El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de una nueva pensión para mujeres de 60 a 64 años, que comenzará a operar a partir de 2025 de forma gradual e incremental. En el primer año se otorgará a las mujeres de 63 a 64 años, y en los municipios donde la mayoría de la población sea de origen indígena o afromexicana se beneficiará a las mujeres desde los 60 años. El apoyo será de 3 mil pesos bimestrales y, al cumplir los 65 años, se integrarán a la Pensión Universal para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la cual entrega 6 mil pesos bimestrales.
Esta nueva pensión constituye un acto de justicia porque, debido a la división sexual del trabajo, los trabajos de cuidados no remunerados recaen principalmente sobre las mujeres, impidiendo que muchas de ellas logren cotizar las 750 semanas —equivalentes a 14 años en un empleo formal— que actualmente se requieren para obtener una pensión por cesantía. De hecho, fue el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador el que las redujo de mil 250 a 750 semanas, a sabiendas de que difícilmente un trabajador logra acumular 24 años de cotización en empleos formales. En general, a lo largo de las trayectorias laborales, muchos trabajadores oscilan en empleos que les otorgan o no las prestaciones que mandata la ley, así como entre los sectores formal e informal. Cabe destacar que aun dentro del sector formal hay muchos trabajadores que son informales, puesto que no reciben dichas prestaciones. Generalmente, se trata de albañiles, meseros, repartidores y conductores de aplicaciones, vendedores, entre otros.
Así, esta pensión reconoce la aportación económica que hacen las mujeres en las labores domésticas y de cuidados, que no son remuneradas, pero contribuyen a la reproducción de la fuerza laboral. Este tipo de trabajos incluye actividades como los propios cuidados, limpieza y mantenimiento de la vivienda, preparación de alimentos, compras y administración del hogar, limpieza y cuidado de la ropa y calzados, entre otros. De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), en 2023 este tipo de labores equivalió a 26.3 por ciento del producto interno bruto (PIB) del total de la economía. Vale la pena destacar que este porcentaje se ha ido incrementando, ya que en 2003 representaba sólo el 18.5 por ciento del PIB, con un incremento sustancial en 2020, cuando llegó a ser de 26.1 por ciento, posiblemente debido al confinamiento por la pandemia de covid-19 y a la caída en la actividad económica remunerada.
En promedio, cada mujer aportó el equivalente a 7 mil 248 pesos mensuales por estas tareas durante 2023, mientras que en el caso de los hombres fue de 3 mil 39 pesos: menos de la mitad.
De acuerdo con la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (Enasic) de 2022, levantada por el mismo Inegi, 32 por ciento de las personas de 15 años y más realizan trabajos de cuidados, y de ellas, 75.1 por ciento son mujeres. En promedio, las mujeres que llevan a cabo trabajos de cuidados dedican 37.9 horas a la semana, casi una jornada laboral de tiempo completo. Al tipo de personas que más cuidan son a niñas, niños y adolescentes, casi siempre por ser la madre; personas adultas mayores de 60 años, a quienes las cuidan sus hijas y parejas; y personas con alguna discapacidad, que están al cuidado de su madre o hija, generalmente. El 80.2 por ciento de las mujeres cuidadoras tiene entre 15 y 49 años; 90.1 por ciento está o estuvo casada, y 51.1 por ciento está ocupada, con una jornada laboral de 30.4 horas a la semana. Es decir, la mitad, además de trabajar en el hogar, lo hace también en el mercado laboral, aunque con un tiempo menor al de una jornada laboral completa. Este dato hace presumir que muchas de ellas tienen ocupaciones de medio tiempo, las cuales generalmente son informales, por lo que probablemente no coticen o no gocen las prestaciones laborales para tener una pensión.
Los principales impactos sobre la salud de las personas cuidadoras son la fatiga, pérdida de sueño, irritabilidad y depresión. Las principales afectaciones sociales son no tener tiempo libre y no poder estudiar algún oficio o carrera, lo cual puede afectar sus ingresos en el futuro, además de la realización personal. El 39.7 por ciento de las mujeres cuidadoras de 15 a 60 años desearía trabajar para recibir un ingreso, pero el principal impedimento para 68.4 por ciento de ellas es que no tienen quién les cuide a sus hijos, personas adultas mayores o con alguna discapacidad o enfermedad.
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) levantada también por el Inegi, de 2005 a 2024 ha habido un incremento en el porcentaje de mujeres económicamente activas, es decir, que buscan empleo activamente o que están ocupadas en el mercado laboral, pasando de 40.1 a 45.9 por ciento en ese periodo. En el caso de los hombres, de hecho, ha habido una reducción en el mismo periodo, pasando de 80.3 a 75.9 por ciento. A pesar de estos cambios, la diferencia entre ambos sexos es de 30 puntos porcentuales.
En consonancia con los datos anteriores, es posible que la participación laboral de las mujeres hubiese sido mayor si hubieran tenido algún tipo de apoyo para cuidar a las personas de las que se hacen cargo.
El porcentaje de mujeres ocupadas con un empleo que les otorga seguridad social es ligeramente mayor al de los hombres: 40 por ciento para las primeras y 38.9 por ciento para los segundos en 2024. En ambos casos se ha apreciado un incremento, ya que en 2005 estas cifras eran de 36.4 y 34.9 por ciento, respectivamente. Por su parte, la brecha salarial entre ambos sexos se ha mantenido relativamente estable a lo largo de tiempo, siempre jugando en contra de las mujeres. En 2010, las mujeres ganaban, en promedio, 78.5 por ciento del salario de un hombre, mientras que para 2024 ese porcentaje fue de 77.8 por ciento.
Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) de 2021, del Inegi igualmente, 13 por ciento de las mujeres de 60 años y más dijeron haber padecido violencia psicológica y 4.7 por ciento violencia económica en los últimos doce meses. Cabe destacar que ha habido una ligera disminución en ambos porcentajes desde 2016, cuando fueron de 15.2 y 6.3 por ciento, respectivamente. En 51.2 por ciento de los casos, las personas agresoras fueron sus propios hijos. Esto puede deberse a que las mujeres mayores de 60 pueden tener algún grado de dependencia económica de sus hijos.
Así, la pensión para mujeres de 60 a 64 años constituye un acto de justicia por los trabajos de cuidados no remunerados a las infancias y adolescentes, personas adultas mayores y con alguna discapacidad; por los posibles ingresos y oportunidades laborales que no pudieron recibir o aprovechar al llevar a cabo estos trabajos, y por la aportación que llevaron a cabo a la economía, al contribuir a la reproducción de la fuerza laboral. Asimismo, tiene el potencial de reducir la violencia psicológica y económica ejercida en contra de este grupo poblacional, al brindarles un mayor margen de autonomía económica.
