Proteger el interés público del individualismo y la voracidad comercial
Frecuentemente se invoca a la salud nombrando la enfermedad, y se piensa que una buena salud se logra con medicamentos y atención médica. Esta perspectiva medicalizada de la salud sobrestima las capacidades de la medicina para promover, conservar y restaurar la salud. La relevancia de la medicina es indiscutible, pero es sólo una parte del sistema de salud. Reducirlo a la atención de personas enfermas nos priva de apreciar el extenso universo de la salud pública.
La salud de un pueblo, como expresión de vida, es un proceso social complejo y dinámico que depende de su realidad socioeconómica, de las características del entorno y las interacciones, mayormente involuntarias, que tenemos con él. El aire que respiramos, el suelo en que habitamos y en el que se cultivan los productos que consumimos, la comida con que nos alimentamos (o de la que carecemos), el agua que bebemos (o dejamos de beber), la temperatura y la luz a la que nos exponemos (o nos hace falta), la intensidad y tipo de sonidos que nos circundan, etcétera, conforman el universo físico que determina nuestra salud. Pero nuestra realidad también incluye un amplio conjunto de condiciones y dinámicas sociales. La posesión o carencia de recursos materiales y las condiciones de trabajo, vivienda, cultura, educación, transporte, seguridad pública, etcétera, determinan nuestra experiencia de vida, individual y colectiva.
Cuidar la salud de un pueblo es una de las responsabilidades más importantes del Estado. El primer gobierno de la transformación se propuso establecer un sistema nacional de salud universal, público y gratuito, de alta calidad. Para avanzar en esa dirección, se sentaron importantes bases jurídicas, materiales y administrativas. Se reformaron la constitución y la Ley General de Salud, reemplazando jurídicamente el régimen de protección social en salud —conocido como seguro popular— por el régimen de salud para el bienestar, que establece que todas las personas no aseguradas recibirán todos los servicios de salud y medicamentos gratuitamente.
Se creó Servicios de Salud para el Bienestar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS – Bienestar), una nueva institución federal cobijada y guiada por el IMSS, específicamente diseñada para proveer servicios médicos gratuitos a las personas sin seguridad social. En dos tercios de las entidades federativas se rescataron y ampliaron los servicios de salud al integrarlos al IMSS-Bienestar. Con ello se revirtió la descentralización, componente estratégico del proyecto neoliberal que, entre 1985 y 1996, privatizó y mercantilizó el sistema de salud.
También se publicó el Modelo de Atención de la Salud para el Bienestar (MAS-Bienestar), documento rector del nuevo sistema, que especifica la organización y funcionamiento de los servicios de atención médica y define explícitamente el ámbito de actuación de los servicios de salud colectiva. Se estableció legalmente el Servicio Nacional de Salud Pública (SNSP), una corporación federal orientada a proteger integralmente la salud colectiva en todo el país, y se publicaron lineamientos para reorganizar territorialmente la atención de la salud en distritos de salud para el bienestar (DSB).
En los albores del segundo gobierno de la transformación, la presidenta Claudia Sheinbaum ha dejado muy claro que seguirá empeñada en garantizar universalmente todos los servicios de salud. Ha planteado con vigor su propósito de integrar completamente el sistema de salud para borrar la brecha de acceso y calidad de atención entre personas que tienen y las que no tienen seguridad social. Asimismo, entró de lleno a establecer mecanismos institucionales para la adquisición consolidada de medicamentos e insumos para la salud, bajo rectoría y operación públicas.
Mantener el rumbo hasta que fructifiquen los planes ayudará a evitar viejos vicios de improvisación, voluntarismo y efectismo propios de otras etapas de nuestra historia. Pero debe quedar claro que mejorar la salud del pueblo no es una aspiración meramente técnica. Transformar leyes, instituciones y relaciones de poder es parte del proyecto político.
Es indispensable revertir los estragos que causó el régimen neoliberal al concentrar la riqueza, dañar el medio ambiente, transfigurar nuestros hábitos de vida, demoler la soberanía, desmantelar la capacidad del Estado para proteger el interés colectivo y despojar a la ciudadanía de sus derechos sociales, individuales y colectivos. Es preciso ejercer sostenidamente voluntad política desde el más alto nivel de responsabilidad para que la salud sea una política de Estado y no sólo de un sector.
