Redacción | Nacional

CIUDAD DE MÉXICO (Sentido Común).-  Fue dada a conocer por la fiscal general de la Republica, Ernestina Godoy, una iniciativa de Ley General para Prevenir, Sancionar, Castigar y Reparar el Daño en casos de feminicidio en México, la cual será turnada al Senado para su análisis y posible aprobación.

“Desde la Fiscalía General de la República reconocemos con toda conciencia que hablar de feminicidio no solo es hablar de cifras o de normas jurídicas, es hablar de vidas que fueron arrebatadas y de una deuda histórica en investigación y acceso a la justicia a las mujeres y familias víctimas de este flagelo social.”

Ernestina Godoy, fiscal general de la República

Durante la presentación, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que el objetivo es asegurar que toda muerte violenta de una mujer sea investigada bajo el tipo penal de feminicidio, con protocolos que eviten clasificaciones erróneas. Indicó que esto implicará cambios en la actuación de las autoridades ministeriales.

El proyecto generado por la Fiscalía General de la República y la Secretaría de las Mujeres, está integrado por 52 artículos distribuidos en ocho capítulos, en los que se abordan aspectos como la prevención, sanción y reparación del daño. Además, contempla una modificación al inciso A de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, con el propósito de facultar al Congreso de la Unión para emitir una legislación general en la materia y garantizar una actuación homogénea de las autoridades.

Entre sus puntos centrales, la propuesta establece que incurre en feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género, con la intención de unificar este tipo penal en todo el país.

En cuanto a sanciones, se plantea una pena de entre 40 y 70 años de prisión, mientras que la tentativa se castigaría con hasta la mitad de esa pena, además de multas de mil a dos mil en Unidades de Medida y Actualización (UMA). Asimismo, se incluyen 21 agravantes que incrementan las sanciones, como cuando el delito es cometido por una persona servidora pública, si la víctima es niña, adolescente o adulta mayor, está embarazada o vive con discapacidad, o si se trata de una periodista, defensora de derechos humanos o migrante. También se consideran casos con signos de violencia como ataques con ácido o sustancias inflamables.

La iniciativa propone que todas las muertes violentas de mujeres sean investigadas desde el inicio como feminicidio y con perspectiva de género, además de establecer que este delito se persiga de oficio. Tanto las sanciones como la reparación del daño serán imprescriptibles, por lo que no se contemplan beneficios como la conmutación de penas, libertad condicionada o amnistías.

También se prevé que la persona responsable pierda derechos sucesorios, así como la tutela, custodia y patria potestad, y que sea separada o inhabilitada de cualquier cargo público.

En materia de atención a víctimas, el proyecto incluye medidas como acceso a la verdad y la justicia, servicios médicos y psicológicos de urgencia, asesoría jurídica gratuita y especializada, así como seguridad social para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad. Además, se contempla la restitución digna del cuerpo y servicios de traducción e interpretación.

El documento también subraya la necesidad de que medios de comunicación y plataformas digitales respeten la dignidad de las víctimas en la cobertura de estos casos, y prevé la creación de un Registro Nacional de Niñas y Niños en Orfandad por feminicidio.

Con esta propuesta, el gobierno federal busca fortalecer la respuesta institucional y cerrar vacíos legales frente a este delito.

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