El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, promulgó la Ley 1740 de Regulación de Estados de Excepción, una normativa que amplía las atribuciones del Ejecutivo para decretar estas medidas y facilita la intervención de las fuerzas armadas en acciones destinadas al restablecimiento del orden.

La promulgación ocurrió en un contexto de crisis política y social en el país, tras más de cinco semanas de protestas, bloqueos carreteros y enfrentamientos.

Al anunciar la entrada en vigor de la ley, el mandatario sostuvo que la norma busca dotar al Estado de herramientas previstas en la Constitución para actuar cuando la seguridad y los derechos de la población se encuentren amenazados. En ese contexto, afirmó que ningún ciudadano debe estar por encima de la ley ni de las instituciones democráticas.

La nueva legislación ha generado cuestionamientos por parte de organizaciones civiles, que expresaron preocupación por el alcance de las disposiciones aprobadas. De acuerdo con estos sectores, la norma podría utilizarse para limitar derechos y endurecer la respuesta gubernamental ante movilizaciones sociales.

Entre los participantes de las protestas también surgieron críticas hacia la gestión de la crisis. Uno de los manifestantes señaló que no se ha logrado establecer un diálogo efectivo y consideró que no se han resuelto los problemas estructurales que enfrenta el país.

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