Enseguida presento algunos de los desafíos actuales en salud y bienestar. No son todos, pero tal vez sí los más apremiantes. Los organicé, un tanto arbitrariamente, en tres bloques: a) la salud de la población, en el que identifico algunas de las afecciones más importantes o más factibles de mitigar; b) el sistema de atención individual o de atención médica, en el que reconozco, sucesivamente, atributos relevantes para brindar servicios a la población, atributos propios de su funcionamiento interno y alguna infraestructura importante, y c) la salud pública o colectiva, en el que relato abordajes útiles para prevenir, controlar y eliminar algunos problemas de salud pública.
Mi intención es contribuir con una reflexión crítica, dentro y fuera del gobierno, que ayude a avanzar en beneficio del pueblo de México.
A. La salud de la población
La salud poblacional es el conjunto de riesgos y condiciones de salud-enfermedad existentes en el pueblo; también sus causas, dinámicas y los contextos en los que ocurren. Identificar cualitativa y cuantitativamente las enfermedades que padece la población en un tiempo particular ayuda a reconocer los asuntos de mayor importancia, sus consecuencias sobre otros aspectos del bienestar y oportunidades para intervenir en favor de la salud.
El perfil de salud de México cambió dramáticamente en los últimos cien años. Durante el siglo veinte se redujeron la incidencia y prevalencia de enfermedades transmisibles y la mortalidad general, más notoriamente la mortalidad infantil. Aumentó la esperanza de vida al nacer, de 27 años en 1900 a 75 años en 2024. Al igual que en otros países, estos cambios se atribuyen, principalmente, a mejorías de las condiciones generales de vida: alimentación, vivienda, higiene, trabajo, educación, etcétera, y a algunas intervenciones específicamente sanitarias, como las vacunas y los antibióticos.
Desde la década de 1980, las enfermedades crónicas no transmisibles, particularmente la enfermedad vascular cardiaca y cerebral, la diabetes mellitus, la enfermedad crónica del hígado y algunos cánceres tomaron los primeros lugares en las estadísticas nacionales de mortalidad. Actualmente causan casi la mitad de las 800 mil muertes que cada año ocurren en nuestro país. Más de tres de cada cuatro personas padecen sobrepeso u obesidad. La diabetes mellitus y la hipertensión arterial afectan a una de cada seis personas y dañan órganos críticos,como los riñones, los ojos, los nervios y la circulación de las extremidades, siendo la primera causa de insuficiencia renal crónica, ceguera y amputaciones.
Las lesiones de causa externa, principalmente las asociadas con el tránsito de vehículos, los homicidios y agresiones intencionales, son la cuarta causa de muerte general y primera en personas menores de 30 años. Las lesiones involuntarias en el hogar están en las primeras cinco causas de muerte en menores de cinco años. Todas estas y las lesiones de trabajo son la segunda causa general de discapacidad permanente.
Algunos problemas de salud no son generalmente letales, pero afectan repetida o persistentemente a grandes segmentos de la población. Muchos de ellos no son directamente prevenibles, pero se puede reducir su incidencia o impacto al mejorar los entornos y condiciones de vida.
Las alteraciones de salud mental son sumamente importantes por su enorme prevalencia y porque deterioran las capacidades vitales y el bienestar. Producen una inmensa carga social y económica para las personas, las familias y la sociedad. Las principales afecciones son depresión y ansiedad; adicciones a sustancias psicoactivas (drogas), incluyendo el alcohol y el tabaco; suicidio y demencias.
En la salud sexual y reproductiva persisten barreras de acceso y calidad de los servicios de atención, particularmente para las mujeres jóvenes y las adultas mayores. Debe mejorar la disponibilidad y diversidad de los servicios e insumos para la anticoncepción, indispensable para garantizar el derecho a decidir sobre el número y espaciamiento de los hijos. La población juvenil sufre de trato hostil, prejuicios, estigma y discriminación, y reciben información insuficiente o poco clara al respecto. Uno de cada cuatro embarazos ocurre en adolescentes, con múltiples consecuencias adversas, biológicas, psicológicas y sociales. Aunque existen políticas de Estado para enfrentar este desafío, la capacidad de implantarlas oportuna y correctamente es limitada. En todas las edades, más de la tercera parte de las mujeres embarazadas carece de una atención obstétrica segura y respetuosa. La atención del climaterio es incierta y fragmentada.
