Por Sara Hidalgo

El 17 de abril de este año, la presidenta Claudia Sheinbaum publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto para la creación del Servicio Universal de Salud (SUS). La noticia, sin embargo, quedó opacada por la cantidad y urgencia de otros temas en la agenda nacional e internacional. Aun así, considero que se trata de uno de los proyectos más relevantes del actual gobierno, no solo porque tiene el potencial de transformar el acceso a la salud en el país, sino porque la creación de un sistema de salud verdaderamente universal e igualitario es una de las grandes deudas pendientes desde hace varias décadas. Así que vale la pena detenerse un momento en algunas de sus características más importantes.

Como es bien sabido, nuestro sistema de salud sufre de una fragmentación estructural entre quienes tienen y quienes no tienen acceso a los servicios de seguridad social por medio de su empleo. Esta primera fractura se traduce, además, en una fragmentación por subsistemas: dentro de la seguridad social existen múltiples instituciones con coberturas médicas y calidad de atención distintas entre sí, mientras que la población “abierta” depende en buena medida de los recursos, capacidades y voluntades de los estados en los que vive. Todo ello produce una desigualdad profunda e injustificable en el acceso efectivo a un derecho que debería ser común a toda la ciudadanía, una desigualdad que las reformas anteriores en el sector no lograron revertir.

El SUS, proyectado para comenzar de forma gradual en enero de 2027, es un paso importante hacia la construcción de un sistema de salud más igualitario. En términos generales, la reforma propone crear una red integrada de servicios que permita a cualquier persona recibir atención médica en cualquier institución pública de salud, sin importar su afiliación. Esto significa que no habrá una fusión de las instituciones de salud existentes, sino la creación de mecanismos institucionales, jurídicos y financieros que les permitan compartir recursos, infraestructura y capacidad de atención con el fin de reducir las desigualdades que hoy produce la fragmentación del sistema.

Vale la pena resaltar dos aspectos clave que la reforma prevé para hacer posible este intercambio y la portabilidad de derechos de una institución a otra. Primero, el decreto que crea el SUS establece por primera vez mecanismos obligatorios de compensación financiera entre instituciones. Segundo, el decreto contempla la necesaria creación de un expediente clínico electrónico estandarizado y legible entre las distintas instituciones que permita compartir información médica, dar continuidad a los tratamientos y facilitar la atención de los pacientes independientemente de dónde hayan sido atendidos previamente.

No cabe duda de que la implementación del SUS enfrentará retos importantes de coordinación, gobernanza interinstitucional e interoperabilidad entre sistemas acostumbrados a operar de forma independiente. Sin embargo, no podemos perder de vista la importancia de esta reforma en un país que, desde hace casi un siglo, ha reproducido profundas desigualdades en el acceso a la salud a través de un sistema fragmentado por condición laboral y afiliación institucional. La creación del SUS representa así un paso en la dirección correcta para saldar una de las grandes deudas históricas del Estado mexicano: la construcción de un sistema de salud verdaderamente universal e igualitario.