CNPI rechaza propuesta de partido político indígena en Oaxaca

Redacción | Nacional

CIUDAD DE MÉXICO (Sentido Común).- El Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI) expresó su rechazo a la posible creación de un partido político local con carácter “indígena” en Oaxaca, propuesta que actualmente se analiza mediante una consulta impulsada por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).

A través de un pronunciamiento, el organismo señaló que esta iniciativa podría afectar la participación política directa de las comunidades originarias, al subordinarla a esquemas partidistas. Sostuvo que este tipo de participación es un derecho colectivo que no debe condicionarse.

El CNPI recordó que en Oaxaca existen 570 municipios, de los cuales 418 se rigen por sistemas normativos propios, donde la Asamblea General Comunitaria es la instancia principal para la toma de decisiones y la designación de autoridades locales.

Asimismo, indicó que ya hay alternativas como las candidaturas independientes indígenas, que permiten la participación política sin intermediarios. En ese sentido, consideró que la creación de un partido político con esta categoría implicaría una regresión en derechos, al establecer una única vía de representación y generar riesgos de suplantación de identidad.

El organismo también cuestionó la constitucionalidad de la consulta en curso, al señalar que no ampliaría derechos, sino que podría restringirlos.

Este posicionamiento se produce luego de que el IEEPCO iniciara foros regionales como parte del proceso consultivo dirigido a pueblos indígenas y afromexicanos, en los que se analizan posibles lineamientos para el reconocimiento indígena de un partido político local.

De acuerdo con la información disponible, en estos encuentros han participado más de cien personas provenientes de 46 pueblos indígenas de Oaxaca, y se desarrollan en distintas regiones del estado.

Ante este contexto, el CNPI hizo un llamado a las autoridades electorales y al Congreso de Oaxaca para realizar una armonización integral que atienda los estándares constitucionales y convencionales, y respete los sistemas normativos de las comunidades originarias.