Por último, México es uno de los países del mundo con la menor prevalencia de inicio y sostenimiento adecuado de la lactancia al seno materno. Las abundantes disposiciones legales y políticas públicas orientadas a promoverla deben superar el nivel de la retórica e intervenir más activamente para impedir la interferencia generalizada de intereses comerciales.
B. Atención individual de la salud (atención médica)
A pesar de que el gobierno de la cuarta transformación amplió la disponibilidad de servicios médicos, nuestro sistema de salud aún no logra atender a todas las personas que necesitan cuidados. En los servicios médicos, públicos y privados, se atiende sólo a las personas enfermas que logran superar las barreras económicas, sociales y culturales que excluyen de la atención a más de la tercera parte de la población enferma. Por ello, servicios privados de calidades diversas, incluyendo modelos comerciales parasitarios como los consultorios adyacentes a farmacias, siguen siendo una opción para casi la tercera parte de la población.
Es indispensable extender la cobertura de los servicios públicos de atención médica hasta que el número y características de las unidades de atención sean suficientes y se distribuyan en el territorio según la localización y características de la población. Actualmente, la mayor capacidad se concentra en las ciudades y existen verdaderos desiertos de atención en las áreas rurales.
La cobertura debe ser efectiva; es decir, que los servicios resuelvan oportuna e integralmente los problemas que se les presentan. No basta con construir nuevas unidades de atención o rehabilitar y equipar las actualmente existentes; es indispensable garantizar que funcionen sin interrupción, con el personal, equipamiento e insumos suficientes.
Urge un gran esfuerzo para lograr que la atención sea de calidad adecuada, en lo técnico y en lo humano. Entre otros aspectos, se debe entrenar y motivar al personal clínico y todos los que se relacionan con el público; establecer y mantener actualizados los protocolos de atención, protegiéndolos de intereses mercantiles y considerando la pertinencia cultural y social de las intervenciones.
Debemos transformar los modelos de atención tecnocráticos que fragmentan al individuo por aparatos y sistemas o por enfermedades específicas y lo desvinculan de su contexto sociocultural. Estas prácticas deshumanizan el cuidado de la salud y suelen ser inefectivas. Se logra atención integral cuando se asegura que todas las personas reciben todos los servicios necesarios, en un continuo que inicia con prevención preliminar y promoción de la salud en el espacio de vida cotidiano (hogar, comunidad y el sitio de estudio o trabajo) y se extiende, armónicamente, hasta los servicios hospitalarios más complejos. Este es el principio rector de la atención primaria de la salud.
Esto no se logará sólo con buena voluntad o con programas específicos para cada meta o subpoblación. Se deben transformar los fundamentos jurídicos y los atributos estructurales del sistema de salud. El marco jurídico y la rectoría, que son las reglas de organización y mecanismos de dirección del sistema, no sólo son obsoletos respecto a la realidad actual, sino que representan una perspectiva política y cultural antagónica con el proyecto de transformación. En la Ley General de Salud (de 1984) y sus reglamentos, las leyes de los institutos de seguridad social (IMSS, de 1995 y el ISSSTE —Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado—, de 2007), y hasta en las normas oficiales mexicanas, permanecen objetivos y preceptos del modelo neoliberal que orientan a reemplazar el sistema público por uno con amplia participación privada. También es prominente el enfoque medicalizado y una representación precaria y anacrónica de la salud pública (en la legislación mexicana aún se le nombra con el término decimonónico de salubridad general).
El financiamiento suficiente es uno de los desafíos más grandes para ampliar la capacidad de atender la salud del pueblo. El financiamiento actual es insuficiente, aun si sólo se pretendiera mantener el sistema de salud en sus condiciones actuales. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador aumentó casi 30 por ciento el gasto público en salud; en 2024, el gasto en salud representó 2.9 por ciento del producto interno bruto (PIB), pero el gasto público en salud es apenas 20 por ciento mayor que la participación privada. Las personas pagan directamente (esto es, gasto de bolsillo) entre cuatro y cinco de cada diez pesos para la atención de su salud.
