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Plan B electoral plantea topes presupuestales - Sentido Común
La iniciativa plantea reducir costos, topes salariales y presupuestales además de ajustes al gasto en órganos legislativos y electorales.
17/03/2026
Redacción | Nacional
CIUDAD DE MÉXICO (Sentido Común).- Este martes, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer el Plan B de la Reforma Electoral, propuesta que será enviada este mismo día al Senado.
Durante la Mañanera del Pueblo, la funcionaria explicó que la iniciativa busca disminuir el gasto público, acotar excesos en el ejercicio del poder y fomentar una mayor participación ciudadana en los procesos electorales. En ese contexto, señaló que los salarios de altos funcionarios electorales deben ser adecuados, sin resultar elevados.
Entre los principales planteamientos se encuentra la reducción del número de regidurías, con un máximo de 15 por municipio, así como la limitación a una sola sindicatura por ayuntamiento. También se establece un tope presupuestal para los congresos locales equivalente a 0.70% del presupuesto de egresos de cada estado.
La propuesta incluye además que ningún funcionario electoral perciba un salario superior al de la presidenta, que es de poco menos de 190 mil pesos mensuales después de impuestos. Asimismo, se contempla una disminución progresiva del 15% en el presupuesto del Senado.
Otro de los puntos considera la realización de la revocación de mandato el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno.
Sobre el límite presupuestal a congresos estatales, la presidenta Claudia Sheinbaum expuso que existen casos como Baja California, donde el gasto por diputado asciende a casi 38 millones de pesos anuales, lo que calificó como un exceso, motivo por el cual se propone fijar un techo de 0.70% del presupuesto estatal. Los recursos que se generen como ahorro, se destinarían a infraestructura social en entidades y municipios.
El Plan B también contempla modificaciones a leyes secundarias para ajustar la operación electoral, con énfasis en la fiscalización, el control del gasto y la transparencia de los partidos políticos.
En la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se plantea establecer límites salariales para funcionarios del INE, de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y de tribunales, además de iniciar de manera inmediata los cómputos tras las votaciones y promover el uso de tecnología y convenios para la fiscalización.
Por otro lado, en la Ley General de Partidos Políticos se proponen medidas como transparentar los sueldos de las dirigencias, reportar en tiempo real los recursos financieros, prohibir el uso de fondos ilícitos o no comprobables, así como restringir el financiamiento extranjero y en efectivo.

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