Tras avalarse en 15 estados de la Repúblico, el Senado emitió la declaratoria de aprobación para la reforma en derechos y protección de los animales
CIUDAD DE MÉXICO (Sentido Común).- El Senado de la República emitió la declaratoria de aprobación para la reforma en derechos y protección animal, luego de aprobarse en los congresos estatales necesarios para su constitucionalidad.
La Mesa Directiva de la Cámara alta realizó el cómputo de las legislaturas estatales que hasta el momento han dado su respaldo al proyecto de decreto: Baja California, Campeche, Chiapas, México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y de la Ciudad de México.
La senadora Imelda Castro, realizó la declaratoria de aprobación del decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3º, 4º y 73 de la Constitución, turnando el documento a la Cámara de Diputados para que realice la declaratoria correspondiente.
La legisladora agregó que este órgano legislativo seguirá atento a las resoluciones que emitan las otras legislaturas de los estados sobre este asunto.
Además, comunicó a sus pares que una vez que se recaben las firmas de la Cámara de Diputados, en cumplimiento del artículo 125 del reglamento del Senado, se remitirá el decreto a la titular del Poder Ejecutivo Federal, a fin de que se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Cabe mencionar que las reformas, elevan a rango constitucional la prohibición del maltrato a los animales y contemplan que los planes y programas de estudio de las instituciones educativas de México cuenten con temas en materia de protección de los animales.
También, prohíbe el maltrato en la crianza, el aprovechamiento y sacrificio de animales de consumo humano y en la utilización de ejemplares de vida silvestre en espectáculos con fines de lucro, así como las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios y faculta al Congreso de la Unión a expedir una ley de protección y bienestar de los animales, dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigor de la reforma.