Centralizar los servicios en el IMSS-Bienestar, reducir la corrupción, recuperar servicios públicos privatizados, consolidar las compras públicas y organizar más eficientemente el gasto han contribuido a aprovechar mejor los recursos, pero si se aspira a lograr un sistema de predominio ampliamente público que cubra cabalmente sus insuficiencias históricas, al menos se necesitaría duplicar la inversión pública en salud. En este contexto, conviene replantear profundamente el añejo diseño del presupuesto público en salud, que actualmente se fragmenta entre instituciones de seguridad social y las que atienden a población no asegurada, y se atomiza en programas redundantes o inefectivos. Finalmente, es pertinente aprovechar el desafío de financiar la salud como un incentivo para emprender una profunda reforma fiscal que aumente significativamente la contribución de las grandes fortunas, amplíe su base gravable y reduzca la brecha entre las proporciones recaudadas por impuestos al ingreso y al consumo.
El personal de salud acarrea un enorme déficit en número, preparación y condiciones laborales, incluyendo el salario. En los tres años recientes, se incrementó en más de 40 por ciento el número de personal de salud contratado con una base y se mejoró significativamente su salario; sin embargo, para acrecentar la calidad y cobertura efectiva de los servicios, el Estado debe establecer una política general, con horizonte de largo plazo, para desarrollar al personal de salud y estimular su desempeño. Esto incluye dilatar la matrícula educativa y revisar sistemáticamente los contenidos, enfoque y modelos pedagógicos en la formación inicial del personal de salud. En lo laboral, habrá que reclutar personal hasta cubrir el déficit acumulado de más de 350 mil personas trabajadoras de la salud, seguir mejorando su salario y establecer mecanismos transparentes para promover su desarrollo profesional, incluyendo actualización continua de conocimientos, habilidades y formación ética, con enfoque social.
Por otro lado, la infraestructura y equipamiento de las unidades de salud y los servicios internos que las mantienen activas requieren actualizaciones continuas. Durante las cuatro décadas de gobiernos neoliberales, estos bienes se deterioraron y quedaron obsoletos; finalmente, se reemplazaron por contratos con empresas privadas integradoras de servicios —un eufemismo con el que se denomina a especuladores financieros privados que alquilan a sobreprecio servicios sustantivos que intencionalmente se eliminaron de las instituciones públicas—. En el sexenio anterior, se recuperaron casi 200 establecimientos de salud, 75 de ellos son hospitales. Ahora se debe planear y financiar su desarrollo y conservación en el corto, mediano y largo plazos.
La privatización furtiva y la incapacidad —o indisposición, posiblemente deliberada— de las instituciones para intercambiar servicios entre ellas produjo una operación ineficiente e innecesariamente cara. Durante el gobierno de López Obrador, arrancó el proyecto de recuperar los servicios médicos del IMSS e ISSSTE que fueron privatizados y eliminar la subcontratación. En el IMSS-Bienestar este proceso avanza, más lento de lo deseable, conforme se transfieren a la federación los servicios estatales de salud y se logra cancelar o renegociar contratos. Este es el momento oportuno para hacer compras consolidadas de equipo para todas las instituciones de salud y negociar todos los contratos con la fuerza del Estado.
Dos de las áreas con las mayores carencias de equipamiento, personal e infraestructura son los servicios de imagenología diagnóstica y los cuatro tipos generales de laboratorios de salud: clínicos, vigilancia epidemiológica, regulación sanitaria y control de calidad de materiales y procesos. Este último tipo de servicio sólo existe en una unidad especializada del IMSS que también fue intencionalmente abatida en sexenios neoliberales para evitar controles de calidad en el mercado de insumos para la salud. Resulta sensato ampliar y vigorizar este servicio y extenderlo a todo el sector salud.
