero presidente del Consejo General, Luis Carlos Ugalde, fue determinante para consumar la embestida del grupo en el poder y declarar el triunfo de Calderón.
Este hecho marcaría el derrotero de los próximos años del instituto y de sus integrantes prácticamente de por vida, y demostró una vez más que la desconfianza en la autoridad electoral no era gratuita.
Mientras el prianato mantenía la narrativa legalista de que el órgano electoral representaba la pluralidad, la equidad y la justicia electoral, la realidad era distinta, porque esas elecciones fueron las más cuestionadas por sus enormes irregularidades durante el proceso y por la gran cantidad de incidencias registradas en la jornada electoral, tantas que dieron origen al reclamo popular en las calles: “voto por voto, casilla por casilla”.
A pesar de la convulsión social y política de aquellos momentos y de la autoproclamación de Andrés Manuel López Obrador como presidente legítimo de México, la presidencia espuria de Calderón se impuso y concluyó su sexenio declarando la guerra contra el narcotráfico como forma de legitimar su gobierno.
Estos años se pueden considerar como el punto de inflexión para el IFE, ya que terminaron por dar al traste a la legitimidad, a la autonomía y la credibilidad que pudo haber tenido en su original diseño y conforme a la letra de la ley. En los años posteriores, las siguientes integraciones del Consejo General cayeron cada vez más en la proximidad a los partidos del PRIAN, partidos que recompusieron su alianza durante el sexenio y prefiguraron un nuevo liderazgo, que permitió el resurgimiento del PRI de la mano de Enrique Peña Nieto en el 2012.
En esa elección se cometieron las mayores violaciones al debido proceso electoral, ejemplos sobran: el caso Monex, las tarjetas de Soriana y el uso de recursos públicos de procedencia ilícita, principalmente de los gobiernos estatales del PRI, para fondear las dádivas y las despensas que el partido repartió a diestra y siniestra. Una vez más, el IFE no quiso, no pudo y no hizo prácticamente nada para resarcir los daños causados al proceso electoral, lo que provocó una crisis que obligaría, nuevamente, a otra reforma electoral.
Más adelante, la reforma de 2014 transformaría radicalmente la estructura del instituto. El IFE se convirtió en Instituto Nacional Electoral (INE). Con ello se pretendió consolidar una autoridad electoral única en el país; sin embargo, los gobernadores impusieron su peso y no cedieron su poder para incidir en las designaciones de altos funcionarios ni en las decisiones de los organismos electorales locales.
Por ello, el naciente INE nació como un ente híbrido que coexiste hasta nuestros días con los organismos públicos locales, llamados OPLES, los cuales se coordinan conforme lo que mandata una nueva Ley General de Procedimientos Electorales. Esto generó la reproducción de una estructura burocrática masiva que mantuvo la influencia de los partidos políticos en la designación de los consejeros electorales mediante votaciones calificadas en la Cámara de Diputados.
Cuatro años después, en el 2018, la enorme movilización del pueblo de México que respaldo la candidatura del candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), encabezada por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que se manifestó con una votación masiva sin precedentes en la historia de México. Ello evitó la consecución de un nuevo fraude que hubiera sido el principio del fin del orden constitucional y la causa de un conflicto de dimensiones incontrolables, logrando la victoria del candidato presidencial de la coalición “Juntos haremos Historia”.
A manera de conclusión, si es que la puede haber, lo que ha sido claro a lo largo de estos años —de los que he tratado de hacer un apretado recuento de las múltiples crisis que ha sufrido nuestro sistema político electoral—, se observa claramente la legalización y la persistencia de un entramado institucional de cooptación del prianato del árbitro electoral. Los mecanismos de selección de los consejeros electorales y magistrados del Tribunal Electoral dependen de votaciones calificadas, ya sea en la Cámara de Diputados o en el Senado de la República, lo cual ha llevado a que los consejeros actúen como representantes de los intereses de los partidos, en lugar de mantener su independencia de criterio y de actuación.
La burocracia electoral se ha mantenido como un fin en sí mismo, principalmente porque el INE se ha constituido en una burocracia costosa, con privilegios y altos salarios de los consejeros, tan altos que sobrepasaban por mucho el límite constitucional que los obliga desde su artículo 127.
Cabe recordar que, en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, se impulsó el llamado Plan B, cuyas propuestas de reforma buscaron, entre otros objetivos, una restructuración profunda del INE: reducir el personal de la alta burocracia, implantar la austeridad republicana, eliminar los costosos privilegios y desaparecer los cotos de poder heredados de los consejeros electorales.
Ahora, con las nuevas mayorías de Morena en ambas cámaras del Congreso de la Unión y con el esfuerzo de una parte de los integrantes del Consejo General del INE, esta situación ha comenzado a revertirse, no sin enfrentar una férrea oposición de un bloque de consejeros del propio Instituto y de los titulares de los OPLES, quienes han obstaculizado los intentos de reestructuración administrativa emprendidos por la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei.
Cuando termino de escribir estas líneas, estamos a la espera de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presente su paquete de iniciativas de reforma electoral. Por el bien de la República y del llamado segundo piso de la 4T, habrá que ver sí el plan C sobrevive. Espero que su resultado sea profundo en todos los temas que están pendientes, que no ceda ante las presiones y a los intereses particulares. Es momento de levantar la mirada y fijarla en el horizonte de los verdaderos avances, no de las componendas. Hago votos porque así sea.
