El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 344 votos a favor, 91 en contra y 0 abstenciones, el dictamen de reforma a la Ley Federal de Derechos.
CIUDAD DE MÉXICO (Sentido Común).- Este 26 de noviembre, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 344 votos a favor, 91 en contra y 0 abstenciones, el dictamen de reforma a la Ley Federal de Derechos.
De acuerdo con la iniciativa, esta ley regula el cobro de derechos por parte del Gobierno Federal y garantiza el aprovechamiento de bienes públicos. El diputado Eduardo Castillo López, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, destacó que la reforma combina los principios de recaudación, regulación y sostenibilidad del recurso público, con el objetivo de asegurar “el bienestar colectivo y el desarrollo del país”.
Asimismo, Castillo López subrayó que la propuesta busca impulsar el crecimiento económico nacional mediante la certeza jurídica en las tarifas aplicadas y la protección de la soberanía nacional.
“Esta ley regula el aprovechamiento de recursos estratégicos como el agua, los minerales y el espectro radioeléctrico, promoviendo su uso responsable y sostenible. Al mismo tiempo, la Ley Federal de Derechos genera recursos destinados al mantenimiento y desarrollo de infraestructura y proyectos públicos prioritarios”, afirmó.
El dictamen establece que el Gobierno de México pretende generar beneficios tangibles para todos los ciudadanos mediante mejoras en la administración de recursos, la conservación de bienes marítimos, la restauración de áreas naturales protegidas y la gestión integral del agua, entre otros sectores.
“En cuanto al agua, el dictamen establece reformas claves para garantizar una gestión sostenible y eficiente en este recurso esencial. La iniciativa contempla la instalación obligatoria de medidores que permiten una medición precisa de los volúmenes de agua utilizados o descargados”.- Dijo.
Finalmente, resumió el dictamen con los siguientes puntos:
- Estas modificaciones reafirman el compromiso del Estado con el bienestar y la sostenibilidad de sus recursos estratégicos.
- Fortalece la rectoría estatal.
- Promueve la transparencia.
- Garantiza que los beneficios de los recursos naturales se traduzcan en desarrollo para nuestro país.