Debe ordenarse racionalmente la práctica clínica, ya muy acostumbrada a sobreestimar la utilidad de los métodos paraclínicos y a solicitar muchos más estudios de los que son necesarios. Parte de este uso excesivo se debe a presiones comerciales de las empresas arrendadoras de servicios integrales y las fabricantes de insumos. También se necesita un plan general para organizar, regir y operar los servicios diagnósticos en todo el sistema en forma de una red interinstitucional; esto ayudará a evitar los importantes vacíos y redundancias innecesarias.
Ambulancias, unidades de relevo para atención de emergencias traumáticas y no traumáticas, unidades de hemodiálisis y servicios ambulatorios de diálisis peritoneal, salas de hemodinámica y proveeduría de implantes y prótesis son otros instrumentos con carencias importantes que necesitan inversión y mejorarían mediante compra consolidada e intercambio de servicios con rectoría centralizada.
C. Salud pública
La salud pública es mucho más que la suma de los actos de atención médica de muchas personas. La mayoría de las intervenciones de salud pública no se realizan persona por persona en instalaciones médicas, sino en grupo y en los espacios de la vida cotidiana. Otras intervenciones de salud pública se practican individualmente en instalaciones médicas, pero su propósito es poblacional. Sirven para prevenir daños a la salud en el colectivo, paradójicamente aun sabiendo que todas las intervenciones son imperfectas y fallarán en algunos de los individuos.
Además de acciones médicas individuales, cuidar la salud poblacional involucra procesos especializados para dirigir, planear, organizar, preparar, establecer, operar y supervisar políticas, programas e intervenciones que protegen simultáneamente la salud de toda la población. También incluye evaluar el diseño, funcionamiento e impacto de los programas públicos de salud. Estas funciones no son responsabilidad ni capacidad de las instituciones de atención médica. Se necesita un sistema específico de salud pública con personal especializado, financiamiento, protocolos técnicos y, en algunos casos, infraestructura física. México tiene algunas de estas capacidades, pero claramente necesita mucho más de lo que tiene.
El tamizaje o cribado es la exploración sistemática y temprana de riesgos o daños a la salud que permite detectar y curar oportunamente la enfermedad incipiente o, en algunos casos, evitarla. Desafortunadamente, esto sólo se puede lograr en pocas enfermedades. Generalmente se tamiza cuando el riesgo de enfermedad es relativamente bajo y tratarla oportunamente brinda beneficios claros. Es más eficiente tamizar prioritariamente a las poblaciones de mayor riesgo, si son identificables. Es éticamente incorrecto tamizar cuando no se garantiza atención oportuna —porque los tratamientos son inexistentes, se carece de recursos o el sistema es ineficiente— y es cuestionable hacerlo si el costo es elevado respecto a su efectividad, comparado con otras intervenciones útiles para proteger la salud.
En México existen programas públicos de tamizaje de enfermedades metabólicas en neonatos, cáncer en las mujeres, algunas enfermedades infecciosas (como el virus de inmunodeficiencia humana y la tuberculosis). También hay intervenciones aisladas de tamizaje de agudeza auditiva en neonatos y visual en escolares. La utilidad de estos tamizajes es muy dudosa en la medida que su diseño y operación son incorrectos o han erosionado su cobertura y oportunidad. Además de insuficiencias orgánicas y operativas, su inefectividad se debe a que carecen de perspectiva poblacional; se orientan con una visión médica como medidas aisladas. Por ello, incumplen las condiciones básicas para detectar oportunamente las señales de enfermedad y que las personas identificadas reciban tratamiento inmediato.
Nuevamente, la avidez lucrativa de las empresas de tecnología médica y los intermediarios de servicios integrales, coludidos con servidores públicos, asociada con el oportunismo político, han presionado para establecer obligaciones legales de tamizajes poco útiles y costosos. Esta presión continuará. El Estado debe establecer una política general de tamizaje con una robusta base científica y protegerla, desde su diseño, de los intereses comerciales y la corrupción. Además de enfermedades, se deben incluir otros blancos relevantes para la salud y el bienestar, como, por ejemplo, el estado mental, afectivo, neurológico, esquelético y motriz de las personas adultas mayores.
