Redacción | Internacional

CIUDAD DE MÉXICO (Sentido Común).- La Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas expresó preocupación por la presunta relación de la actual fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, con adopciones ilegales de niñas y niños guatemaltecos ocurridas entre 1968 y 1990.

De acuerdo con la información difundida, el organismo internacional tiene registro de al menos 80 infantes indígenas que fueron objeto de adopciones internacionales irregulares después de haber sido institucionalizadas en el “Hogar Temporal Elisa Martínez”, centro del cual Porras estuvo a cargo hasta agosto de 1982.

Uno de los casos expuestos es el de Ignacio Segura, nacido en 1984 y adoptado posteriormente por una familia canadiense. Durante meses, colocó carteles en la ciudad de Guatemala en busca de su familia biológica. Según se indicó, fue separado por fuerzas del Estado, sus documentos fueron modificados y permaneció cerca de dos años en un refugio antes de su adopción.

 “Es mi sueño, que algún día llegar y abrazar a mi mamá, pero personalmente sería como un peso menos”, expresó Ignacio.

La situación descrita guarda similitud con la de casi cinco mil niñas y niños que, según la Comisión Nacional de Búsqueda de la Niñez Desaparecida, fueron sustraídos de comunidades indígenas en Guatemala y entregados a familias extranjeras.

Por su parte, la Fiscalía calificó las acusaciones como espurias y sin sustento. No obstante, las imputaciones relacionadas con adopciones ilegales continúan vigentes contra Porras.

Además, la fiscal enfrenta la posible pérdida del fuero. En mayo de este año, cuando concluye su mandato como fiscal general, fue rechazada para integrar la Corte de Constitucionalidad. Porras fue designada en su momento para el cargo por el entonces presidente Jimmy Morales.

No se informó sobre nuevas resoluciones judiciales relacionadas con el caso.

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