Por Beatriz Martínez

Desde febrero de 2025, cuando se detectó el primer caso de sarampión en México, una preocupación masiva y justificada ha vuelto a poner en discusión la vacunación. Durante años, México fue referente de vacunación a nivel mundial, con coberturas entre el 90% y el 95%. Sin embargo, desde principios de la década pasada, la cobertura general ha caído a cerca del 80% y, en las vacunas de la primera infancia, a60% o menos. En el caso del sarampión, la cobertura en 2023 fue de alrededor del 76%. ¿Cómo llegamos a esto?

Primero, hay que decir que este fenómeno no es exclusivo de México, sino de la región de las Américas: Venezuela, Colombia y Brasil registraron brotes importantes desde 2017, y en México, el primer caso se registró después de brotes en Canadá y Estados Unidos. Si bien, cada caso es diferente, la región comparte algunas características culturales y políticas.

Nuestra primera reacción puede ser atribuirlo al movimiento antivacunas —que ciertamente ha ganado visibilidad en los últimos años —. Sin embargo, cuando observamos que en México esta postura representa entre el 7% y el 10% de la población, resulta difícil pensar que sea la causa principal. El descenso de las coberturas, que se volvió evidente a partir de 2013, es en realidad el resultado de un proceso más largo: el debilitamiento operativo y simbólico de las instituciones públicas de salud a lo largo de las últimas dos décadas. Más que un rechazo social a las vacunas, lo que estamos viendo es el desgaste de la capacidad institucional para sostener uno de los programas de salud pública más importantes del país.

Bajo modelos previos de los sistemas de salud —orientados a la eficiencia administrativa y la descentralización —, seconcentraron cada vez más recursos y atención en la medicina de especialidad y en la expansión de servicios hospitalarios, dejando en segundo plano muchas acciones preventivas, debilitando gradualmente la capacidad del primer nivel de atención y su trabajo en las comunidades, incluido el programa de vacunación. Este proceso se tradujo en fluctuaciones en la disponibilidad de biológicos, escasez de personal y servicios cada vez más saturados. Con el tiempo, estas condiciones erosionaron la confianza de la población en las instituciones públicas de salud, algo que también se refleja en el crecimiento del uso de servicios privados en las últimas décadas. En ese contexto, la desconfianza en el servicio y una sensación de protección colectiva pudieron influir en la percepción de que batallar con el sistema para vacunarse no valía la pena.

En medio de esta tendencia, la pandemia de COVID-19 terminó por tensar la situación. Por un lado, recordó a la población la importancia de la vacunación –las coberturas contra este virus alcanzaron niveles cercanos al 90%–, al tiempo que concentró los recursos para la atención de la emergencia, dejando en segundo plano otras actividades de prevención.

Ante este escenario, la administración federal actual marcódesde el inicio este tema como una de sus prioridades. El Plan Sectorial de Salud 2025-2030 coloca de manera transversal la necesidad de mejorar el acceso a los servicios, y particularmente en el Objetivo 4, plantea recuperar las coberturas de vacunación; fortalecer el seguimiento digital de los esquemas; y ampliar las estrategias de comunicación social en torno a la vacunación, abordando así varios de los factores que contribuyeron a la caída de estos indicadores.

En el caso del sarampión, se puso en marcha una estrategia intensiva basada en tres ejes: la adquisición suficiente de biológicos, el despliegue de jornadas de vacunación fuera de las unidades de salud y las campañas masivas de invitación a la población. Hasta el momento, estas acciones han resultado en más de 22 millones de dosis aplicadas en un año —equivalente a lo que en otros momentos podía aplicarse en cinco años —, una modesta pero sostenida disminución de casos incidentes semanales y, tras la convocatoria masiva, el incremento de 1.7 millones a 3.7 millones de dosis aplicadas por semana.

Si bien esta estrategia de recuperación de coberturas muestra resultados alentadores, no debemos perder de vista que lo ideal es que los sistemas de vacunación funcionen de manera constante y no únicamente como respuesta a emergencias. La protección de la salud pública es un ejercicio permanente de colaboración entre las instituciones y la población, e incluso entre países.

Nuestras decisiones individuales también forman parte de esa responsabilidad colectiva. Mantener al día nuestros esquemas de vacunación es una forma concreta de cuidar nuestra propia salud y la de quienes nos rodean. Reconstruir la confianza en el sistema de salud no depende solo de las instituciones: también requiere que la sociedad vuelva a reconocer el valor de la vacunación como un bien público.