La vacunación también se aplica individualmente, pero con perspectiva de salud colectiva. La protección biológica que confieren las vacunas puede reducir la probabilidad de infección, enfermedad o daño grave en cada persona inmunizada, pero la mayor protección posible, incluso de quienes no son vacunados, se logra cuando se vacuna a una proporción suficientemente alta de la población. Esta propiedad poblacional de protección indirecta se conoce como inmunidad de grupo o de rebaño. La reciente pandemia de covid-19 dio una angustiante experiencia demostrativa de este fenómeno.
México fue uno de los primeros países del mundo que estableció un programa de vacunación universal, público y gratuito, en 1973. Durante las siguientes dos décadas, logró muy amplias coberturas de vacunación y redujo o eliminó enfermedades prevenibles por vacunación.
Una vez más, la reorganización neoliberal del sistema de salud, la corrupción y los intereses comerciales erosionaron este emblemático programa. La descentralización de los servicios de salud, el predominio de la perspectiva médica individual y la precarización laboral condujeron a que se abandonara la infraestructura —red de frío, sistema de información y flotilla de transporte— y se contrajera el personal dedicado a la vacunación. Simultáneamente, desde el gobierno se saboteó, en favor de las empresas extranjeras —históricamente la fabricación de vacunas ha sido un oligopolio global— a Biológicos y Reactivos de México (Birmex), empresa pública que cimentaba la soberanía sanitaria al fabricar vacunas para el país y las exportaba a otras naciones de América Latina.
En las siguientes tres décadas, el déficit operativo del programa se exacerbó conforme creció la población y se aumentó de seis a 14 el número de vacunas incluidas en el programa. Este incremento fue impulsado por la industria farmacéutica interesada, y alimentado desde el gobierno por efectismo político y demagogia. No siempre se atendieron criterios científicos de salud pública o evidencia sólida sobre el beneficio esperado de nuevas vacunas. Posteriormente, se agotó la regionalización operativa, modelo de trabajo en el que las instituciones de salud se repartían en el territorio la tarea de vacunar, independientemente de la afiliación de las personas a la seguridad social. En el sexenio de 2012 a 2018 inició la privatización del sistema de información de vacunación y su operación se concedió a una entidad aparentemente filantrópica asociada con intereses corporativos en el campo de la vacunación. Durante la era del Seguro Popular, fueron rampantes los fraudes en la compra, aplicación y registro de vacunas, por lo que no se puede sustentar creíblemente la validez de las estadísticas gubernamentales de la época que clamaban escenarios idílicos de cobertura total y oportuna.
Durante el primer gobierno de la transformación se reorganizó y consolidó la compra de vacunas y se emprendieron campañas de recuperación de cobertura de aquellas vacunas con déficit acumulado, como la triple viral (sarampión, rubeola y parotiditis) y la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH). También se estableció un sistema de información gubernamental que enlaza a todas las instituciones públicas de salud. Este sistema fue la base del registro contra covid-19. Es muy recomendable mantenerlo para recuperar la soberanía en esta materia estratégica.
Una valoración demasiado simple se enfocaría sólo en garantizar el abastecimiento de vacunas y, posiblemente, en seguir aumentando el número de biológicos que se incluyen en el esquema público. Pero esto sería insuficiente. Se debe replantear integralmente el programa de vacunación universal, invertir en su infraestructura y dotarlo de una base estable de personal específico. Es preciso diseñarlo y operarlo centralmente, con la perspectiva de salud colectiva, además de protegerlo de conflictos de interés corporativo y del oportunismo. El pragmatismo es una tentación peligrosa que podría invitar a restablecer los esquemas previos de asociación con el sector privado que contaminarían la política pública y minarían el proceso de reconstrucción de un programa público fundamental.
La respuesta ante emergencias de salud es otra área especializada de la salud pública para la que México tiene grandes capacidades, pero también oportunidades de mejora que podrían lograrse con relativa facilidad. La red de coordinación interinstitucional, que encabezan el Centro Regulador de Urgencias Médicas de la Secretaría de Salud federal y los centros estatales análogosn es efectiva, pero vive amenazada porque la gran mayoría del personal, operativo y directivo, es eventual. En el gobierno inmediato anterior se diseñó y propuso la creación de centros nacional y estatales de emergencias en salud para ampliar la capacidad, estabilidad y cobertura de esta red, y evolucionar a un sistema completo de preparación y respuesta frente a emergencias sanitarias, médicas y de salud pública. Algunas entidades han avanzado en este sentido, pero el nivel federal se quedó rezagado. Ahora es buen momento para retomar ese proyecto.
También son funciones de salud pública, en las que persisten desafíos, la donación, conservación, acondicionamiento y abastecimiento de sangre segura para transfundir sus componentes y el trasplante de órganos y tejidos. Entre 2012 y 2018 se deterioró enormemente la rectoría y capacidad operativa del sistema de centros estatales para transfusión sanguínea y de los bancos de sangre públicos. En su lugar, se concedieron indiscriminadamente licencias a bancos de sangre privados que no cumplían con los mínimos procesos para garantizar la calidad y seguridad de este insumo biológico vital. En los seis años recientes se empezó a corregir ese desvarío, pero aún falta trabajo por hacer.
Por su parte, uno de los mayores desafíos del programa nacional de transplantes es lograr suficientes órganos para satisfacer la necesidad de injertos, que crece cada día, especialmente conforme aumentan las prevalencias de enfermedades renal y hepática crónicas. Además de grandes obstáculos burocráticos y la negativa a donar por parte de los familiares de los potenciales donadores no vivos, el programa carece de grupos de cirugía dedicados a la procuración sistemática de órganos. Esta falla se podría subsanar en un plazo corto y mejoraría sustancialmente el pronóstico y supervivencia de centenas de miles de personas que viven con insuficiencia de riñón y de hígado. Además, se reducirían los enormes costos financieros y sociales de estas enfermedades crónicas. No debe descartarse la hipótesis de que el lucro del oligopolio de tres empresas que abastecen materiales y servicios de hemodiálisis y diálisis peritoneal sea un incentivo perverso contra el mejoramiento del programa de transplantes en nuestro país.
Finalmente, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios —Cofepris, que, junto con las agencias estatales análogas, conforma el sistema federal sanitario— es la entidad pública especializada en vigilar, regular y controlar la calidad sanitaria de productos, servicios y establecimientos. Regula espacios de uso público y la fabricación, importación y comercialización de alimentos, cosméticos, medicamentos, insumos y dispositivos médicos. También regula la publicidad y diversos servicios que utilizan sustancias o procedimientos riesgosos para la salud. La Cofepris tiene atribuciones para sancionar a personas o empresas que violen las restricciones legales sobre venta de las sustancias nocivas para la salud, como tabaco, alcohol y productos comestibles ultraprocesados. La tarea es enorme y los intereses económicos que la rodean son inmensos.
Durante el gobierno de la transformación se redujo drásticamente la corrupción de la Cofepris, que vergonzosamente era la huella representativa de una institución que desde su fundación estaba tomada por legiones de cabilderos e intermediarios de las firmas privadas, nacionales y extranjeras, de los sectores regulados. Sin embargo, permanece el gran desafío de ampliar su capacidad operativa y eliminar la subrogación de servicios sustantivos a terceros privados. También falta suprimir la corrupción en las agencias estatales; la mayoría de ellas aún vulnerables a la cooptación por mafias e intereses corporativos corruptos.
En conclusión
En esta breve reseña, he resumido el perfil general de salud que enfrenta la población mexicana. He destacado el origen económico, social y político de los problemas de salud. También he subrayado el contraste entre una visión médica individual, que generalmente fragmenta la comprensión del individuo en sistemas y órganos enfermos y lo escinde de su contexto social, respecto a una visión de salud pública, que enfoca integralmente a las personas, su comunidad y sus circunstancias de vida.
Dejé claro que el estado que guarda el sistema nacional de salud es consecuencia del neoliberalismo que se empeñó en eliminar su carácter público. Señalé decisiones, acciones y avances emprendidos en el primer gobierno de la transformación para cambiar esa dolorosa realidad. Por último, he identificado algunos desafíos que enfrenta actualmente el Estado mexicano para cambiar de raíz los determinantes socioeconómicos de la salud y refundar el sistema nacional de salud con una visión congruente con el proyecto político de la transformación.
